Pareciera que hemos estado en pausa en estas últimas semanas. Después del vendaval que hubo como consecuencia de las decisiones del Presidente de no renovar el mandato de la CICIG y de expulsar a Iván Velásquez del país, hemos estado en una relativa calma. Es decepcionante en el sentido que casi todo en Guatemala se ha medido en relación a CICIG, como si esta organización fuera el centro de todo. Lo fue, “de facto”, pero ya no.
Muchos están a la espera del nombramiento de quien ocupará el cargo de comisionado. El “estira y encoje” entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala sigue su curso, aunque no con la celeridad con la que empezó el proceso. De esa cuenta me parece que es la “sociedad civil” quien es la más deseosa de recibir al nuevo “dios”, para que siga “luchando contra la corrupción”. Esto último lo pongo entre comillas pues, como he dicho en reiteradas ocasiones, meter un motón de personas a la cárcel no es luchar contra la corrupción. Si el Congreso asumiera su papel en esto, ya habría modificado una gran cantidad de leyes y regulaciones simplificando procesos, poniendo candados en los presupuestos, cambiando sistemas, cumpliendo su labor de fiscalización, etc.
También estamos a la espera del inicio del proceso electoral. Derivado del adelanto en la fecha de convocatoria respecto a las ocasiones anteriores, nos encontramos una antesala de tres meses esperando a ver quiénes estarán listos para la carrera, a quiénes se les permitirá participar y a quiénes no, tanto partidos como candidatos a Presidente, alcaldes, diputados, etc.
Los bloqueos a carreteras también parecieran estar en pausa. Codeca no ha actuado en algún tiempo. Suponemos que están concentrados en terminar de formar su partido político (Movimiento de Liberación de los Pueblos, MLP), formando su listado de candidatos, etc. El único bloqueo es el de la Franja Transversal del Norte que inició el 11 de septiembre. Los bloqueadores cobran a todo el que pasa (los montos varían), y el gobierno no ha hecho (o no ha podido o querido) hacer algo al respecto.
Lo que ya es una pausa permanente es la reactivación de la Mina San Rafael. No se les permitió reiniciar operaciones mientras hacen la consulta de acuerdo al Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Por otro lado, la sentencia no está firme, por lo que no pueden iniciar la consulta. Los que ya no pueden seguir esperando son los trabajadores de la mina ni los habitantes de las poblaciones aledañas. La falta de trabajo genera pobreza y migración.
Menciono a la mina San Rafael pues el gobierno dejó de percibir aproximadamente mil millones de quetzales en impuestos y regalías, producto de la extracción. ¡Cuánto se pudo haber hecho con ese dinero! Adicionalmente, la falta de certeza jurídica que ocasionó el retraso de casi un año en obtener una sentencia, es una de las causas por las que no hay inversión extranjera y, consecuentemente, la generación de empleos. Como si no fuera suficiente, el país dejó de crecer 0.4% en el año que no ha operado la mina.
Los efectos económicos de las decisiones de la corte de constitucionalidad (en minúsculas, a propósito), de la politización de la justicia que hizo CICIG, de la inoperatividad del gobierno especialmente en ejecución de obra pública como la red vial, entre otros, son muy negativos. Tenemos una economía estancada, un gran desempleo por la falta de inversión local y extranjera, una revisión a la baja en el crecimiento del país (PIB), mucha desconfianza e inestabilidad. A esto se suma la caída en exportaciones por los bajos precios internacionales de varios de los productos que exportamos y un incremento en el precio del combustible por el la subida del precio del petróleo.
Guatemala no puede esperar más. Los problemas casi ancestrales como la desnutrición, el subdesarrollo, la pobreza extrema, la falta de oportunidades para poder trabajar y tener una vida digna, no pueden estar en pausa, esperando a que algo suceda para que cambien. Tampoco podemos seguir esperando a que el gobierno actúe y resuelva todo. Nos toca contribuir a la solución de lo que esté a nuestro alcance. Y también nos corresponde exigir a los funcionarios que trabajen y cumplan con la labor que les fue encomendada.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Pareciera que hemos estado en pausa en estas últimas semanas. Después del vendaval que hubo como consecuencia de las decisiones del Presidente de no renovar el mandato de la CICIG y de expulsar a Iván Velásquez del país, hemos estado en una relativa calma. Es decepcionante en el sentido que casi todo en Guatemala se ha medido en relación a CICIG, como si esta organización fuera el centro de todo. Lo fue, “de facto”, pero ya no.
Muchos están a la espera del nombramiento de quien ocupará el cargo de comisionado. El “estira y encoje” entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala sigue su curso, aunque no con la celeridad con la que empezó el proceso. De esa cuenta me parece que es la “sociedad civil” quien es la más deseosa de recibir al nuevo “dios”, para que siga “luchando contra la corrupción”. Esto último lo pongo entre comillas pues, como he dicho en reiteradas ocasiones, meter un motón de personas a la cárcel no es luchar contra la corrupción. Si el Congreso asumiera su papel en esto, ya habría modificado una gran cantidad de leyes y regulaciones simplificando procesos, poniendo candados en los presupuestos, cambiando sistemas, cumpliendo su labor de fiscalización, etc.
También estamos a la espera del inicio del proceso electoral. Derivado del adelanto en la fecha de convocatoria respecto a las ocasiones anteriores, nos encontramos una antesala de tres meses esperando a ver quiénes estarán listos para la carrera, a quiénes se les permitirá participar y a quiénes no, tanto partidos como candidatos a Presidente, alcaldes, diputados, etc.
Los bloqueos a carreteras también parecieran estar en pausa. Codeca no ha actuado en algún tiempo. Suponemos que están concentrados en terminar de formar su partido político (Movimiento de Liberación de los Pueblos, MLP), formando su listado de candidatos, etc. El único bloqueo es el de la Franja Transversal del Norte que inició el 11 de septiembre. Los bloqueadores cobran a todo el que pasa (los montos varían), y el gobierno no ha hecho (o no ha podido o querido) hacer algo al respecto.
Lo que ya es una pausa permanente es la reactivación de la Mina San Rafael. No se les permitió reiniciar operaciones mientras hacen la consulta de acuerdo al Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Por otro lado, la sentencia no está firme, por lo que no pueden iniciar la consulta. Los que ya no pueden seguir esperando son los trabajadores de la mina ni los habitantes de las poblaciones aledañas. La falta de trabajo genera pobreza y migración.
Menciono a la mina San Rafael pues el gobierno dejó de percibir aproximadamente mil millones de quetzales en impuestos y regalías, producto de la extracción. ¡Cuánto se pudo haber hecho con ese dinero! Adicionalmente, la falta de certeza jurídica que ocasionó el retraso de casi un año en obtener una sentencia, es una de las causas por las que no hay inversión extranjera y, consecuentemente, la generación de empleos. Como si no fuera suficiente, el país dejó de crecer 0.4% en el año que no ha operado la mina.
Los efectos económicos de las decisiones de la corte de constitucionalidad (en minúsculas, a propósito), de la politización de la justicia que hizo CICIG, de la inoperatividad del gobierno especialmente en ejecución de obra pública como la red vial, entre otros, son muy negativos. Tenemos una economía estancada, un gran desempleo por la falta de inversión local y extranjera, una revisión a la baja en el crecimiento del país (PIB), mucha desconfianza e inestabilidad. A esto se suma la caída en exportaciones por los bajos precios internacionales de varios de los productos que exportamos y un incremento en el precio del combustible por el la subida del precio del petróleo.
Guatemala no puede esperar más. Los problemas casi ancestrales como la desnutrición, el subdesarrollo, la pobreza extrema, la falta de oportunidades para poder trabajar y tener una vida digna, no pueden estar en pausa, esperando a que algo suceda para que cambien. Tampoco podemos seguir esperando a que el gobierno actúe y resuelva todo. Nos toca contribuir a la solución de lo que esté a nuestro alcance. Y también nos corresponde exigir a los funcionarios que trabajen y cumplan con la labor que les fue encomendada.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo