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Con lo mío, lo que quiera.

Redacción
08 de julio, 2017

Lo bonito de vivir en una sociedad civilizada es que (se supone que) ésta debe velar por el estricto cumplimiento de las normas que componen el sistema jurídico de la misma. Cuando hay reglas claras establecidas en una jerarquía donde hay un documento base (que podemos llamar Constitución) al que todas las otras normas se atienen, es posible construir un Estado Constitucional de Derecho donde los derechos inalienables de cada quien, no son violados por nadie.

De cuando en cuando, por supuesto, se nos ocurren barbaridades jurídicas que no es certero ni beneficioso para esa construcción jurídica poner en práctica. Léase: aquellas prácticas que violan los derechos inalienables de los ciudadanos.

Pongamos un ejemplo: la Constitución otorga, en su artículo 39, el derecho a la propiedad privada, y garantiza la facultad de hacer con ella lo que quiera, sin necesidad de rendir cuentas sobre su uso a nadie. Precisamente porque lo mío es mío.

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Supongamos que tengo un terreno de considerable extensión sobre el que considero construir un edificio con espacio suficiente para comercios. Alquilo os espacios y la gente me visita. Como es mi espacio, decido que los visitantes deben pagarme por utilizar mi espacio. Tiene muchísimo sentido: es mío y está siendo utilizado por no propietarios de la misma forma que podría usarla yo. En definitiva, es una acción normal cobrar la estancia en mi espacio privado.
Supongamos que, en mi irracionalidad, dispongo cobrar una tasa alta por el parqueo. Cualquier persona, a través de la lógica, puede determinar que la gente decidirá no visitarme, a los arrendatarios de mis espacios para comercios les dejará de resultar rentable mi alquiler y se trasladarán a un lugar donde los visitantes frecuenten más y paguen menos (o nada) de parqueo, según lo que el legítimo propietario decida.

Pues la economía puede explicar de forma muy encilla ese proceso, y el mercado se encarga de hacer quebrar mi negocio y de hacer prosperar el de otro. Eso, obviamente, en un sistema de libre mercado donde la competencia es el denominador común.

Sin embargo, en un Estado hiperregulador, algunos hombres creen que lo justo es alterar el sistema de precios (que también aplican al servicio de parqueo) y determinar cuánto y cuándo puedo yo cobrar, como si ese Estado violador de Derechos fuera propietario de mi comercio.

Lo importante es saber que no solamente es contrario a la naturaleza jurídica de la Ley, sino que es innecesario dado que si el fin de una Ley que determine tales actitudes es “que no se cobre más de lo justo”, sabemos que es algo que eventualmente logrará el mercado por sí mismo, sin ayuda intervencionista del legislador de pura y santa intención.
Las nefastas consecuencias de esto van desde la determinación del propietario a no dar ni mantenimiento ni seguridad a sus parqueos (porque no gana los fondos suficientes que sí ganaría si cobrara lo que el cliente está dispuesto a pagar, reflejado en el consumo del servicio) hasta la reducción notable de espacios de parqueo, que no está ligada a la adquisición de automóviles y que incluso puede llegar a asemejarse, estadísticamente, a una relación de proporcionalidad inversa.

Y sí, amigo, a mí también me ha tocado pagar cantidades exorbitantes de parqueo, que en mi racionalidad, siempre prefiero pagar antes que dejar lo mío inmune ante la criminalidad, o, si el beneficio que recibo a cambio del costo del parqueo no lo vale, decido utilizar un servicio ajeno de parqueo, o en su defecto el parqueo en áreas públicas no restringidas.

Y porque los parqueos que utilizo no son míos, no tengo el derecho a decretar que alguien no puede cobrarme por utilizar lo que es suyo. Estoy recibiendo un servicio, que conlleva un costo. Ningún economista serio consideraría esta una acción loable, ni mucho menos un legislador lo vería como legítimo.

A fin de cuentas, las Leyes que nuestros congresistas proponen no sólo son propias de un sesgo irracional, sino son violatorias de derechos y nefastas para la economía. Si a usted, mi amigo, le parece un abuso, ¡no use el servicio! Y si le es absolutamente necesario, el costo es menor al beneficio. Disfrute su estancia en donde sea que deje su carro, o no.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

Con lo mío, lo que quiera.

Redacción
08 de julio, 2017

Lo bonito de vivir en una sociedad civilizada es que (se supone que) ésta debe velar por el estricto cumplimiento de las normas que componen el sistema jurídico de la misma. Cuando hay reglas claras establecidas en una jerarquía donde hay un documento base (que podemos llamar Constitución) al que todas las otras normas se atienen, es posible construir un Estado Constitucional de Derecho donde los derechos inalienables de cada quien, no son violados por nadie.

De cuando en cuando, por supuesto, se nos ocurren barbaridades jurídicas que no es certero ni beneficioso para esa construcción jurídica poner en práctica. Léase: aquellas prácticas que violan los derechos inalienables de los ciudadanos.

Pongamos un ejemplo: la Constitución otorga, en su artículo 39, el derecho a la propiedad privada, y garantiza la facultad de hacer con ella lo que quiera, sin necesidad de rendir cuentas sobre su uso a nadie. Precisamente porque lo mío es mío.

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Supongamos que tengo un terreno de considerable extensión sobre el que considero construir un edificio con espacio suficiente para comercios. Alquilo os espacios y la gente me visita. Como es mi espacio, decido que los visitantes deben pagarme por utilizar mi espacio. Tiene muchísimo sentido: es mío y está siendo utilizado por no propietarios de la misma forma que podría usarla yo. En definitiva, es una acción normal cobrar la estancia en mi espacio privado.
Supongamos que, en mi irracionalidad, dispongo cobrar una tasa alta por el parqueo. Cualquier persona, a través de la lógica, puede determinar que la gente decidirá no visitarme, a los arrendatarios de mis espacios para comercios les dejará de resultar rentable mi alquiler y se trasladarán a un lugar donde los visitantes frecuenten más y paguen menos (o nada) de parqueo, según lo que el legítimo propietario decida.

Pues la economía puede explicar de forma muy encilla ese proceso, y el mercado se encarga de hacer quebrar mi negocio y de hacer prosperar el de otro. Eso, obviamente, en un sistema de libre mercado donde la competencia es el denominador común.

Sin embargo, en un Estado hiperregulador, algunos hombres creen que lo justo es alterar el sistema de precios (que también aplican al servicio de parqueo) y determinar cuánto y cuándo puedo yo cobrar, como si ese Estado violador de Derechos fuera propietario de mi comercio.

Lo importante es saber que no solamente es contrario a la naturaleza jurídica de la Ley, sino que es innecesario dado que si el fin de una Ley que determine tales actitudes es “que no se cobre más de lo justo”, sabemos que es algo que eventualmente logrará el mercado por sí mismo, sin ayuda intervencionista del legislador de pura y santa intención.
Las nefastas consecuencias de esto van desde la determinación del propietario a no dar ni mantenimiento ni seguridad a sus parqueos (porque no gana los fondos suficientes que sí ganaría si cobrara lo que el cliente está dispuesto a pagar, reflejado en el consumo del servicio) hasta la reducción notable de espacios de parqueo, que no está ligada a la adquisición de automóviles y que incluso puede llegar a asemejarse, estadísticamente, a una relación de proporcionalidad inversa.

Y sí, amigo, a mí también me ha tocado pagar cantidades exorbitantes de parqueo, que en mi racionalidad, siempre prefiero pagar antes que dejar lo mío inmune ante la criminalidad, o, si el beneficio que recibo a cambio del costo del parqueo no lo vale, decido utilizar un servicio ajeno de parqueo, o en su defecto el parqueo en áreas públicas no restringidas.

Y porque los parqueos que utilizo no son míos, no tengo el derecho a decretar que alguien no puede cobrarme por utilizar lo que es suyo. Estoy recibiendo un servicio, que conlleva un costo. Ningún economista serio consideraría esta una acción loable, ni mucho menos un legislador lo vería como legítimo.

A fin de cuentas, las Leyes que nuestros congresistas proponen no sólo son propias de un sesgo irracional, sino son violatorias de derechos y nefastas para la economía. Si a usted, mi amigo, le parece un abuso, ¡no use el servicio! Y si le es absolutamente necesario, el costo es menor al beneficio. Disfrute su estancia en donde sea que deje su carro, o no.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo