En África hay un proverbio antiguo que dice “cuando los elefantes pelean, es la hierba la que sale lastimada”. ¿Cuáles serán las consecuencias de la actual crisis para el país entero?
Una cosa es lo que vemos en el escenario mediático, pero detrás del telón se dan una serie de acciones que provocan una escalada de enfrentamientos y que, eventualmente, detonan en conflictividad. La realidad es que los ciudadanos no conocemos ese proceso de escalada y, en lugar de conciliar, procedemos a lanzar más combustible sobre las llamas.
En un país como el nuestro, en dónde estructuras criminales se han incrustado hasta en lo más profundo del sistema, la lucha contra la corrupción es vital. Por tanto, es sumamente lamentable que el presidente del país y el comisionado de una institución internacional, cuya finalidad es aportar a la lucha contra estructuras de poder clandestinas e ilegales, estén involucrados en un pleito de esta magnitud. Principalmente por las graves repercusiones que ello le genera a toda la ciudadanía.
Las secuelas de elevar la tónica de esta crisis tendrán repercusiones en diversos aspectos que impactarán a nuestro país. Por ejemplo, la renuncia de la ministra de salud, una funcionaria que demostró luchar decididamente en contra de los poderes enquistados dentro del ministerio que dirigía, trunca la inercia de sus esfuerzos. A la sombra del caos, pasan desapercibidos una serie de sucesos. Uno de ellos es la toma ilegal de las sedes de Direcciones Departamentales de Educación alrededor de nuestro país, lo cual impide que miles de niños y jóvenes guatemaltecos reciban sus clases. Ni hablar del impacto al empleo por disuadir futuros emprendimientos o inversiones gracias a la nociva notoriedad que alcanzamos a nivel global.
Posterior al enfrentamiento de los elefantes, llega el momento para que todos los actores y sectores nos unamos, no solo a calmar la efusividad de este conflicto, sino también a trazar una hoja de ruta que nos permita salir adelante. No se trata de pelear y ver quién tiene la razón. Se trata de definir una solución y una salida dentro del marco constitucional y legal que prevalece en nuestra República.
Quizás sea oportuno aprovechar este momento para que reflexionemos sobre las mejoras que nuestro sector justicia necesita con urgencia, sobretodo, en cuanto la efectividad real de esa lucha contra la corrupción. La misma CIDH se ha pronunciado sobre los abusos existentes. Entre los temas que preocupan está la aplicación de la prisión preventiva. Hoy, contrario a lo que la ley indica, los jueces, en parte presionados por la exigencia de la ciudadana y de otros actores, aplican la medida excepcional como regla. Según el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal, la privación de libertad preventiva debe finalizar cuando esta excede un año. Me pregunto, ¿quién está decidiendo y asumiendo la responsabilidad por mantener en prisión preventiva a personas por más de un año? Por aparte, un posible mecanismo para solucionar este problema es la implementación de brazaletes electrónicos, cuya discusión parece haber quedado en el olvido, ¿quiénes y por qué se resisten a la implementación de brazaletes para otorgar medidas sustitutivas durante la etapa de juicio?
No es secreto que nuestro sistema está desbordado. Reflexionemos sobre la capacidad acusatoria versus la capacidad del procesamiento de casos y de arribo de sentencias. Según el flujograma de justicia criminal de Fundesa, de poco sirve aumentar la efectividad en la parte acusatoria si la parte del procesamiento no funciona al mismo ritmo. Es momento de buscar mecanismos innovadores para incrementar la eficiencia del Organismo Judicial para atender y resolver según la ley y según los plazos que la misma exige. Necesitamos más cortes con mejor capacidad para el procesamiento de casos y necesitamos invertir en tecnología para reducir el tiempo del procesamiento de los mismos y así lograr mejoras sustanciales.
Esta problemática ha puesto en evidencia lo rápido que caemos en los patrones de comportamiento polarizante del pasado, la mediatización de la justicia y la falta de consensos que existe entre los guatemaltecos. La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos y, como tal, necesita de la construcción de puentes de colaboración y de nuestra unión. Por mi parte, me sumo a aquellos quiénes, lejos de tomar un bando, hacen un llamado a mantener la calma y a unirnos como un solo país a favor de la lucha contra la corrupción.
www.salvadorpaiz.com
Facebook.com/salvadorpaiz.gt
@salva_paiz
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
En África hay un proverbio antiguo que dice “cuando los elefantes pelean, es la hierba la que sale lastimada”. ¿Cuáles serán las consecuencias de la actual crisis para el país entero?
