En solo dos años la sociedad guatemalteca pasó de la unidad en la plaza al antagonismo en los balcones del Congreso. ¿Cómo sucedió esto? En este espacio, me gustaría argumentar que ambos hechos, la unidad del 2015 y la polarización del 2017, son productos de la misma variable: la ingobernabilidad.
Para desarrollar mi argumento, iniciaré planteando la siguiente premisa: todas las sociedades modernas crean sistemas políticos para hacer viable la función de gobernar. Con el aumento de la población y los cambios estructurales de la sociedad y la economía, el modelo democrático en el que todos los habitantes participaban en la toma de decisiones, se volvió insostenible. Eso produjo la necesidad de crear modelos representativos de gobierno, en los que unas cuantas personas tomaban las decisiones, pero debían rendir cuentas a sus representados, quienes a través del voto podrían validar la labor de su representante.
En el caso de las sociedades latinoamericanas, la representación no necesariamente se dio a través de un modelo de democracia liberal. Durante el siglo XX, muchos Estados latinoamericanos optaron por una fórmula corporativista de representación, en aras de mantener la gobernabilidad de sus sociedades. El corporativismo es un sistema en el que el Estado cede espacios en la toma de decisión a sectores representativos de los diferentes bloques de la sociedad. Las organizaciones a cargo de la representación de dichos bloques tienden a ser jerárquicas y centralizadas. Esta fórmula permitió que el Estado pudiera alcanzar cierto nivel de gobernabilidad y que la representación fuera efectiva.
Sin embargo, durante las últimas décadas, en América Latina y en el mundo, el número de actores políticos que desean tener voz y voto en el proceso político ha ido en aumento. Los bloques sociales tradicionales del siglo XX no han aglutinado a los nuevos actores –mucho más espontáneos, horizontales y antisistema–. Estos nuevos bloques, minoritarios en su mayoría, han tenido éxito al hacerse de un espacio en la mesa de decisiones. Esto ha aumentado la representatividad de los procesos, pero a la vez, ha generado una crisis de gobernabilidad, al hacer muy difícil el alcance de acuerdos.
Guatemala es un claro ejemplo de cómo el aumento en el número de actores políticos ha generado ingobernabilidad. En algunos momentos como en el 2015, los diferentes grupos coincidieron en rechazar al binomio presidencial y en la necesidad de luchar contra la corrupción del Estado. Sin embargo, ese acuerdo fue la excepción y no la regla. Una vez solventada la crisis, los actores no han tenido la capacidad de lograr acuerdos sobre el contenido de las reformas del Estado, especialmente cuando se ha hablado de cambios a la Constitución. Todos los actores, independientemente de su tamaño, han logrado tener poder de veto.
En efecto, el contenido de la reforma constitucional ha generado enorme controversia porque busca reducir el número de actores involucrados en la elección de jueces y magistrados, al eliminar las comisiones de postulación. En teoría, esto crearía un modelo menos representativo, pero quizás más gobernable. No obstante, dicha reforma otorgaría la potestad de elegir solamente a los poderes del Estado. ¿Son confiables dichos poderes para tomar decisiones de tanta trascendencia? Esa es la pregunta que genera duda y temor sobre las reformas propuestas.
En conclusión, tanto las manifestaciones del 2015 como la polarización del 2017 son producto de la misma variable: el aumento en la cantidad de actores políticos, que han enfatizado la representatividad, en detrimento de la gobernabilidad del sistema. ¿Se puede alcanzar un punto medio entre representatividad y gobernabilidad? Seguramente sí. Sin embargo, la pregunta al final del día es: ¿Quién decide?
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
En solo dos años la sociedad guatemalteca pasó de la unidad en la plaza al antagonismo en los balcones del Congreso. ¿Cómo sucedió esto? En este espacio, me gustaría argumentar que ambos hechos, la unidad del 2015 y la polarización del 2017, son productos de la misma variable: la ingobernabilidad.
Para desarrollar mi argumento, iniciaré planteando la siguiente premisa: todas las sociedades modernas crean sistemas políticos para hacer viable la función de gobernar. Con el aumento de la población y los cambios estructurales de la sociedad y la economía, el modelo democrático en el que todos los habitantes participaban en la toma de decisiones, se volvió insostenible. Eso produjo la necesidad de crear modelos representativos de gobierno, en los que unas cuantas personas tomaban las decisiones, pero debían rendir cuentas a sus representados, quienes a través del voto podrían validar la labor de su representante.
En el caso de las sociedades latinoamericanas, la representación no necesariamente se dio a través de un modelo de democracia liberal. Durante el siglo XX, muchos Estados latinoamericanos optaron por una fórmula corporativista de representación, en aras de mantener la gobernabilidad de sus sociedades. El corporativismo es un sistema en el que el Estado cede espacios en la toma de decisión a sectores representativos de los diferentes bloques de la sociedad. Las organizaciones a cargo de la representación de dichos bloques tienden a ser jerárquicas y centralizadas. Esta fórmula permitió que el Estado pudiera alcanzar cierto nivel de gobernabilidad y que la representación fuera efectiva.
Sin embargo, durante las últimas décadas, en América Latina y en el mundo, el número de actores políticos que desean tener voz y voto en el proceso político ha ido en aumento. Los bloques sociales tradicionales del siglo XX no han aglutinado a los nuevos actores –mucho más espontáneos, horizontales y antisistema–. Estos nuevos bloques, minoritarios en su mayoría, han tenido éxito al hacerse de un espacio en la mesa de decisiones. Esto ha aumentado la representatividad de los procesos, pero a la vez, ha generado una crisis de gobernabilidad, al hacer muy difícil el alcance de acuerdos.
Guatemala es un claro ejemplo de cómo el aumento en el número de actores políticos ha generado ingobernabilidad. En algunos momentos como en el 2015, los diferentes grupos coincidieron en rechazar al binomio presidencial y en la necesidad de luchar contra la corrupción del Estado. Sin embargo, ese acuerdo fue la excepción y no la regla. Una vez solventada la crisis, los actores no han tenido la capacidad de lograr acuerdos sobre el contenido de las reformas del Estado, especialmente cuando se ha hablado de cambios a la Constitución. Todos los actores, independientemente de su tamaño, han logrado tener poder de veto.
En efecto, el contenido de la reforma constitucional ha generado enorme controversia porque busca reducir el número de actores involucrados en la elección de jueces y magistrados, al eliminar las comisiones de postulación. En teoría, esto crearía un modelo menos representativo, pero quizás más gobernable. No obstante, dicha reforma otorgaría la potestad de elegir solamente a los poderes del Estado. ¿Son confiables dichos poderes para tomar decisiones de tanta trascendencia? Esa es la pregunta que genera duda y temor sobre las reformas propuestas.
En conclusión, tanto las manifestaciones del 2015 como la polarización del 2017 son producto de la misma variable: el aumento en la cantidad de actores políticos, que han enfatizado la representatividad, en detrimento de la gobernabilidad del sistema. ¿Se puede alcanzar un punto medio entre representatividad y gobernabilidad? Seguramente sí. Sin embargo, la pregunta al final del día es: ¿Quién decide?
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