Las recientes acciones de la Fiscal generan ya, una preocupación sobre sus capacidades y motivos, haciendo que sus acciones sean cada vez más cuestionadas y la figura de la Incorruptible, cual Maximiliano Robespierre en la Francia de la Revolución, termine siendo guillotinada por la misma justicia en la que se ha estado tropezando.
En abril de 2015 inició una época de esperanza para todos los guatemaltecos con la captura de varias personas involucradas en el Caso La Línea, y que derivara en la renuncia y luego captura de, primero la exvicepresidenta Lic. Ingrid Roxana Baldetti Elías, y luego del expresidente, el General ret. Otto Fernando Pérez Molina. En un tiempo que veníamos de mal en peor, con gobierno corrupto tras corrupto, en una espiral descendente de un sistema perfecto de cleptocracia, en un tiempo donde el lograr negocios de la ubre (o de los senos) del gobierno y su presupuesto era la forma más fácil y común de lograr el crecimiento económico personal instantáneo y sin esfuerzo, beneficiando a decenas de contratistas y políticos, funcionarios y autoridades.
Ese fenómeno no es particular de Guatemala. Es una tendencia en todos los países que pasaron por las medidas “neoliberales” del inexistente “Consenso de Washington” con privatizaciones oscuras y lejos de la lógica del libre mercado, donde todos pudieran ofertar la compra de los activos que pertenecían al Estado. Además, el desmantelamiento de numerosas instituciones del Estado, con la plena justificación que esas funciones las realizarían de forma más eficiente las empresas privadas, aunque nunca se dijo nada sobre los costos reales, pero alegando la eliminación de cientos de empleos públicos con baja productividad, sindicatos onerosos y que paralizaban al Estado.
Lo grave de este razonamiento es que las funciones de esta privatización a medias nunca se puso como meta una competencia adecuada porque la calificación de los contratos sería siempre de funcionarios del Estado que los podían influir y que NO son los dueños de los recursos a asignar, y que en última instancia fueron degenerando en incremento de precios e incremento de “mordidas”, hasta llegar al punto de no realizar los trabajos y de todos modos repartir los dineros asignados.
Lo correcto es que lo que se privaticen también de desliguen del presupuesto nacional, es decir, que no queden atadas a las funciones del Estado. Aun cuando hay personas que podemos quejarnos del proceso – la forma – de privatización de la telefonía pública, el hecho de que no haya quedado como una función del Estado la desligó de procesos de corrupción en la designación de precios y de incrementar la competencia. No era lo mismo cuando solo existía una empresa de telefonía celular. Similar el caso del sistema eléctrico.
Cuando pasamos a otras funciones, como el caso de los medicamentos y suministros en los Ministerios de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la función le ha quedado al Estado, pero los oferentes son privados que buscan agenciarse de la mayor cantidad de recursos de los que supuestamente dispone el Estado y comprar las voluntades de los que asignan las compras, desde médicos, directores, ministros, hasta asistentes de compras, obviamente con “comisiones” corruptas en todos los niveles. El incentivo es perverso.
Igual sucede con los contratos de infraestructura donde florecen decenas de compañías constructoras ligadas directa o indirectamente a diputados, gobernadores, alcaldes, corporaciones municipales, ministros, etc.
Así que, todas estas estructuras “paralelas” crecían y crecían. Se sentían y creían dueñas del país, y eran tan poderosas que en realidad atentaban – atentan – contra la seguridad del país y se pueden considerar como aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad pues desde el Estado, y desde actividades millonarias amedrentaban, coaccionaban, extorsionaban, etc. Debían ser investigadas por CICIG porque las instituciones nacionales, en muchos casos cooptadas por las mismas mafias, no lo podían – no lo querían – hacer.
Así que, a partir de ese abril de 2015 las investigaciones y acciones de la CICIG, en unidad con el Ministerio Público, empezaron a dar muestras de resultados y de ese combate que se había retrasado en las administraciones del Dr. Carlos Castresana y del Dr. Francisco Dall’Anesse, pero también de la Fiscal General Claudia Paz y Paz y Jefa del Ministerio Público en esa época. Posiblemente eso hizo que muchos de los funcionarios se confiaran creyendo que nunca iba a haber una acusación, ni resultados.
Se dieron, y como los guatemaltecos estamos en la constante búsqueda de soluciones mágicas, de milagros, sin la responsabilidad asumida, seguimos buscando héroes que nos soluciones todo, ya teníamos a los nuestros: el Dr. Iván Velásquez y la señora Fiscal General Lic. MJur. Thelma Esperanza Aldana Hernández de López.
Yo he sostenido la idea que la Lic. Aldana se subió al barco que ya caminaba y no tiene más mérito que darse cuenta que el proceso era inevitable y no subirse al barco era una equivocación imposible de superar. De allí que la colaboración con CICIG ha sido permanente y sin cuestionamiento alguno, no hay independencia y no hay iniciativa propia.
Si ya se podían hacerse cuestionamientos por el apoyo que hacía a las Reformas Constitucionales al Sector Justicia, se agravan con una cantidad de acciones equivocadas por omisión en muchos casos, como el caso de los mal llamados Hogares Seguros o del contrato de Oderbrecht, hasta las peticiones de recusación de jueces que no actúan literalmente a su voluntad, amparos maliciosos, antejuicios espurios como el del diputado Fernando Linares Beltranena y del señor Presidente de la República Jimmy Morales, el juicio desproporcionado contra el hijo y hermano del presidente, el “berrinche” por no haber sido invitada al viaje de la semana pasada a la discusión del Plan Alianza para la Prosperidad en Miami, la investigación del inexistente delito de contratación de 4 diputados de cabilderos (lobistas) en los Estados Unidos de América, la colocación de la bandera que pretende visualizar la ideología de género y el rechazo por la Corte Suprema de Justicia del antejuicio contra el señor Presidente. Todos estos pasos, en los que ha terminado tropezando, generan ya, una preocupación sobre sus capacidades y motivos, haciendo que sus acciones sean cada vez más cuestionadas y la figura de la Incorruptible, cual Maximiliano Robespierre en la Francia de la Revolución, termine siendo guillotinada por la misma justicia en la que se ha estado tropezando.
Sígame y comuníquese por tweeter: @josekrlos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Las recientes acciones de la Fiscal generan ya, una preocupación sobre sus capacidades y motivos, haciendo que sus acciones sean cada vez más cuestionadas y la figura de la Incorruptible, cual Maximiliano Robespierre en la Francia de la Revolución, termine siendo guillotinada por la misma justicia en la que se ha estado tropezando.
En abril de 2015 inició una época de esperanza para todos los guatemaltecos con la captura de varias personas involucradas en el Caso La Línea, y que derivara en la renuncia y luego captura de, primero la exvicepresidenta Lic. Ingrid Roxana Baldetti Elías, y luego del expresidente, el General ret. Otto Fernando Pérez Molina. En un tiempo que veníamos de mal en peor, con gobierno corrupto tras corrupto, en una espiral descendente de un sistema perfecto de cleptocracia, en un tiempo donde el lograr negocios de la ubre (o de los senos) del gobierno y su presupuesto era la forma más fácil y común de lograr el crecimiento económico personal instantáneo y sin esfuerzo, beneficiando a decenas de contratistas y políticos, funcionarios y autoridades.
Ese fenómeno no es particular de Guatemala. Es una tendencia en todos los países que pasaron por las medidas “neoliberales” del inexistente “Consenso de Washington” con privatizaciones oscuras y lejos de la lógica del libre mercado, donde todos pudieran ofertar la compra de los activos que pertenecían al Estado. Además, el desmantelamiento de numerosas instituciones del Estado, con la plena justificación que esas funciones las realizarían de forma más eficiente las empresas privadas, aunque nunca se dijo nada sobre los costos reales, pero alegando la eliminación de cientos de empleos públicos con baja productividad, sindicatos onerosos y que paralizaban al Estado.
Lo grave de este razonamiento es que las funciones de esta privatización a medias nunca se puso como meta una competencia adecuada porque la calificación de los contratos sería siempre de funcionarios del Estado que los podían influir y que NO son los dueños de los recursos a asignar, y que en última instancia fueron degenerando en incremento de precios e incremento de “mordidas”, hasta llegar al punto de no realizar los trabajos y de todos modos repartir los dineros asignados.
Lo correcto es que lo que se privaticen también de desliguen del presupuesto nacional, es decir, que no queden atadas a las funciones del Estado. Aun cuando hay personas que podemos quejarnos del proceso – la forma – de privatización de la telefonía pública, el hecho de que no haya quedado como una función del Estado la desligó de procesos de corrupción en la designación de precios y de incrementar la competencia. No era lo mismo cuando solo existía una empresa de telefonía celular. Similar el caso del sistema eléctrico.
Cuando pasamos a otras funciones, como el caso de los medicamentos y suministros en los Ministerios de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la función le ha quedado al Estado, pero los oferentes son privados que buscan agenciarse de la mayor cantidad de recursos de los que supuestamente dispone el Estado y comprar las voluntades de los que asignan las compras, desde médicos, directores, ministros, hasta asistentes de compras, obviamente con “comisiones” corruptas en todos los niveles. El incentivo es perverso.
Igual sucede con los contratos de infraestructura donde florecen decenas de compañías constructoras ligadas directa o indirectamente a diputados, gobernadores, alcaldes, corporaciones municipales, ministros, etc.
Así que, todas estas estructuras “paralelas” crecían y crecían. Se sentían y creían dueñas del país, y eran tan poderosas que en realidad atentaban – atentan – contra la seguridad del país y se pueden considerar como aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad pues desde el Estado, y desde actividades millonarias amedrentaban, coaccionaban, extorsionaban, etc. Debían ser investigadas por CICIG porque las instituciones nacionales, en muchos casos cooptadas por las mismas mafias, no lo podían – no lo querían – hacer.
Así que, a partir de ese abril de 2015 las investigaciones y acciones de la CICIG, en unidad con el Ministerio Público, empezaron a dar muestras de resultados y de ese combate que se había retrasado en las administraciones del Dr. Carlos Castresana y del Dr. Francisco Dall’Anesse, pero también de la Fiscal General Claudia Paz y Paz y Jefa del Ministerio Público en esa época. Posiblemente eso hizo que muchos de los funcionarios se confiaran creyendo que nunca iba a haber una acusación, ni resultados.
Se dieron, y como los guatemaltecos estamos en la constante búsqueda de soluciones mágicas, de milagros, sin la responsabilidad asumida, seguimos buscando héroes que nos soluciones todo, ya teníamos a los nuestros: el Dr. Iván Velásquez y la señora Fiscal General Lic. MJur. Thelma Esperanza Aldana Hernández de López.
Yo he sostenido la idea que la Lic. Aldana se subió al barco que ya caminaba y no tiene más mérito que darse cuenta que el proceso era inevitable y no subirse al barco era una equivocación imposible de superar. De allí que la colaboración con CICIG ha sido permanente y sin cuestionamiento alguno, no hay independencia y no hay iniciativa propia.
Si ya se podían hacerse cuestionamientos por el apoyo que hacía a las Reformas Constitucionales al Sector Justicia, se agravan con una cantidad de acciones equivocadas por omisión en muchos casos, como el caso de los mal llamados Hogares Seguros o del contrato de Oderbrecht, hasta las peticiones de recusación de jueces que no actúan literalmente a su voluntad, amparos maliciosos, antejuicios espurios como el del diputado Fernando Linares Beltranena y del señor Presidente de la República Jimmy Morales, el juicio desproporcionado contra el hijo y hermano del presidente, el “berrinche” por no haber sido invitada al viaje de la semana pasada a la discusión del Plan Alianza para la Prosperidad en Miami, la investigación del inexistente delito de contratación de 4 diputados de cabilderos (lobistas) en los Estados Unidos de América, la colocación de la bandera que pretende visualizar la ideología de género y el rechazo por la Corte Suprema de Justicia del antejuicio contra el señor Presidente. Todos estos pasos, en los que ha terminado tropezando, generan ya, una preocupación sobre sus capacidades y motivos, haciendo que sus acciones sean cada vez más cuestionadas y la figura de la Incorruptible, cual Maximiliano Robespierre en la Francia de la Revolución, termine siendo guillotinada por la misma justicia en la que se ha estado tropezando.
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo