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¿Qué pasa en Guate?

Carolina Castellanos
25 de enero, 2018

Empiezo con diagnosticar algunos síntomas de cómo estamos en nuestro país. Hay reducción en el consumo de energía eléctrica (menos producción). El desempleo ocasiona que cada año haya alrededor de 110,000 graduandos de diversificado que no logran integrarse al sector formal. ¿A qué se dedicarán? Hay una baja en el crédito bancario al sector privado (no estamos prestando pisto). Y tenemos una altísima dependencia en las remesas familiares (10.9% del PIB). Esto puede no ser sostenible por mucho tiempo pues el Presidente Trump anunció en su cuenta de Twitter que se logró el índice más bajo de inmigración ilegal en Estados Unidos en los últimos 45 años. La “guinda en el pastel”: Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que consideren venir a Guatemala.

¿Qué ha generado todos estos datos tan negativos? Primero, tenemos un sistema de justicia colapsado, parcializado y lento. Aquello de “justicia pronta y cumplida” está muy lejos de ser real.
La corrupción sigue igual o peor que antes. Un montón de gente en la cárcel no resuelve el problema. Nos alegramos que haya capturas, pero es imprescindible que se siga el debido proceso y que haya justicia pronta. Hay que cambiar sistemas de compras y contrataciones, reducir trámites, y un largo etcétera.

La polarización es extrema. La desinformación y las acusaciones en contra de los que piensan diferente, están a la orden del día. Ver twitter es realmente aterrador si pensamos en que nadie, o muy pocos, están haciendo propuestas para mejorar el país.
La conflictividad está llegando a extremos. Esto se traduce en el ataque sistemático a los proyectos de inversión y desarrollo, invasión de plantaciones de palma africana y azúcar, destrucción y muerte. También continúan los bloqueos en carreteras, que impiden el comercio, principalmente a los pequeños y medianos empresarios. Estos bloqueos representaron pérdidas de más de US$60 millones el año pasado (datos de BANGUAT).

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Encima de todo, la Corte de Constitucionalidad no resuelve en el caso de la Minera San Rafael, que lleva casi nueve meses sin operar. Esto representó Q125 millones menos en tributación. Hasta el momento, van 250 familias que se suman a la fila de los más de 110,000 desempleados que mencionamos antes. Según el Banco de Guatemala, si la mina hubiera operado todo el año, hubiera contribuido con un 0.2% en el crecimiento del PIB.
Todo esto se traduce en una falta de certeza jurídica, de confianza en que usted tendrá trabajo siempre, en que si es honesto, paga sus impuestos y genera empleo, todo estará bien.

Las garantías de protección de inversiones son fundamentales para retenerlas y ampliarlas. Esto incluye, entre otros, protecciones legales contra expropiaciones (eso son las invasiones), la conducta no transparente o arbitraria del gobierno y un sistema de justicia “justo” y eficiente.
Sin inversión, no hay empleos. Sin empleos, hay pobreza. Un país pobre no tiene futuro… para nadie.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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