Es imposible que después de tantas acusaciones, tantas personas presas, sintamos que estamos peor.
Es fundamental tener un Estado de Derecho que proteja los derechos individuales – vida, libertad, propiedad y familia – para poder funcionar como sociedad y lograr el desarrollo sostenible. Para poder proteger esos derechos se necesita un sistema de justicia fuerte que permita predecir el comportamiento y la previsibilidad de la justicia. Se necesita tener la seguridad que aquella persona que comete un delito, una falta, rompe un contrato recibirá una sentencia contraria; pero también que la persona inocente, la que no se le puede probar su culpabilidad, la que ha guardado el contrato, el fallo le será favorable. Los sistemas de justicia predicen el comportamiento de las personas bajo ese sistema logrando el comportamiento de acuerdo a lo que la ley persiga, por medio de incentivos positivos o negativos. Los incentivos negativos son aquellos que aseguran una pena, como encarcelamiento, una multa, una compensación a aquellos que transgredan el contrato, etc. Por otro lado, los incentivos positivos son aquellos que aseguran el buen comportamiento de las personas ya sea por incentivo económico o por la certeza de que las cosas funcionaran correctamente. La certeza es esencial para el funcionamiento de cualquier relación, pero para el funcionamiento de la sociedad, la certeza jurídica es vital, esencial y primordial.
El sistema de justicia está compuesto de muchas instituciones que deben fortalecerse continuamente porque las sociedades evolucionan conforme a los comportamientos y culturas, pero también con la modernización, tecnología, etc. El sistema de justicia inicia con las instituciones esenciales: las normas. Éstas deben ser generales, atemporales (permanentes), universales, abstractas para cumplir con el principio de que todos seamos iguales ante la ley. Por otro lado están los órganos por los cuales se aplica la justicia, que van desde los contratos entre partes, hasta los tribunales con todos sus actores (jueces, magistrados, oficiales, notificadores, etc.), los abogados y notarios, fiscales, defensores públicos, el sistema penitenciario y los entes investigadores como las policías y otros.
Guatemala ha tenido durante décadas uno de los mayores índices de impunidad del mundo con alrededor del 96%. Eso permite que las personas que quieran – o querían y hacían – transgredir la ley no veían como un factor a tomar en cuenta la posibilidad de ser castigado o que tuvieran una sentencia o multa contraria a sus intereses. Según algunos reportes, la tasa de impunidad ha descendido alrededor de 10 puntos. Eso aún es muy bajo para ser considerado un sistema de justicia desarrollado o fuerte.
La lucha contra la impunidad ha logrado algunos avances lo cual no solo debe aplaudirse sino apoyarse. Ese apoyo no debe ser NUNCA incondicional, porque las instituciones, administradas y gobernadas por personas, siempre, siempre, tendrán la posibilidad de equivocarse, y aún peor, de cometer abusos y violaciones de aquellos derechos individuales a los que debieran constante referirse. De allí que es imprescindible ser vigilantes permanentes de los procesos para evitar arbitrariedades, discrecionalidades, abusos de autoridad, manipulaciones, violaciones de los derechos.
Recientemente estuvo en nuestro país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y señaló varias preocupaciones importantes sobre todo este sistema de justicia. Desde arrestos provisionales en exceso, presiones a jueces y magistrados, un sistema carcelario en ruinas, etc. fueron los puntos que la CIDH señaló como inadecuados en este endeble y precario sistema de justicia.
Señalar que los encarcelamientos provisionales excesivos, que las presiones a jueces de acusaciones si no fallan a favor de la acusación, recusación excesiva de jueces, amparos y retardos maliciosos de parte de fiscales, un sistema penitenciario que no logra ni proteger a las personas internas o crear sus condiciones mínimas de existencia, es preocupante para el sistema todo. (Porque aunque a veces los que no tenemos una acusación y nos revuelve la sangre la corrupción, quisiéramos ver a los acusados de los distintos delitos crucificados, cualquiera de ellos cambiaría con nosotros un fin de semana fuera, hasta de Mariscal Zavala.)
