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Bolivia: Se debe atender la masiva demanda popular

Luis Gonzalez
19 de enero, 2018

Editorial de El Diario de Bolivia del 19 de enero de 2018

Las universidades, los maestros, los profesionales, la COB, el transporte pesado, los periodistas, las iglesias Católica y Evangélicas, los gremiales y, lo que es más importante, la espontanea adhesión de la ciudadanía común y las familias, son protagonistas de marchas y paros.

Ahora la protesta se ha trasladado a los departamentos del país. Santa Cruz se paralizó con la totalidad de sus provincias el día 12 en curso; la población de Cochabamba en su integridad -incluido Quillacollo- replicó idéntica acción.

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Trinidad, Beni, se sumó sin distinciones el día 17, pese a la represión; Tarija el 19 y Pando lo hizo recientemente. En Oruro y Chuquisaca no se han interrumpido continuas marchas con el mismo propósito cívico.

Estos pronunciamientos insoslayables concentran sus demandas en estos puntos: Abrogación del Código del Sistema Penal (CSP); cumplimiento irrenunciable del Referendo del 21 F, que rechazó la modificación del 168 de la Constitución, es decir, la no reelección de Presidente y Vicepresidente y, por último, que no se dé curso al fallo del Tribunal Constitucional que establece la reelección indefinida.

Ante la contundencia del paro médico, la actitud terca y soberbia que el Gobierno demostró en anteriores demandas sociales y cívicas empezó a resquebrajarse y el Legislativo acató la “decisión” del presidente Morales de derogar los artículos 137 y 205 del CSP.

Como las demandas están en pie, actuando por encima del Órgano Legislativo, el Jefe del Estado anunció que otorga 1 año para la socialización de esa Ley. Es una medida distractiva harto conocida.

Esta actitud desoye el clamor general frente a las decenas de artículos de la legislación cuestionada, que amenazan con sanciones severas en determinados casos y en otros incurren en rebajas de penas en relación con el llamado Código Penal Banzer o a la Ley Quiroga Santa Cruz.

Por ejemplo, se criminaliza severamente la sedición o “atribuirse los derechos del pueblo”, coartando en realidad el derecho a la protesta, no obstante estar garantizada por la Constitución y lo hacen con penas mayores a las del Código aún vigente.

Añaden el castigo por “odio o venganza” contra alguna autoridad, novedad subjetiva y peligrosa.

Otra parte no menos alarmante es la sanción con 4 a 8 años de presidio a los ciudadanos que no paguen impuestos o paguen menos, más el 100% de multa y otros. Son, pues, muchos los artículos cuestionados.

Corresponde a un gobierno responsable de sus deberes de buena administración, la organización ahora de 3 comisiones para cada una de las partes del CSP (Código Penal, Procedimiento y Política Criminal), las que deben ser integradas por juristas expertos en cada una de dichas partes, universidades, Colegios de Abogados, miembros del Legislativo y una racional representación de la COB.

El objetivo debe ser revisar a fondo toda la disposición -que no es lo mismo que abrogarla- compatibilizarla debidamente para eliminar las contradicciones y, en fin, lograr un Código verdaderamente justiciero y equitativo.

República es ajena a los comentarios de este artículo

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