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Antejuicios de una ley imposible de cumplir y zancadilla a la democracia

José Carlos Ortega
26 de agosto, 2017

Las manifestaciones multitudinarias necesitan un enemigo común, y el Presidente Morales estaba a punto de proporcionárselos.

Si es verdad que el Presidente de la República, Jimmy (James Ernesto) Morales Cabrera se enteró que se estaba preparando un caso en su contra, como resultó ser cierto, con una acusación de financiamiento político ilícito, en el cual se pretendía pedir que se le despojara del derecho de antejuicio que como presidente de la República ostenta, y que eso le haya motivado, incentivado y tomara la iniciativa de concertar una cita con el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) para abordar ciertos temas, entre ellos, pedir la remoción del Comisionado Dr. Iván Velásquez Gómez al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), autoridad que sí posee, pero que también podía – y aparentemente así es – recibiría la negativa del propio Secretario General de la ONU, el Dr. Antonio Gutérres, dejando al Presidente Morales en una posición aún más incómoda.

La idea de por sí podría ser la mayor equivocación que tomara el Presidente Morales en su débil mandato. El Dr. Iván Velásquez goza de una inmensa credibilidad en un gran sector de la población, de medios periodísticos, de intelectuales y de las élites guatemaltecas. Pese a que el Dr. Iván Velásquez tiene varios temas pendientes que no hacen su gestión perfecta y con un gran volumen de críticas en algunos asuntos, no se puede cuestionar que la lucha contra la corrupción y la impunidad en ese mismo tema tiene resultados y éxitos por encima de cualquier gestión propia de las instituciones guatemaltecas por sí solas. La propuesta e intención del presidente Morales, avalado por algunos de sus más cercanos asesores y colaboradores, que pareciera le desean el mal, hubiera sido la tumba del Presidente Morales. Las manifestaciones multitudinarias necesitan un enemigo común, y el Presidente Morales estaba a punto de proporcionárselos. Para su suerte, su propuesta se filtró y la señora fiscal, Licda. LL.M. Thelma Esperanza Aldana Hernández, en un arrebato, ¿o no? amenazó con renunciar a su cargo si se llegara a expulsar al Comisionado Iván Velásquez de su labor en CICIG. ¡Por supuesto que fue una especie de coerción y amenaza, porque ella se debe a su función como jefa del Ministerio Público, y aunque la labor del Dr. Iván Velásquez tiene méritos, su labor es institucional y a pesar de las personas, a ella le fue encomendado un trabajo y lo aceptó! Para no ser amenaza, si se llegara a realizar el hecho, renuncia sin esperar que le rueguen quedarse en su puesto. Ella no aceptó el puesto porque el Comisionado Dr. Iván Velásquez era y es el jefe de la CICIG.

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Esa filtración de información, termina por medir la popularidad del Dr. Velásquez e hizo reflexionar al propio presidente, y aunque haya podido negociar algún tipo de solución para los problemas que sí aquejan la función y labor de ese ente internacional, y posiblemente sus propios problemas judiciales y los de su familia, le ayuda a no tomar una mala (peor) decisión. De cualquier manera el Presidente Morales está más desgastado que al inicio de este “affair”, pero menos de lo que hubiera podido estar.

Las peticiones conocidas por el Presidente Morales en la sede de la ONU son completamente valederas. Guatemala necesita justicia, sí, y debe combatir los delitos e impunidad que nos afectan a todos en nuestro quehacer diario: maras, narcotráfico, tráfico de personas, etc. Además pide  que la labor de la Comisión – y de su Comisionado – esté circunscrita dentro de la Constitución de la República y a los acuerdos firmados en la creación de la CICIG. Una de las equivocaciones del Presidente Morales es seguir atado y proclamando los resultados de CICIG como propios.

CICIG tiene varios puntos que no termina de afrontar: preparar mejor los casos en su fase de investigación para no tener gente inocente acusada y privada de libertad, dejar de litigar en medios y violentar el derecho de todos los acusados, principalmente de la presunción de inocencia y el ir fortaleciendo las competencias del Ministerio Público para que un día ya no sea necesaria y se despida de tierras patrias. El señor Comisionado, el Dr. Velásquez, ha caído en la trampa de impulsar sin un debate profundo, técnico y constitucionalista de las Reformas Constitucionales al Sector Justicia y el proferir apelativos a todos – generalizando y discriminado a aquellos que disienten de las reformas propuestas (y pagadas) por ellos.

El delito de financiamiento electoral ilícito tiene una definición complicada: “Artículo 407 N. Financiamiento electoral ilícito. La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil Quetzales. Se considera asimismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política…”. Esta es ese tipo de leyes que diseñadas desde un escritorio no buscan el uso, costumbre y las capacidades de cumplimiento, más al estilo del derecho natural o anglosajón. Es imposible cumplir con todo el registro de todas las aportaciones, monetarias y en especie en una campaña política, i.e. en un mitin político el aportar micrófono, sillas o comida sin registrar ya es delito, y eso es humanamente imposible de cumplir, y menos por el Secretario General, que la mayoría de veces es candidato a presidente o cualquier otro cargo.

De esa forma, las acusaciones a UNE, LIDER y FCN-Nación aunque legales, son irreales, y por ello es casi seguro que los antejuicios no van a pasar en el Congreso. Más preocupante es que ahora que esas leyes en el plano electoral se han endurecido, ¿cómo va a hacer el Tribunal Supremo Electoral para lograr su cumplimiento sin ser parcial y dando el valor real a cada cosa? Esa reforma debe ser revisada y esos delitos modificarse para ser más apegados a la realidad, de lo contrario van a hacer caer – con zancadilla legal – lo último de nuestra democracia y las elecciones. Por ejemplo, en un partido político se debe delegar la función de la representación de forma descentralizada (Secretarios Departamentales y Municipales) y por función (Secretario de Finanzas), sino ¿quién querrá ser Secretario General de un partido – solo testaferros? ¿Qué partido logrará pasar el tamiz de una ley imposible – por irreal – de cumplir?

Mi pronóstico: los partidos en el Congreso se unirán para no eliminar el derecho de antejuicio al Presidente porque no les ayuda, y la modificación de esa ley, lo cual por derecho constitucional, en materia penal, irá en favor del acusado.

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República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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