El pasado 20 de septiembre salió publicado en el Diario de Centro América el decreto gubernativo 5-2016, en el que se declaraba el “Estado de Prevención en todo el territorio de la República”. Con lo que se mantiene la costumbre gubernamental de declarar estados de emergencia o prevención en época de lluvia para comprar sin tener que cumplir con los requisitos que exige la Ley de Contrataciones. Es decir, hacer compras discrecionales y con la mínima, si no es que nula, fiscalización.
Así que este gobierno, al igual que los anteriores, utilizó el estado de prevención para poder disponer de nuestros recursos sin mayores restricciones con las excusas de prevenir tragedias mayores y que, en este primer año de gobierno, no han tenido tiempo de hacer las previsiones necesarias. Excusa que no será válida para el próximo año, puesto que ahora son ellos quienes elaboraron el presupuesto 2017 que se debe discutir en el Congreso.
Lo único diferente que hizo este gobierno al momento de decretar el estado de prevención, que se cuidaron de no hacer los gobiernos anteriores para no perder la “oportunidad”, fue incluir algunas de las medidas que permite el artículo 8 de la Ley de Orden Público.
Así pues, ya que estaban reunidos en Consejo de Ministros decidieron restringir garantías constitucionales como la de locomoción, manifestación y expresión. Con lo que las autoridades quedaban autorizadas para actuar a su “mejor juicio”, tal como lo expresaba el artículo 8, inciso j del mencionado decreto que indica: “Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración…”
Este intento de restringir las garantías constitucionales por medio de un decreto gubernativo es una muestra clara para los ciudadanos que, como dijo Jefferson, “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”. El presidente en funciones Jafeth Cabrera, a pesar de su intento de defender el decreto firmado por el presidente viajero, Jimmy Morales, tuvo que dar marcha atrás y derogarlo.
La presión de los medios de comunicación y de la ciudadanía a través de las redes sociales, obligó al gobierno encabezado por Morales a retroceder en su intentona de pretender gobernar, al menos por quince días, de forma casi dictatorial.
El estado de prevención derogado nos debe mantener, a los ciudadanos, en Estado de Precaución ante las supuestas “buenas intenciones” de los gobernantes. Debemos mantener el Estado de Precaución ante cualquier intento de aumentar el poder del gobernante en detrimento de la libertad del ciudadano.
Los estados de prevención, de acuerdo a la experiencia en gobiernos pasados, parecen ser el camino de “buenas intenciones” que conduce al infierno de la corrupción y despilfarro. Si este gobierno pretende ser diferente, debería empezar por buscar formas más transparentes de realmente prevenir y no buscar la “oportunidad” de aparentar que lo hacen y aprovecharse de la desgracia de otros para expoliar los tributos.
Los desastres naturales se convertirán en tragedias mientras no generemos la riqueza suficiente para minimizarlos. Decretos de estados de prevención no son la solución a largo plazo al problema, sino la creación de riqueza es la que nos permitirá hacerle frente a las temporadas de lluvia que año con año afectan nuestro país.
Más que prevención del gobierno debemos tener precaución de aquellos gobernantes que pretendan obtener más poder con la excusa de nuestro propio bien.
@Md30
Facebook.com/mda30
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo
El pasado 20 de septiembre salió publicado en el Diario de Centro América el decreto gubernativo 5-2016, en el que se declaraba el “Estado de Prevención en todo el territorio de la República”. Con lo que se mantiene la costumbre gubernamental de declarar estados de emergencia o prevención en época de lluvia para comprar sin tener que cumplir con los requisitos que exige la Ley de Contrataciones. Es decir, hacer compras discrecionales y con la mínima, si no es que nula, fiscalización.
Así que este gobierno, al igual que los anteriores, utilizó el estado de prevención para poder disponer de nuestros recursos sin mayores restricciones con las excusas de prevenir tragedias mayores y que, en este primer año de gobierno, no han tenido tiempo de hacer las previsiones necesarias. Excusa que no será válida para el próximo año, puesto que ahora son ellos quienes elaboraron el presupuesto 2017 que se debe discutir en el Congreso.
Lo único diferente que hizo este gobierno al momento de decretar el estado de prevención, que se cuidaron de no hacer los gobiernos anteriores para no perder la “oportunidad”, fue incluir algunas de las medidas que permite el artículo 8 de la Ley de Orden Público.
Así pues, ya que estaban reunidos en Consejo de Ministros decidieron restringir garantías constitucionales como la de locomoción, manifestación y expresión. Con lo que las autoridades quedaban autorizadas para actuar a su “mejor juicio”, tal como lo expresaba el artículo 8, inciso j del mencionado decreto que indica: “Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración…”
Este intento de restringir las garantías constitucionales por medio de un decreto gubernativo es una muestra clara para los ciudadanos que, como dijo Jefferson, “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”. El presidente en funciones Jafeth Cabrera, a pesar de su intento de defender el decreto firmado por el presidente viajero, Jimmy Morales, tuvo que dar marcha atrás y derogarlo.
La presión de los medios de comunicación y de la ciudadanía a través de las redes sociales, obligó al gobierno encabezado por Morales a retroceder en su intentona de pretender gobernar, al menos por quince días, de forma casi dictatorial.
El estado de prevención derogado nos debe mantener, a los ciudadanos, en Estado de Precaución ante las supuestas “buenas intenciones” de los gobernantes. Debemos mantener el Estado de Precaución ante cualquier intento de aumentar el poder del gobernante en detrimento de la libertad del ciudadano.
Los estados de prevención, de acuerdo a la experiencia en gobiernos pasados, parecen ser el camino de “buenas intenciones” que conduce al infierno de la corrupción y despilfarro. Si este gobierno pretende ser diferente, debería empezar por buscar formas más transparentes de realmente prevenir y no buscar la “oportunidad” de aparentar que lo hacen y aprovecharse de la desgracia de otros para expoliar los tributos.
Los desastres naturales se convertirán en tragedias mientras no generemos la riqueza suficiente para minimizarlos. Decretos de estados de prevención no son la solución a largo plazo al problema, sino la creación de riqueza es la que nos permitirá hacerle frente a las temporadas de lluvia que año con año afectan nuestro país.
Más que prevención del gobierno debemos tener precaución de aquellos gobernantes que pretendan obtener más poder con la excusa de nuestro propio bien.
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