Son violentados los derechos de presunción de inocencia cada vez que se litiga en los medios, que se asume que las personas sabían lo que era imposible saber y que la persona acusada debe “probar” su inocencia y no el acusador probar la culpabilidad. Se viola el debido proceso con amparos, ausencias a audiencias, con retardos maliciosos y recusaciones, con la manipulación de jueces, se viola la libertad de acción cuando lo que no estaba prohibido se ataca por ser una cuestión “moral” aunque el acusado no estuviera enterado de los hechos que le imputan a la otra parte. Existe también la violación del principio de acción de buena fe que asume, y sigue asumiendo, que las personas complotaron para realizar lo malo, siempre.
Claro que las violaciones a procesos y otros principios no lo realizan únicamente las partes acusadores, pero es mucho más preocupante cuando lo realiza un ente del Estado y por eso debe corregirse cuanto antes. La confianza en el sistema de justicia depende en gran manera en que las acusaciones lleguen bien realizadas, calzadas de verdad y de los elementos fundamentales de justicia. Es indispensable tener jueces independientes, supervisados, pero no manipulados ni extorsionados. Es urgente tener investigadores apegados a la verdad, con investigaciones profundas y no engañosas, ni asumiendo delitos inexistentes y por supuesto, sin acusar a aquellos de quienes no se tengan pruebas. La confianza, la certeza jurídica recae en sus manos. Es imposible que después de tantas acusaciones, tantas personas presas, de remover funcionarios de los tres poderes y alcaldías, la sensación general, y muchos indicadores es que estamos peor. La justicia alejada de los principios, lejos de acercarnos al desarrollo, a la creación de un país en vías de desarrollo, nos enterrará a todos. ¿Y entonces, qué vamos a hacer?
Sígame y coménteme en twitter: @josekrlos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Es imposible que después de tantas acusaciones, tantas personas presas, sintamos que estamos peor.
Es fundamental tener un Estado de Derecho que proteja los derechos individuales – vida, libertad, propiedad y familia – para poder funcionar como sociedad y lograr el desarrollo sostenible. Para poder proteger esos derechos se necesita un sistema de justicia fuerte que permita predecir el comportamiento y la previsibilidad de la justicia. Se necesita tener la seguridad que aquella persona que comete un delito, una falta, rompe un contrato recibirá una sentencia contraria; pero también que la persona inocente, la que no se le puede probar su culpabilidad, la que ha guardado el contrato, el fallo le será favorable. Los sistemas de justicia predicen el comportamiento de las personas bajo ese sistema logrando el comportamiento de acuerdo a lo que la ley persiga, por medio de incentivos positivos o negativos. Los incentivos negativos son aquellos que aseguran una pena, como encarcelamiento, una multa, una compensación a aquellos que transgredan el contrato, etc. Por otro lado, los incentivos positivos son aquellos que aseguran el buen comportamiento de las personas ya sea por incentivo económico o por la certeza de que las cosas funcionaran correctamente. La certeza es esencial para el funcionamiento de cualquier relación, pero para el funcionamiento de la sociedad, la certeza jurídica es vital, esencial y primordial.
El sistema de justicia está compuesto de muchas instituciones que deben fortalecerse continuamente porque las sociedades evolucionan conforme a los comportamientos y culturas, pero también con la modernización, tecnología, etc. El sistema de justicia inicia con las instituciones esenciales: las normas. Éstas deben ser generales, atemporales (permanentes), universales, abstractas para cumplir con el principio de que todos seamos iguales ante la ley. Por otro lado están los órganos por los cuales se aplica la justicia, que van desde los contratos entre partes, hasta los tribunales con todos sus actores (jueces, magistrados, oficiales, notificadores, etc.), los abogados y notarios, fiscales, defensores públicos, el sistema penitenciario y los entes investigadores como las policías y otros.
Guatemala ha tenido durante décadas uno de los mayores índices de impunidad del mundo con alrededor del 96%. Eso permite que las personas que quieran – o querían y hacían – transgredir la ley no veían como un factor a tomar en cuenta la posibilidad de ser castigado o que tuvieran una sentencia o multa contraria a sus intereses. Según algunos reportes, la tasa de impunidad ha descendido alrededor de 10 puntos. Eso aún es muy bajo para ser considerado un sistema de justicia desarrollado o fuerte.
La lucha contra la impunidad ha logrado algunos avances lo cual no solo debe aplaudirse sino apoyarse. Ese apoyo no debe ser NUNCA incondicional, porque las instituciones, administradas y gobernadas por personas, siempre, siempre, tendrán la posibilidad de equivocarse, y aún peor, de cometer abusos y violaciones de aquellos derechos individuales a los que debieran constante referirse. De allí que es imprescindible ser vigilantes permanentes de los procesos para evitar arbitrariedades, discrecionalidades, abusos de autoridad, manipulaciones, violaciones de los derechos.
Recientemente estuvo en nuestro país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y señaló varias preocupaciones importantes sobre todo este sistema de justicia. Desde arrestos provisionales en exceso, presiones a jueces y magistrados, un sistema carcelario en ruinas, etc. fueron los puntos que la CIDH señaló como inadecuados en este endeble y precario sistema de justicia.
Señalar que los encarcelamientos provisionales excesivos, que las presiones a jueces de acusaciones si no fallan a favor de la acusación, recusación excesiva de jueces, amparos y retardos maliciosos de parte de fiscales, un sistema penitenciario que no logra ni proteger a las personas internas o crear sus condiciones mínimas de existencia, es preocupante para el sistema todo. (Porque aunque a veces los que no tenemos una acusación y nos revuelve la sangre la corrupción, quisiéramos ver a los acusados de los distintos delitos crucificados, cualquiera de ellos cambiaría con nosotros un fin de semana fuera, hasta de Mariscal Zavala.)
Son violentados los derechos de presunción de inocencia cada vez que se litiga en los medios, que se asume que las personas sabían lo que era imposible saber y que la persona acusada debe “probar” su inocencia y no el acusador probar la culpabilidad. Se viola el debido proceso con amparos, ausencias a audiencias, con retardos maliciosos y recusaciones, con la manipulación de jueces, se viola la libertad de acción cuando lo que no estaba prohibido se ataca por ser una cuestión “moral” aunque el acusado no estuviera enterado de los hechos que le imputan a la otra parte. Existe también la violación del principio de acción de buena fe que asume, y sigue asumiendo, que las personas complotaron para realizar lo malo, siempre.
Claro que las violaciones a procesos y otros principios no lo realizan únicamente las partes acusadores, pero es mucho más preocupante cuando lo realiza un ente del Estado y por eso debe corregirse cuanto antes. La confianza en el sistema de justicia depende en gran manera en que las acusaciones lleguen bien realizadas, calzadas de verdad y de los elementos fundamentales de justicia. Es indispensable tener jueces independientes, supervisados, pero no manipulados ni extorsionados. Es urgente tener investigadores apegados a la verdad, con investigaciones profundas y no engañosas, ni asumiendo delitos inexistentes y por supuesto, sin acusar a aquellos de quienes no se tengan pruebas. La confianza, la certeza jurídica recae en sus manos. Es imposible que después de tantas acusaciones, tantas personas presas, de remover funcionarios de los tres poderes y alcaldías, la sensación general, y muchos indicadores es que estamos peor. La justicia alejada de los principios, lejos de acercarnos al desarrollo, a la creación de un país en vías de desarrollo, nos enterrará a todos. ¿Y entonces, qué vamos a hacer?
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo