Si dejamos de proteger a unos, a los más débiles, dejamos de proteger a todos. Entonces un día, por medios violentos o por el retorcimiento de la justicia, todos somos vulnerables y en vez de la búsqueda de la igualdad de justicia, lo que se quiere es revanchismo, venganza, cambiar el sistema de privilegios y todo terminará derrumbándose.

No hay ninguna duda que estamos en un momento crucial de la historia, por lo menos la próxima inmediata, de nuestro país por la relevancia de los acontecimientos que han sucedido y siguen sucediendo en nuestra patria. O arreglamos el problema de cómo se ha deteriorado la cosa pública, o nos hundimos más. El camino para arreglar el sistema – o los sistemas – requiere de un pragmatismo de conocer cómo realmente funcionan las cosas y éstas tienen resultados, y no de diseños teóricos o de elucubraciones ideológicas con una serie de sofismos ilógicos que llevan al fracaso; pero tampoco seguir igual, no hacer ningún cambio y derivarnos en el camino del caos y la corrupción en la que nos dirigimos desde hace varias décadas sería un error catastrófico para nosotros y para nuestras generaciones, provocando una indeseable pérdida en lo económico y en la paz social.

Nuestro país nunca ha estado libre del fenómeno de corrupción en el manejo de los asuntos públicos, pero a partir de la era democrática y con un neoliberalismo mal entendido, cuando se privatizaba cuanto se pudiera, únicamente para que empresas y funcionarios utilizaran el erario público como la fuente de sus negocios, sin permitir un verdadero libre mercado que permitiera la competencia en la asignación de los recursos.
En toda Latinoamérica, y los países en desarrollo en África y Asia se diseñó la destrucción de las empresas-instituciones públicas que prestaban algunos servicios para el Estado, como Obras Públicas, Caminos, la telefonía, la generación de electricidad o su distribución, etc. lo que permitió que algunos sectores se modernizaran y que fueran eficientes. La excusa para el cierre, privatización o cualquier otro cambio a esas instituciones-empresas era la ineficiencia, los sindicatos onerosos, ineficacia en resultados, la sobre contratación, la corrupción, etc. En un inicio, trasladar las obligaciones a ciertas empresas privadas, de esas mismas obligaciones, con mecanismos de compras de competencia, parecían las adecuadas pues los resultados no se hicieron esperar en varios de los servicios que se recibían por la población. Pero el diseño del sistema tenía y tiene incentivos perversos que iban a transformar el sistema en un sistema totalmente orientado al robo, a la corrupción, al asalto de las arcas nacionales, el enriquecimiento de empresarios corruptos y de funcionarios igualmente corruptos.
Se aplaudió en varias direcciones que pese a que los procesos de privatización no fueron los más adecuados había resultados alentadores en el progreso de las empresas ahora conducidas por el sector privado. Se olvidó ver a largo plazo las consecuencias de continuar con una forma oligárquica de distribuir los bienes del Estado y los que eso generaría de excusas para el mantenimiento de la confrontación.

Y es que no permitir la movilización social, ya sea por discriminación como se hiciera en los tiempos coloniales o durante la revolución liberal, que no tuvo de liberal más que una reforma criolla a costa de sectores de la población, o por medio de la apropiación indebida de los recursos genera un conflicto constante y permanente.

Las empresas privatizadas que en el tiempo han logrado la modernización, eficiencia, eficacia y servicios adecuados, en medio de la competencia han sido los que la población, nosotros, decidimos libremente colocar nuestros recursos por medio del comercio. Pero lo que no funcionó es aquello que utiliza los recursos recolectados de las personas a través del Estado (¡sí, los impuestos o préstamos!) para ser asignados a empresas, sin competencia de mercado, sino competencia de quién podía devolver favores y corromper funcionarios ya corruptos.
El reto es el diseño, es volver a los principios. Si se protege a los individuos, a sus derechos humanos individuales, anteriores al surgimiento del Estado, y superiores a cualquier gobierno o conglomerado social, diseñamos, construimos, edificamos, respetamos y protegemos a todos. Cuando protegemos los derechos de cada uno, protegemos a todos. No podemos exigir, que es perfectamente correcto hacerlo, proteger el derecho de propiedad de la tierra, si estamos dispuestos a quitarle su propiedad a otros, por medios corruptos o violentos, solo porque no son como uno, de mi clase, de mi zona o apellido.

Se debe proteger la vida de todos. Se debe proteger la libertad de todos. Se debe proteger la propiedad de todos. Se debe proteger la familia de todos.
Si dejamos de proteger a unos, y a veces a los más débiles, dejamos de proteger a todos. Entonces un día, por medios violentos o por el retorcimiento de la justicia, todos somos vulnerables y en vez de la búsqueda de la igualdad de justicia, lo que se quiere es revanchismo, venganza, cambiar el sistema de privilegios y todo terminará derrumbándose.
Las decisiones, como todas en la vida, son para tomarlas viendo al horizonte de la eternidad, de nuestros hijos y su herencia, de nuestros nietos… en el largo plazo.

Entonces, si en medio de este momento permitimos el abuso del sistema, pero lo hacemos empoderando otra vez a los corruptos que nos lideren, sea desde el Palacio de cualquier Loba, donde se asienta el padre de la corrupción, o desde aprendices de Ali Baba en ministerios y Congreso, les pavimentaremos el camino a los que sí, nos darán el último “jalón” al infierno.
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