Una cosa es lo que vemos en el escenario mediático, pero detrás del telón se dan una serie de acciones que provocan una escalada de enfrentamientos y que, eventualmente, detonan en conflictividad. La realidad es que los ciudadanos no conocemos ese proceso de escalada y, en lugar de conciliar, procedemos a lanzar más combustible sobre las llamas.
En un país como el nuestro, en dónde estructuras criminales se han incrustado hasta en lo más profundo del sistema, la lucha contra la corrupción es vital. Por tanto, es sumamente lamentable que el presidente del país y el comisionado de una institución internacional, cuya finalidad es aportar a la lucha contra estructuras de poder clandestinas e ilegales, estén involucrados en un pleito de esta magnitud. Principalmente por las graves repercusiones que ello le genera a toda la ciudadanía.
Las secuelas de elevar la tónica de esta crisis tendrán repercusiones en diversos aspectos que impactarán a nuestro país. Por ejemplo, la renuncia de la ministra de salud, una funcionaria que demostró luchar decididamente en contra de los poderes enquistados dentro del ministerio que dirigía, trunca la inercia de sus esfuerzos. A la sombra del caos, pasan desapercibidos una serie de sucesos. Uno de ellos es la toma ilegal de las sedes de Direcciones Departamentales de Educación alrededor de nuestro país, lo cual impide que miles de niños y jóvenes guatemaltecos reciban sus clases. Ni hablar del impacto al empleo por disuadir futuros emprendimientos o inversiones gracias a la nociva notoriedad que alcanzamos a nivel global.
Posterior al enfrentamiento de los elefantes, llega el momento para que todos los actores y sectores nos unamos, no solo a calmar la efusividad de este conflicto, sino también a trazar una hoja de ruta que nos permita salir adelante. No se trata de pelear y ver quién tiene la razón. Se trata de definir una solución y una salida dentro del marco constitucional y legal que prevalece en nuestra República.
Quizás sea oportuno aprovechar este momento para que reflexionemos sobre las mejoras que nuestro sector justicia necesita con urgencia, sobretodo, en cuanto la efectividad real de esa lucha contra la corrupción. La misma CIDH se ha pronunciado sobre los abusos existentes. Entre los temas que preocupan está la aplicación de la prisión preventiva. Hoy, contrario a lo que la ley indica, los jueces, en parte presionados por la exigencia de la ciudadana y de otros actores, aplican la medida excepcional como regla. Según el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal, la privación de libertad preventiva debe finalizar cuando esta excede un año. Me pregunto, ¿quién está decidiendo y asumiendo la responsabilidad por mantener en prisión preventiva a personas por más de un año? Por aparte, un posible mecanismo para solucionar este problema es la implementación de brazaletes electrónicos, cuya discusión parece haber quedado en el olvido, ¿quiénes y por qué se resisten a la implementación de brazaletes para otorgar medidas sustitutivas durante la etapa de juicio?
No es secreto que nuestro sistema está desbordado. Reflexionemos sobre la capacidad acusatoria versus la capacidad del procesamiento de casos y de arribo de sentencias. Según el flujograma de justicia criminal de Fundesa, de poco sirve aumentar la efectividad en la parte acusatoria si la parte del procesamiento no funciona al mismo ritmo. Es momento de buscar mecanismos innovadores para incrementar la eficiencia del Organismo Judicial para atender y resolver según la ley y según los plazos que la misma exige. Necesitamos más cortes con mejor capacidad para el procesamiento de casos y necesitamos invertir en tecnología para reducir el tiempo del procesamiento de los mismos y así lograr mejoras sustanciales.
Esta problemática ha puesto en evidencia lo rápido que caemos en los patrones de comportamiento polarizante del pasado, la mediatización de la justicia y la falta de consensos que existe entre los guatemaltecos. La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos y, como tal, necesita de la construcción de puentes de colaboración y de nuestra unión. Por mi parte, me sumo a aquellos quiénes, lejos de tomar un bando, hacen un llamado a mantener la calma y a unirnos como un solo país a favor de la lucha contra la corrupción.
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo