De lo que he podido leer en los medios internacionales sobre el 1 de octubre y el referéndum ilegal realizado en Cataluña este fin de semana, me queda claro que entienden poco e intentan, como casi siempre, simplificar los problemas y las crisis de un país en una amalgama de sentimentalismos y fotos impactantes. Y yo, que no soy española, me preocupo porque veo que la confusión más importante se encuentra en la profunda incomprensión de lo que significa el término “democracia”, y la introducción de otros términos como “autodeterminación” y “razones históricas” que utilizados en un sentido tan flexible como los independentistas lo están haciendo, pueden ser argumentos para las más flagrantes injusticias.
Este problema afecta a españoles y europeos, pero también a cualquier nación que se considere democrática, y que tenga unas leyes que pretenda hacer cumplir. En “trocitos 1”: el gobierno catalán, elegido democráticamente en representación del gobierno central español, convoca a un referéndum ilegal (pues no tiene cabida en la Constitución) y además ilícito, pues pretende decidir unilateralmente un asunto que compete a todos los lados . El gobierno central le dice que pare. A ellos les da igual y lo intentan llevar a cabo igualmente. El gobierno español les dice que es ilegal, que paren. No hacen caso. El gobierno central se opone a la ilegalidad, primero con avisos, con advertencias y finalmente recurre evitar físicamente que se lleve a cabo la acción ilegal.
Nadie quiere tener que recurrir a la fuerza para hacer cumplir la ley, eso está claro y podríamos discutir in aeternum sobre hasta qué punto el gobierno puede usarla o no. Lo que sí está claro es el gobierno está cumpliendo la ley al intentar detener a aquellos a quienes la desafían. Y para aquellos que además han tenido el tupé de comparar la situación actual con la Alemania nazi (cómo no, Goodwin), recordemos: cuando las leyes son injustas, es moralmente obligatorio desobedecerlas. Lo que ya es más dudoso es que la Constitución española sea injusta al no contemplar un referéndum para una independencia unilateral de cualquiera de sus estados autonómicos. Todos están regidos por la misma ley, y nos gusta decir que somos todos iguales ante la ley para ciertas cosas, pero después nos ponen un par de eslóganes lacrimógenos y empezamos a poner excepciones: “No, es que estos catalanes, pobres, han sufrido mucho…”
Por eso, si algo se puede aprender de esto para Guatemala, es lo siguiente: respetar las leyes es la mejor manera de mantener la paz en un país, y dado que tenemos diferentes opiniones respecto a lo que es mejor hacer en cada situación, existen unos cauces legales que deben ser respetados de manera en que no caigamos en injusticias por creer que cualquier medio, incluso la ilegalidad, es válida para obtener nuestros fines.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
De lo que he podido leer en los medios internacionales sobre el 1 de octubre y el referéndum ilegal realizado en Cataluña este fin de semana, me queda claro que entienden poco e intentan, como casi siempre, simplificar los problemas y las crisis de un país en una amalgama de sentimentalismos y fotos impactantes. Y yo, que no soy española, me preocupo porque veo que la confusión más importante se encuentra en la profunda incomprensión de lo que significa el término “democracia”, y la introducción de otros términos como “autodeterminación” y “razones históricas” que utilizados en un sentido tan flexible como los independentistas lo están haciendo, pueden ser argumentos para las más flagrantes injusticias.
Este problema afecta a españoles y europeos, pero también a cualquier nación que se considere democrática, y que tenga unas leyes que pretenda hacer cumplir. En “trocitos 1”: el gobierno catalán, elegido democráticamente en representación del gobierno central español, convoca a un referéndum ilegal (pues no tiene cabida en la Constitución) y además ilícito, pues pretende decidir unilateralmente un asunto que compete a todos los lados . El gobierno central le dice que pare. A ellos les da igual y lo intentan llevar a cabo igualmente. El gobierno español les dice que es ilegal, que paren. No hacen caso. El gobierno central se opone a la ilegalidad, primero con avisos, con advertencias y finalmente recurre evitar físicamente que se lleve a cabo la acción ilegal.
Nadie quiere tener que recurrir a la fuerza para hacer cumplir la ley, eso está claro y podríamos discutir in aeternum sobre hasta qué punto el gobierno puede usarla o no. Lo que sí está claro es el gobierno está cumpliendo la ley al intentar detener a aquellos a quienes la desafían. Y para aquellos que además han tenido el tupé de comparar la situación actual con la Alemania nazi (cómo no, Goodwin), recordemos: cuando las leyes son injustas, es moralmente obligatorio desobedecerlas. Lo que ya es más dudoso es que la Constitución española sea injusta al no contemplar un referéndum para una independencia unilateral de cualquiera de sus estados autonómicos. Todos están regidos por la misma ley, y nos gusta decir que somos todos iguales ante la ley para ciertas cosas, pero después nos ponen un par de eslóganes lacrimógenos y empezamos a poner excepciones: “No, es que estos catalanes, pobres, han sufrido mucho…”
Por eso, si algo se puede aprender de esto para Guatemala, es lo siguiente: respetar las leyes es la mejor manera de mantener la paz en un país, y dado que tenemos diferentes opiniones respecto a lo que es mejor hacer en cada situación, existen unos cauces legales que deben ser respetados de manera en que no caigamos en injusticias por creer que cualquier medio, incluso la ilegalidad, es válida para obtener nuestros fines.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo