Las justificaciones de medios de comunicación de Guatemala sobre acciones estrictamente legales y que a condición hepática juzgan de oportunistas se han convertido en el medio de resolver las disputas en tribunales. Con muestra de una acémila postura ante el tribunal constitucional de Guatemala.
De forma manifiesta el magistrado de conciencia elabora un discurso político para mediatizar la postura de las decisiones de Estado en las primeras semanas de enero. Olvidan muy pronto que política es el arte de alcanzar y mantener el poder. Las decisiones constitucionales son fundamento de la legalidad de la norma constitucional y no de la acción que recae sobre lo fundamentado.
Ninguna acción política tiene carácter moral o altruista sino marca esa condición de mantener la unidad de Estado. Hay acciones que disfrazadas de buena voluntad son perversas y acciones perversas que al parecer son juzgadas por la anima aversión que guatemaltecos tienen contra otros guatemaltecos por problemas estrictamente personales y no sociales. Usar el medio de comunicación como un instrumento de manipulación política es razón suficiente para que su credibilidad de opinión pública sea cuestionada.
Por otro lado, los comentarios de lector que aparecen disfrazados de opinión pública son errados provenientes de personas que en sus acciones se han deshumanizado y manifiestan un profundo resentimiento social. Lamento mucho que la libertad de expresión no exista en Guatemala sino una norma constitucional de emisión del pensamiento que no puede medir si es mejor hablar o callar.
El silencio es una forma de comunicación social y quedo demostrado cuando en la renuncia de Jorge Serrano Elías las columnas aparecen totalmente en blanco. Eso demostró que no solo el poder de la palabra sino del reconocimiento del mutismo produce cambios en la vida del país. Fue descomunal la forma que del 2014 a las 2017 múltiples instituciones del Estado independientes hincaron su ponzoña contra el guatemalteco para mantener el estatus quo de sus corruptelas no de carácter económico sino clientelar y político.
No aplaudo ni condeno la decisión del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin embargo, las acciones que impidieron el alcance de metas fue la persecución y amenaza del ciudadano común, obligado por ley a declarar que fue perseguido, acorralado y despersonalizado por la acción abrupta de Juan Francisco Solórzano Foppa.
Lo que las personas no ven es lo que no aparece en los medios y es esa desaceleración económica producto de una persecución al patrimonio legítimo de los guatemaltecos y la propiedad privada por manos perversas nacionales e internacionales que bajo la frase shithole dañan la integridad de un pueblo, valores y acciones dignas.
Es necesario hacer un alto a esta serie de insultos recíprocos que vienen de directores de medios, asesores de medios, prensa nacional e internacional y asesores institucionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio Público y demás instituciones vinculadas a ellos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Las justificaciones de medios de comunicación de Guatemala sobre acciones estrictamente legales y que a condición hepática juzgan de oportunistas se han convertido en el medio de resolver las disputas en tribunales. Con muestra de una acémila postura ante el tribunal constitucional de Guatemala.
De forma manifiesta el magistrado de conciencia elabora un discurso político para mediatizar la postura de las decisiones de Estado en las primeras semanas de enero. Olvidan muy pronto que política es el arte de alcanzar y mantener el poder. Las decisiones constitucionales son fundamento de la legalidad de la norma constitucional y no de la acción que recae sobre lo fundamentado.
Ninguna acción política tiene carácter moral o altruista sino marca esa condición de mantener la unidad de Estado. Hay acciones que disfrazadas de buena voluntad son perversas y acciones perversas que al parecer son juzgadas por la anima aversión que guatemaltecos tienen contra otros guatemaltecos por problemas estrictamente personales y no sociales. Usar el medio de comunicación como un instrumento de manipulación política es razón suficiente para que su credibilidad de opinión pública sea cuestionada.
Por otro lado, los comentarios de lector que aparecen disfrazados de opinión pública son errados provenientes de personas que en sus acciones se han deshumanizado y manifiestan un profundo resentimiento social. Lamento mucho que la libertad de expresión no exista en Guatemala sino una norma constitucional de emisión del pensamiento que no puede medir si es mejor hablar o callar.
El silencio es una forma de comunicación social y quedo demostrado cuando en la renuncia de Jorge Serrano Elías las columnas aparecen totalmente en blanco. Eso demostró que no solo el poder de la palabra sino del reconocimiento del mutismo produce cambios en la vida del país. Fue descomunal la forma que del 2014 a las 2017 múltiples instituciones del Estado independientes hincaron su ponzoña contra el guatemalteco para mantener el estatus quo de sus corruptelas no de carácter económico sino clientelar y político.
No aplaudo ni condeno la decisión del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin embargo, las acciones que impidieron el alcance de metas fue la persecución y amenaza del ciudadano común, obligado por ley a declarar que fue perseguido, acorralado y despersonalizado por la acción abrupta de Juan Francisco Solórzano Foppa.
Lo que las personas no ven es lo que no aparece en los medios y es esa desaceleración económica producto de una persecución al patrimonio legítimo de los guatemaltecos y la propiedad privada por manos perversas nacionales e internacionales que bajo la frase shithole dañan la integridad de un pueblo, valores y acciones dignas.
Es necesario hacer un alto a esta serie de insultos recíprocos que vienen de directores de medios, asesores de medios, prensa nacional e internacional y asesores institucionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio Público y demás instituciones vinculadas a ellos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo