Los seres humanos nos vinculamos con las cosas. Las estructuras materiales cambian no porque seamos más inteligentes sino porque deseamos vivir. La vida, como lo afirmó en sus estudios sobre la vida en sociedad el humanista francés Henri Bergson, es ese elán vital, ese impulso creador que hace que busquemos humanizarnos y esa humanización propicie procesos de civilización.  Aunque la inteligencia sobrepasa la animalidad instintiva no puede propiciar la eficacia para una sociedad plena. Eso solo se logra si las personas tienen oportunidades de vida.

Lamento mucho la forma como periodistas de medios de comunicación tratan de estúpidos a los cuatro diputados en su acción libre de disentir. Esa acción libre siempre está por encima de la idea de ciudadanía y del supuesto bien que defienden aquellos que niegan la historia y realidad de Guatemala sobre sus acciones. Sobre un Estado benefactor, asistencialista y socialista como pretende serlo el Estado que quiere influir paternalmente sobre otro Estado sin entender que la soberanía significa más que límites consenso de formas de vida.

La inteligencia no es lo que guía las acciones humanas o las obligaciones morales sino la percepción sobre estructuras materiales, instintivas cuya contrapeso y balance lo propicia las acciones consensuadas de vida civilizada. La legalidad de la Contraloría de Cuentas, del Ministerio Público y cuantas instituciones existan para diferenciar lo justo de lo injusto no devienen de la inteligencia sino del consenso social cuya validez no es positiva sino consuetudinaria.

Las acciones de los actores de justicia en Guatemala nos han privado de las acciones inmediatas de vida. Las férreas constricciones sobre los individuos que crean los aparatos estatales manifiestan su pleno fracaso operativo y para salvaguardar su existencia obligan a través de coacción arbitraria su inoperancia. Esas instituciones que hoy dañan a los individuos y que dañan el desenvolvimiento social deben desaparecer por completo de la esfera pública. La Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, la Corte de Constitucionalidad, entre otras, pues, sus acciones sobre los individuos son una visible amenaza arbitraria del Estado que a gritos demuestra su ineficacia de décadas y es una amenaza a la seguridad nacional del Estado.

Establecer un Estado de Derecho debe poner punto y final a esa coacción legal totalmente penal que afecta la vida de personas libres. Destruir el Estado de Derecho con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas es un crimen de lesa humanidad en una era democrática y son las formas políticas de la moderna tiranía ejercida sobre más de diecisiete millones de personas.

Estas instituciones han hecho crecer al Estado sobre el individuo y lo han anulado. Y son las personas libres las que garantizan la vida civilizada. No lo son, como falsamente lo hacen creer las personas bajo apariencia de piedad que creando conceptos como “aparatos clandestinos” “alto impacto” entre otros pueden privar arbitrariamente a las personas de su vida humana y reducidas a la moderna forma de trata de personas sin acceso a la garantía elementales de vida.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo