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Diluvio en el Congreso

Jorge Alvarado
08 de septiembre, 2017

Hay ciertos términos que no se utilizan mucho, porque poseen connotaciones fuertes y están asociadas con la religión y pasajes bíblicos. Sin embargo la palabra diluvio, en el contexto político guatemalteco, puede ser utilizada perfectamente para describir lo que está por pasar en el Congreso de la República.

El término diluvio suele utilizarse para hacer la narrativa de una catástrofe. En el sentido religioso está acuñado en el libro de Génesis, en el pasaje en el cual Dios castiga a la humanidad por su mala conducta. En el caso del Congreso, lo que está por suceder tiene qué ver con una crisis institucional permanente, pero que está en el punto más alto de ebullición, y que estallará debido a la decisión de no retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales.

Comencemos. La solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales fue presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el financiamiento electoral ilícito durante la campaña del 2011, cuando el mandatario fungía como secretario general del partido oficialista FCN-Nación.

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Acto seguido, el pasado lunes 4 de septiembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la solicitud de antejuicio para que pasara al Congreso, en una votación de 11 magistrados a favor y 2 en contra, por lo que no solamente trasladaron el expediente al Organismo Legislativo, sino también la crisis y la responsabilidad que conlleva un tema tan delicado.

Siguiendo de forma cronológica los hechos, el pleno del Congreso conoció la solicitud el martes 5 de septiembre y acordaron integrar, por sorteo, la comisión pesquisidora conformada por 5 diputados, como lo establece la ley. Que dicho sea de paso, está integrada por 2 diputados de la UNE, 1 de VIVA, 1 del MR y uno de AC. Sin embargo, aunque hay partidos bisagra que sirven como aliados del partido oficial, lo interesante no es eso, sino que el jefe de la bancada oficial, Javier Hernandez, solicitó a través de una moción privilegiada al pleno, establecer como fecha límite para que la comisión pesquisidora presente su informe, un máximo de 5 días, lo que se cumple el próximo domingo 10 de septiembre. La moción fue aprobada con más de 120 votos.

Así las cosas, es importante cuestionarse por qué fijar un plazo súper rápido para que la comisión pesquisidora entregue un informe circunstanciado, en el que recomienda o no retirar el antejuicio contra el presidente Morales. En realidad, lo que nos permite ver esta acción es que lejos de entrampar el proceso, al partido oficial le urge hacer la votación en el pleno, lo que nos lleva al siguiente escenario prospectivo:

1. El antejuicio contra el presidente Jimmy Morales será improbado por el pleno, es decir, los diputados no apoyarán la recomendación de retirarle la inmunidad.
2. No habrá votación a favor o en contra.
En el primer caso, para despojar de la inmunidad al presidente Morales, en términos de ciencia política, el pleno necesita una mayoría calificada, que en este caso son las dos terceras partes del Congreso, el equivalente a 105 votos.

La intención del partido oficial de apurar la presentación del informe de la pesquisidora en no más de 5 días, tiene que ver con la soberbia, pues lo que evidencian es que tienen los votos necesarios para rechazar la solicitud de antejuicio contra el mandatario, pero necesitan apurar la presentación, con tal de mantener los acuerdos.

Este antejuicio llega en un momento clave, porque el partido oficial tiene dos cosas con qué negociar, la primera es el presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal 2018; la segunda es la elección de la junta directiva también para el 2018. Está claro, y es obvio a todas luces, que el antejuicio no prosperará, pero ellos olvidaron tener un plan de contingencia para enfrentar las consecuencias no intencionadas que se avecinarán al Congreso.

Ahora bien, en este momento el Congreso es el epicentro de la crisis, el presidente Morales ya no es importante, el punto está en que el Congreso tendrá que pagar un desgaste significativo y un costo político muy alto; hablo no solamente de un diluvio, sino de un cataclismo completo.

El Congreso está por vivir una tormenta perfecta, porque quienes barajan las cartas son el Ministerio Público y la Cicig y pronto revelarán que aún no se han jugado todas. Cobrará relevancia el mentado caso Oderbrecht, además de procesos judiciales para más diputados, se pondrán en la mira conexiones de financiamiento electoral ilícito y las mafias con las que se han relacionado algunos diputados, por mencionar algo.

Muchos hablan de la valentía del presidente Morales para nombrar non grato a Iván Velásquez, pero no se trata de valentía, se trata de inteligencia, y desde que se rebeló la estrategia presidencial, se puede observar que Morales y sus aliados solapados, son demasiado predecibles. Todo después de una conferencia de prensa fallida que coronó al vocero presidencial, Heinz Heiman, como un fantoche, ridículo, con cero criterios y queriendo tapar el sol con el dedo, lo cual solamente pone en evidencia que estamos como barco a la deriva.

Parece que el vocero presidencial es más enemigo que amigo del presidente, porque cada vez que habla lo mete en más problemas y transparenta la ira del ejecutivo contra el MP y la Cicig, como lo hizo en días recientes cuando declaró que el gobierno no recibe órdenes en inglés, ni en taiwanés ni en mandarín.

El diluvio que caerá sobre el Congreso ya ha tenido algunas premoniciones, pues el todavía Embajador de Estados Unidos en Guatemala Todd Robinson, dijo entre líneas que habían muchos diputados y alcaldes que no habían aprendido las lecciones del 2015, y que quizás no hoy y no mañana, pero tarde o temprano, las aprenderían. Esas palabras apocalípticas deberían ser escuchadas con mucha atención, porque prácticamente anuncia que la furia se desatará en el Congreso.

Como presión externa, el 7 de septiembre las publicaciones de medios impresos como elPeriódico y Prensa Libre, mencionan que senadores estadounidenses urgen a Guatemala investigar y luchar contra la corrupción y la impunidad. Estos senadores demócratas, como Ben Cardin, Tim Kaine y el republicano James Lankford, ya pidieron al secretario de estado Rex Tillerson y a la embajadora americana ante la ONU, Nikky Haley, que su país retenga el 50% de la ayuda a Guatemala, hasta que existan acciones claras del Gobierno en contra de la corrupción.

En definitiva, el tema de la crisis política en Guatemala a estas alturas ha desviado su enfoque del presidente Morales, porque la lección aprendida para los norteamericanos es que no se trata del presidente, sino del sistema mismo. A esto le sumamos que Morales no da la cara desde el 18 de agosto y que seguramente tampoco se expondrá ante los medios en una citación del Congreso.

En conclusión, la mala gestión de la comunicación del presidente Morales y tener los votos negociados en el Congreso para evitar que le retiren la inmunidad, les hace creer que tienen ventaja y que todo está solucionado, pero quizás no han pensado que solamente llevaron la crisis a donde el MP y la Cicig la quieren llevar, que es al Congreso.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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