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Ladrones versus corruptos

José Carlos Ortega
27 de enero, 2018

Que la SAT no devuelva el crédito fiscal de miles de empresas y personas debiera considerarse un delito legalmente, porque en la práctica es un hecho inmoral y un robo…

Se define en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al ladrón como aquel que “hurta o roba”, es decir, aquella persona que se apropia de algo que no es suyo, que irrespeta la propiedad de una persona para intentar apropiarse él para sí o para otro eso que no le pertenece.

Esta semana, en el “jueves de CICIG”® se tuvo la captura y persecución de algunos empresarios o empleados de empresas, la persecución de un diputado y captura de otros funcionarios, entre los que se contaba al exsuperintendente de la Superintendencia de Adminsitración Tributaria – SAT -. Posiblemente, después de la detención del expresidenciable y exdiputado Lic. Manuel Antonio (ahora sí te toca) Baldizón Méndez, la ampliación de cargos contra el exministro, exdiputado y también expresidenciable Alejandro Jorge (Sipi) Sinibaldi Aparicio, la persecución contra Carlos Arturo (la ranita) Batres Rivera, por el famoso y finalmente destapado – pero de ninguna manera suficientemente aclarado – caso Odebrecht, permitió que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CiCIG – y el Ministerio Público (MP) y los funcionarios que las presiden, recobraran el sentimiento a favor que muchos guatemaltecos les proporcionaron en 2015. Además, la detención por acusación de plazas fantasmas del diputado Arístides Crespo Villegas generaba un nuevo sentimiento a favor de ambas dependencias.

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Entonces, en el momento del famoso “jueves de CICIG”® que capturaba exsuperintendente, empresario, representantes de empresas y perseguía a un exvicepresidenciable Mario Leal Castillo también a su padre y también empresario Mario Leal Pivaral, así como la petición de retirar el derecho de antejuicio al diputado del partido TODOS Felipe (Filipao) Alejos Lorenzana el favor de la ciudadanía se encontraba completamente a favor, estaba “viento en popa”. Aunque estoy completamente de acuerdo en que el haber “procurado”, siendo funcionarios públicos, y además cobrar por esa procuración es un acto de corrupción, pero con la mira de cambiar el sistema hacia uno libre de estos hechos, previniéndolos, entonces se debe analizar el hecho a profundidad.

El hecho que origina los actos delictivos perseguidos y a seguir investigando se refieren principalmente a la devolución del crédito fiscal generada a través de la facturación que realizan los exportadores y que por ley se deben devolver al exportador después de un procedimiento de verificación. Ahora bien, en muchísimos casos, esa devolución no se hace en años, generando a las empresas o personas una falta de liquidez (de falta de ingresos en su flujo de caja) que puede causarle serios problemas hasta llevarle a la quiebra. Que la SAT no devuelva el crédito fiscal de miles de empresas y personas debiera considerarse un delito legalmente, porque en la práctica es un hecho inmoral y un robo por el intento, que a veces es permanente, de dichos recursos monetarios.

Nos encontramos ante la pregunta que le hiciera una reportera a la fiscal y jefa del Ministerio Pública, la Licda. Msc. Thelma Esperanza Aldana Hernández, y que en su lugar respondiera el Dr. Iván Velásquez Gómez aduciendo que muchas empresas no se veían en la tentación de cometer estos delitos, que no era lo correcto, etc. ¡Pero, cuando no se ha tenido una empresa que tiene que lidiar con el robo de recursos por parte del Estado y todo su poder, eso no se puede comprender!

No puedo defender el hecho ilícito cometido por los funcionarios a cambio de pagos, y tampoco de los empresarios que pagaban esas extorsiones-sobornos pues hay muchas empresas que no lo hacen. Tampoco puedo justificar y demando de las autoridades que se elimine toda la discrecionalidad posible de los funcionarios en procesos de autorización, verificación, revisión, etc. y sobre todo cuando el Estado debe responder a sus compromisos de pago o de devolución, tal el caso de la devolución del crédito fiscal, porque no devolverlo es un robo flagrante, sobre todo por la posición de poder del Estado, y convierte a los funcionarios que no lo tramitan y a los que no lo quieren hacer en ladrones. Claro, de esos ladrones, no hay ningún procesado, y lejos estamos que Comisionado y Fiscal quieren, como ni legalmente se puede perseguir, pero por lo menos verlo para comprender el proceso.

En todos los procesos que realiza el Estado, de autorizaciones, licencias, verificaciones, cuando se mantiene la discrecionalidad del funcionario, cuando puede retrasarlo o no existen procesos de automatización y de responsabilidad directa del funcionario, además de la delimitación de plazos, se incentiva la corrupción como elemento de hacer funcionar el sistema, perjudicando a toda la sociedad.

Esto se puede ver hasta en los procesos más sencillos. De un procedimiento burocrático, inseguro, tardado para obtener pasaportes, pasamos a uno eficaz donde se obtenía en una hora durante años. Ahora, hemos regresado a la inefectividad de antes, con los mismos procedimientos cuando se privatizó, pero con escasez de cartillas, etc. Se culpa a los “tramitadores” de cobrar el puesto y a veces de la estafa que hacen a los ciudadanos que intentan obtener los suyos, pero los tramitadores surgen como una respuesta a la ineficacia de la operación. Si esta ineficacia no existiera, la función de los tramitadores desaparece. Nuevamente los guatemaltecos debemos perder, sí, perder, horas de trabajo y productividad para poder obtener un pasaporte, asunto que se resolvía antes en menos de una hora. Se ahorra en la no contratación de una empresa que lo hacía bien, con la excusa de ahorrar costos, que después se vuelven mayores por asuntos de sindicatos y pactos colectivos, y reducir la productividad total del país. Pero eso no importa, porque hay un enojo de la población contra aquella empresa que gana demasiado, por lo tanto, hay que corregir y arruinar la productividad a costa de todos. Seguramente ya debe haber algún trasnochado pensando lo mismo con trámites como la licencia.

Es tiempo de corregir el rumbo, de corregir los sistemas, y estos pueden empezar eliminando la discrecionalidad de los funcionarios y responsabilizándose de sus funciones. ¡Así se combate la corrupción!

Sígame y coménteme en Twitter: @josekrlos

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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