Hubo una crítica en particular que llamó mi atención. Al igual que este columnista, coincido con que aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a calidad de gasto se refiere. Justamente ese fue el mensaje de mi columna, controversial por su título. Debemos tomar acciones para mejorar la calidad de gasto urgentemente, pero ello requiere planes concretos así como metas cuantitativas para evaluar los avances. La crítica que recibí de este columnista valida mi mensaje de fondo: nos dejamos llevar por lo superficial, sin darnos el tiempo para entender el trasfondo de lo que se expone.
No podemos hablar de calidad de gasto sin evaluar minuciosamente los pactos colectivos y, en particular, los abusos de los mismos. Quiero ser claro en algo, sin duda alguna, hay maestros, doctores y enfermeros que no están siendo remunerados justamente. Pero también debemos reconocer que ciertas prebendas han inflado innecesariamente el costo de servir, agravado por el hecho que no tenemos claro qué fue lo que la ciudadanía obtuvo a cambio cuando los gobernantes de turno negociaron y firmaron estos nuevos pactos colectivos. Cada uno de nosotros nos vemos perjudicados por las fallas históricas de estos procesos de negociación, ya sea porque pasamos horas sentados en el tráfico mientras un grupo de manifestantes bloquean el paso vehicular en la ciudad, porque aproximadamente 500mil niños pasaron este 2016 cuatro semanas sin recibir clases ni un solo día, o porque un ciudadano perdió su pie al no contar con hilo de sutura a tiempo.
A todos los guatemaltecos nos afectan (y duelen) estos abusos. Por ejemplo, el pacto colectivo del sistema de salud contempla un increíble monto de Q100 millones destinados a viáticos sin justificación alguna. El de educación contempla 25 días hábiles de vacaciones cada año, además de los asuetos del ciclo lectivo. En toda negociación se busca un punto intermedio al que cada una de las partes accede siempre y cuando el acuerdo supere a su mejor alternativa. Sin embargo, existe el concepto de la Teoría de Agencia. Esta nos indica que los intermediarios negocian cosas que están en su propio interés que difieren del interés de sus poderdantes. En este caso, mi impresión es que se negociaban apoyos políticos, en lugar de consesiones a favor de quienes reciben servicios de salud y de educación.
¿Qué estamos recibiendo los ciudadanos como beneficio por la concesiones que se han ido otorgando en las negociaciones de estos pactos colectivos? En educación, ¿se negociará un escalafón basado en mérito y resultados, en lugar de tiempo servido? ¿Se negociará una penalización por no cumplir los 180 días de clase? En salud, ¿se le dará prioridad al rubro de compra de medicamentos e insumos médico quirúrgicos? ¿se reconsiderará el monto asignado al financiamiento de la red hospitalaria del país (Q2471 millones) dónde asisten aproximadamente 8 millones de guatemaltecos?
Hoy 80% del presupuesto del Mineduc está comprometido a nómina. Lastimosamente existen compromisos estipulados por ley, como el pacto colectivo, que resultan tener una mayor asignación presupuestaria que programas de apoyo para la educación de la niñez, como la alimentación escolar o la valija escolar. La propuesta del anteproyecto Mineduc para 2017 contempla rubros importantes como profesionalización docente, formación inicial docente, la implementación del nuevo sistema de acompañamiento escolar e innovación tecnológica. Esperemos que el sindicato de maestros reconozca la importancia de estos beneficios. En cuanto al sistema de salud, hoy el pacto colectivo nos cuesta Q1832 millones, solo el costo de los 45 días vacacionales sería suficiente para abastecer por un año los medicamentos de los dos hospitales principales del país. En lugar de eso, tenemos a guatemaltecos sufriendo en los hospitales por no contar con los medicamentos e insumos pertinentes para su recuperación, y tenemos direcciones departamentales tomadas y cerradas con candado, mientras más niños no reciben una educación de calidad.
Es inaceptable que permanezcan las condiciones y abusos de estos pactos. Estos fueron aprobados irresponsablemente por las autoridades de turno, quienes no tomaron en consideración la aprobación y dictamen pertinente del Minfin ni, mucho menos, la situación financiera del país entero. Con un panorama así, creo oportuna mi reflexión: dejemos de hablar de calidad de gasto y pasemos a discutir lo importante. ¿Cómo logramos esa calidad de gasto? ¿Qué plan ponemos en marcha para que Guatemala salga adelante? Bienvenida sea toda propuesta por el cambio y el bienestar de nuestra nación entera y el futuro de nuestros hijos. Por mi parte, he puesto las cartas que me corresponden sobre la mesa y he estado abierto a la discusión y análisis del tema, cosa que algunos, ni siquiera cuando han sido funcionarios públicos, han podido hacer.
www.salvadorpaiz.com
@salva_paiz
Hubo una crítica en particular que llamó mi atención. Al igual que este columnista, coincido con que aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a calidad de gasto se refiere. Justamente ese fue el mensaje de mi columna, controversial por su título. Debemos tomar acciones para mejorar la calidad de gasto urgentemente, pero ello requiere planes concretos así como metas cuantitativas para evaluar los avances. La crítica que recibí de este columnista valida mi mensaje de fondo: nos dejamos llevar por lo superficial, sin darnos el tiempo para entender el trasfondo de lo que se expone.
No podemos hablar de calidad de gasto sin evaluar minuciosamente los pactos colectivos y, en particular, los abusos de los mismos. Quiero ser claro en algo, sin duda alguna, hay maestros, doctores y enfermeros que no están siendo remunerados justamente. Pero también debemos reconocer que ciertas prebendas han inflado innecesariamente el costo de servir, agravado por el hecho que no tenemos claro qué fue lo que la ciudadanía obtuvo a cambio cuando los gobernantes de turno negociaron y firmaron estos nuevos pactos colectivos. Cada uno de nosotros nos vemos perjudicados por las fallas históricas de estos procesos de negociación, ya sea porque pasamos horas sentados en el tráfico mientras un grupo de manifestantes bloquean el paso vehicular en la ciudad, porque aproximadamente 500mil niños pasaron este 2016 cuatro semanas sin recibir clases ni un solo día, o porque un ciudadano perdió su pie al no contar con hilo de sutura a tiempo.
A todos los guatemaltecos nos afectan (y duelen) estos abusos. Por ejemplo, el pacto colectivo del sistema de salud contempla un increíble monto de Q100 millones destinados a viáticos sin justificación alguna. El de educación contempla 25 días hábiles de vacaciones cada año, además de los asuetos del ciclo lectivo. En toda negociación se busca un punto intermedio al que cada una de las partes accede siempre y cuando el acuerdo supere a su mejor alternativa. Sin embargo, existe el concepto de la Teoría de Agencia. Esta nos indica que los intermediarios negocian cosas que están en su propio interés que difieren del interés de sus poderdantes. En este caso, mi impresión es que se negociaban apoyos políticos, en lugar de consesiones a favor de quienes reciben servicios de salud y de educación.
¿Qué estamos recibiendo los ciudadanos como beneficio por la concesiones que se han ido otorgando en las negociaciones de estos pactos colectivos? En educación, ¿se negociará un escalafón basado en mérito y resultados, en lugar de tiempo servido? ¿Se negociará una penalización por no cumplir los 180 días de clase? En salud, ¿se le dará prioridad al rubro de compra de medicamentos e insumos médico quirúrgicos? ¿se reconsiderará el monto asignado al financiamiento de la red hospitalaria del país (Q2471 millones) dónde asisten aproximadamente 8 millones de guatemaltecos?
Hoy 80% del presupuesto del Mineduc está comprometido a nómina. Lastimosamente existen compromisos estipulados por ley, como el pacto colectivo, que resultan tener una mayor asignación presupuestaria que programas de apoyo para la educación de la niñez, como la alimentación escolar o la valija escolar. La propuesta del anteproyecto Mineduc para 2017 contempla rubros importantes como profesionalización docente, formación inicial docente, la implementación del nuevo sistema de acompañamiento escolar e innovación tecnológica. Esperemos que el sindicato de maestros reconozca la importancia de estos beneficios. En cuanto al sistema de salud, hoy el pacto colectivo nos cuesta Q1832 millones, solo el costo de los 45 días vacacionales sería suficiente para abastecer por un año los medicamentos de los dos hospitales principales del país. En lugar de eso, tenemos a guatemaltecos sufriendo en los hospitales por no contar con los medicamentos e insumos pertinentes para su recuperación, y tenemos direcciones departamentales tomadas y cerradas con candado, mientras más niños no reciben una educación de calidad.
Es inaceptable que permanezcan las condiciones y abusos de estos pactos. Estos fueron aprobados irresponsablemente por las autoridades de turno, quienes no tomaron en consideración la aprobación y dictamen pertinente del Minfin ni, mucho menos, la situación financiera del país entero. Con un panorama así, creo oportuna mi reflexión: dejemos de hablar de calidad de gasto y pasemos a discutir lo importante. ¿Cómo logramos esa calidad de gasto? ¿Qué plan ponemos en marcha para que Guatemala salga adelante? Bienvenida sea toda propuesta por el cambio y el bienestar de nuestra nación entera y el futuro de nuestros hijos. Por mi parte, he puesto las cartas que me corresponden sobre la mesa y he estado abierto a la discusión y análisis del tema, cosa que algunos, ni siquiera cuando han sido funcionarios públicos, han podido hacer.
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