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Desenterrando cadáveres y enterrando vivos

Carolina Castellanos
09 de junio, 2017

Ojalá estuviera hablando de regresar a la vida a tanto chofer de camioneta que ha sido vilmente asesinado por infames mareros extorsionistas que no tienen ni un solo ápice de humanidad, al despreciar al vida de hombres que solo buscan el sustento diario de él y de su familia. No, lamentablemente no me refiero ellos.
Desenterrando un cadáver es la mejor descripción que puedo dar a la presentación esta semana de la iniciativa 900. Esta absurda propuesta ha sido “rescatada” del más profundo de los infiernos (donde merece estar), para presentarla como “la gran solución” a la pobreza y al subdesarrollo de la población marginada en el interior de nuestro país. Habla de una justa distribución de lo que no les pertenece. Estoy más que segura que, si alguno de los ponentes o sus esbirros posee un terreno de cualquier tamaño, no lo va a distribuir. Es el de “otros”, a los que ellos aseguran que no son agricultores, lo que quieren expropiar. De acuerdo a su definición, un agricultor solo puede ser el indígena pobre, que no tiene nada, o tiene muy poco, y cultiva los alimentos ancestrales con prácticas de esa misma época.
La “sin-iniciativa” de ley (está muy lejos de ser un iniciativa), hace referencia a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas. Nuevamente, utilizan terminología caduca, que desentierran de la época de la conquista, para reducir al mínimo posible a aquel indígena que tiene muy poco y que es una víctima más del abandono del Estado, en todas sus manifestaciones (salud, educación, infraestructura, etc.). El desmerecerlo de tal forma no puede ser otra cosa que desprecio por el más pobre para usarlo como bandera para fines espurios.
¿Por qué desenterrar algo tan arcaico, aberrante, inoperante, inútil y, sobre todo, injusto? He repetido hasta el cansancio esta frase: “el nombre del juego socialista es dinero, siempre”. Esa repartición de tierras consiste en quitarle a quienes les ha costado muchos años, toda una vida, tenerla, cultivarla, usarla para lo que mejor le plazca, para darla totalmente regalada a quienes no lo tienen. Por supuesto, los promotores de esta cosa se quedarán con la mejor parte. Seguramente van a querer las “grandes extensiones” utilizadas para los monocultivos que han demonizado hasta el cansancio. Es importante darse cuenta de la extrema envidia y el desmedido resentimiento que tienen hacia quienes tienen más que ellos. Y eso los lleva a querer despojarlos de todo para regalarlo a otros. El futuro de eso está más que garantizado: muchísima más pobreza.
Enterrando vivos: de eso se encarga la Corte de Constitucionalidad. Es un hecho que la sentencia del caso Oxec fue bastante favorable. Reconozco que la Corte se tomó todo el tiempo necesario para hacer un trabajo profundo, completo e integral. La sentencia da una ruta a seguir para empezar a poner orden y tener, finalmente, una ley que regule las consultas del Convenio 169. Estaremos todos apoyando el proceso en el Ministerio de Energía y en el Congreso de la República, para que tengamos un método de consulta que sirva como modelo para procesos futuros, y una ley que brinde esa certeza jurídica que tanta falta hace.
Pero, una semana después de esa sentencia, la Corte decide enterrar el proyecto minero Derivado 7, mejor conocido como “La Puya”. La sentencia (no definitiva) de la Corte suspende, nuevamente, la licencia a esta minera, sin ninguna razón válida, pues es exactamente el mismo caso de Oxec. El gobierno de turno dio la autorización a ambas empresas a operar. Ese gobierno de turno (desconozco si fue el mismo en ambos casos) no llevó a cabo la consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT. La lógica y la razón dicen que, a quien se debe amonestar ¡es al gobierno! Pero la Corte decide amonestar a las empresas. Finalmente entró en razón y dice que Oxec puede seguir funcionando mientras el gobierno de turno (el actual) lleva a cabo la consulta. Pero le dice a “La Puya” que no, que debe seguir suspendida. Es así como la alta Corte entierra a un proyecto vivo que estaba generando más de 300 empleos directos y más de 2,000 indirectos, además de un montón de impuestos y regalías.
¿Y entonces? Enterramos y desenterramos en este país a quien nos plazca. Como decía Edmund Burke (Irlanda, 1729-1797), “para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada”.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

Desenterrando cadáveres y enterrando vivos

Carolina Castellanos
09 de junio, 2017

Ojalá estuviera hablando de regresar a la vida a tanto chofer de camioneta que ha sido vilmente asesinado por infames mareros extorsionistas que no tienen ni un solo ápice de humanidad, al despreciar al vida de hombres que solo buscan el sustento diario de él y de su familia. No, lamentablemente no me refiero ellos.
Desenterrando un cadáver es la mejor descripción que puedo dar a la presentación esta semana de la iniciativa 900. Esta absurda propuesta ha sido “rescatada” del más profundo de los infiernos (donde merece estar), para presentarla como “la gran solución” a la pobreza y al subdesarrollo de la población marginada en el interior de nuestro país. Habla de una justa distribución de lo que no les pertenece. Estoy más que segura que, si alguno de los ponentes o sus esbirros posee un terreno de cualquier tamaño, no lo va a distribuir. Es el de “otros”, a los que ellos aseguran que no son agricultores, lo que quieren expropiar. De acuerdo a su definición, un agricultor solo puede ser el indígena pobre, que no tiene nada, o tiene muy poco, y cultiva los alimentos ancestrales con prácticas de esa misma época.
La “sin-iniciativa” de ley (está muy lejos de ser un iniciativa), hace referencia a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas. Nuevamente, utilizan terminología caduca, que desentierran de la época de la conquista, para reducir al mínimo posible a aquel indígena que tiene muy poco y que es una víctima más del abandono del Estado, en todas sus manifestaciones (salud, educación, infraestructura, etc.). El desmerecerlo de tal forma no puede ser otra cosa que desprecio por el más pobre para usarlo como bandera para fines espurios.
¿Por qué desenterrar algo tan arcaico, aberrante, inoperante, inútil y, sobre todo, injusto? He repetido hasta el cansancio esta frase: “el nombre del juego socialista es dinero, siempre”. Esa repartición de tierras consiste en quitarle a quienes les ha costado muchos años, toda una vida, tenerla, cultivarla, usarla para lo que mejor le plazca, para darla totalmente regalada a quienes no lo tienen. Por supuesto, los promotores de esta cosa se quedarán con la mejor parte. Seguramente van a querer las “grandes extensiones” utilizadas para los monocultivos que han demonizado hasta el cansancio. Es importante darse cuenta de la extrema envidia y el desmedido resentimiento que tienen hacia quienes tienen más que ellos. Y eso los lleva a querer despojarlos de todo para regalarlo a otros. El futuro de eso está más que garantizado: muchísima más pobreza.
Enterrando vivos: de eso se encarga la Corte de Constitucionalidad. Es un hecho que la sentencia del caso Oxec fue bastante favorable. Reconozco que la Corte se tomó todo el tiempo necesario para hacer un trabajo profundo, completo e integral. La sentencia da una ruta a seguir para empezar a poner orden y tener, finalmente, una ley que regule las consultas del Convenio 169. Estaremos todos apoyando el proceso en el Ministerio de Energía y en el Congreso de la República, para que tengamos un método de consulta que sirva como modelo para procesos futuros, y una ley que brinde esa certeza jurídica que tanta falta hace.
Pero, una semana después de esa sentencia, la Corte decide enterrar el proyecto minero Derivado 7, mejor conocido como “La Puya”. La sentencia (no definitiva) de la Corte suspende, nuevamente, la licencia a esta minera, sin ninguna razón válida, pues es exactamente el mismo caso de Oxec. El gobierno de turno dio la autorización a ambas empresas a operar. Ese gobierno de turno (desconozco si fue el mismo en ambos casos) no llevó a cabo la consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT. La lógica y la razón dicen que, a quien se debe amonestar ¡es al gobierno! Pero la Corte decide amonestar a las empresas. Finalmente entró en razón y dice que Oxec puede seguir funcionando mientras el gobierno de turno (el actual) lleva a cabo la consulta. Pero le dice a “La Puya” que no, que debe seguir suspendida. Es así como la alta Corte entierra a un proyecto vivo que estaba generando más de 300 empleos directos y más de 2,000 indirectos, además de un montón de impuestos y regalías.
¿Y entonces? Enterramos y desenterramos en este país a quien nos plazca. Como decía Edmund Burke (Irlanda, 1729-1797), “para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada”.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo