El irrestricto apoyo bipartidista y de la administración Trump a CICIG y Velásquez
Durante el segundo semestre 2013, Estados Unidos vivió una atípica crisis humanitaria: miles de inmigrantes, menores de edad, llegaban a su frontera sur. La mayoría provenía de Guatemala, El Salvador y Honduras. El fenómeno despertó una duda en Washington: ¿por qué tantos niños migrantes vienen de los países del Triángulo Norte centroamericano?
Como consecuencia, el Departamento de Estado y Homeland Security realizaron un análisis de las condiciones de la región. Su conclusión fue matadora: El Triángulo Norte era una fábrica de pobres: países que no ofrecen oportunidades de desarrollo, ahogados por el crimen organizado y las pandillas. Y lo peor, los Estados de la región son incapaces para atender los problemas, por estar cooptados por la corrupción. En el caso de Guatemala, la imperante corrupción en aduanas, migración, cortes y policía, además de la cercanía de autoridades de gobierno con el narco, agudizó la alerta. A raíz de lo anterior, el Triángulo Norte fue considerado una zona crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Con base en esto, se gestó en Washington una estrategia para la región. Su objetivo era “promover prosperidad en el Triángulo Norte”, a través del fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y la generación de oportunidades. Esa estrategia fue producto de un acuerdo bipartidista. Republicanos y demócratas se comprometieron con el Plan de la Prosperidad. Y es por ello, que los Congresos han aprobado en la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, 2015, 2016 y 2017 exactamente las mismas condiciones para la región. (https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/244/text).
En dicha legislación, el combate a la corrupción es una de las prioridades del paquete; y el “apoyo a comisiones contra la corrupción e impunidad” es otro punto prioritario.
Otto Pérez no entendió, o no quiso entender, que para Estados Unidos la continuidad de CICIG y la depuración judicial del sistema era una condición no-negociable. Y ahora, Jimmy Morales repite exactamente el mismo error torpe y miope de su encarcelado predecesor.
Lo anterior explica la reacción negativa de más alto nivel a la decisión de declarar non grato a Iván Velásquez: Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, exgobernadora republicana de Carolina del Sur, designada por Donald Trump en enero, emitió un comunicado en el cual señala que “Estados Unidos respalda totalmente el trabajo de Iván Velásquez al frente de CICIG” y solicita al Gobierno de Guatemala “permita a CICIG operar sin interferencia” (https://usun.state.gov/remarks/7944). La declaración de Haley, por cierto, constituye la primera declaración de Washington en ONU relacionada con Guatemala en más de 60 años. A ese nivel ha llegado el alfaque generado por la torpe actuación de Morales.
Asimismo, a las declaratorias de Haley se suman las de Norma Torres, demócrata de California (y de sangre guatemalteca), quien propuso una moción para condicionar la ayuda a Guatemala a la continuidad de Velásquez. Mismo tono de declaraciones provino de Patrick Leahy, demócrata de Vermont; y Elliot Engel, demócrata de Nueva York, y quien suscribió aquella misiva en la que atentamente le recomendaba a Otto Pérez prorrogar el mandato de CICIG. Asimismo, Ileana Ros-Lehtinen, republicana de Florida, una de las promotoras de sanciones contra Maduro, también se ha pronunciado a favor del trabajo de Velásquez y de CICIG.
Washington ha hablado. Como lo hizo en 2015, cuando Otto Pérez se mostraba ciego, torpe y sordomudo. Y el mensaje es contundente. La lucha contra la corrupción es una condición no-negociable. Y el respaldo a CICIG es bipartidista y al más alto nivel de la administración Trump.
Felicidades a los financistas, aquí pueden evaluar la efectividad de su millonario cabildeo en Washington. Bueno, aunque de seguro habrá quienes dirán que Trump se volvió comunista…
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
El irrestricto apoyo bipartidista y de la administración Trump a CICIG y Velásquez
Durante el segundo semestre 2013, Estados Unidos vivió una atípica crisis humanitaria: miles de inmigrantes, menores de edad, llegaban a su frontera sur. La mayoría provenía de Guatemala, El Salvador y Honduras. El fenómeno despertó una duda en Washington: ¿por qué tantos niños migrantes vienen de los países del Triángulo Norte centroamericano?
Como consecuencia, el Departamento de Estado y Homeland Security realizaron un análisis de las condiciones de la región. Su conclusión fue matadora: El Triángulo Norte era una fábrica de pobres: países que no ofrecen oportunidades de desarrollo, ahogados por el crimen organizado y las pandillas. Y lo peor, los Estados de la región son incapaces para atender los problemas, por estar cooptados por la corrupción. En el caso de Guatemala, la imperante corrupción en aduanas, migración, cortes y policía, además de la cercanía de autoridades de gobierno con el narco, agudizó la alerta. A raíz de lo anterior, el Triángulo Norte fue considerado una zona crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Con base en esto, se gestó en Washington una estrategia para la región. Su objetivo era “promover prosperidad en el Triángulo Norte”, a través del fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y la generación de oportunidades. Esa estrategia fue producto de un acuerdo bipartidista. Republicanos y demócratas se comprometieron con el Plan de la Prosperidad. Y es por ello, que los Congresos han aprobado en la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, 2015, 2016 y 2017 exactamente las mismas condiciones para la región. (https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/244/text).
En dicha legislación, el combate a la corrupción es una de las prioridades del paquete; y el “apoyo a comisiones contra la corrupción e impunidad” es otro punto prioritario.
Otto Pérez no entendió, o no quiso entender, que para Estados Unidos la continuidad de CICIG y la depuración judicial del sistema era una condición no-negociable. Y ahora, Jimmy Morales repite exactamente el mismo error torpe y miope de su encarcelado predecesor.
Lo anterior explica la reacción negativa de más alto nivel a la decisión de declarar non grato a Iván Velásquez: Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, exgobernadora republicana de Carolina del Sur, designada por Donald Trump en enero, emitió un comunicado en el cual señala que “Estados Unidos respalda totalmente el trabajo de Iván Velásquez al frente de CICIG” y solicita al Gobierno de Guatemala “permita a CICIG operar sin interferencia” (https://usun.state.gov/remarks/7944). La declaración de Haley, por cierto, constituye la primera declaración de Washington en ONU relacionada con Guatemala en más de 60 años. A ese nivel ha llegado el alfaque generado por la torpe actuación de Morales.
Asimismo, a las declaratorias de Haley se suman las de Norma Torres, demócrata de California (y de sangre guatemalteca), quien propuso una moción para condicionar la ayuda a Guatemala a la continuidad de Velásquez. Mismo tono de declaraciones provino de Patrick Leahy, demócrata de Vermont; y Elliot Engel, demócrata de Nueva York, y quien suscribió aquella misiva en la que atentamente le recomendaba a Otto Pérez prorrogar el mandato de CICIG. Asimismo, Ileana Ros-Lehtinen, republicana de Florida, una de las promotoras de sanciones contra Maduro, también se ha pronunciado a favor del trabajo de Velásquez y de CICIG.
Washington ha hablado. Como lo hizo en 2015, cuando Otto Pérez se mostraba ciego, torpe y sordomudo. Y el mensaje es contundente. La lucha contra la corrupción es una condición no-negociable. Y el respaldo a CICIG es bipartidista y al más alto nivel de la administración Trump.
Felicidades a los financistas, aquí pueden evaluar la efectividad de su millonario cabildeo en Washington. Bueno, aunque de seguro habrá quienes dirán que Trump se volvió comunista…
República es ajena a la opinión expresada en este artículo