Esta semana salió libre el señor Raúl Velásquez, ex Ministro de Gobernación de los tiempos de Colóm, luego de 6 años, 2 meses y 18 días en prisión. Fue el cuarto Ministro de Gobernación de la Administración de Alvaro Colóm. Acusado de concusión, abuso de autoridad, lavado de dinero y conspiración en el caso Maskana, de los cuales ni uno de los cargos fue posible comprobar porque los supuestos testigos ni conocían al implicado. Ah, pero ello no evitó que pasara más de 6 años preso, así porque sí, lo que constituye una vergüenza más para la administración Velásquez-Aldana.
Me llegó información sobre otro caso que llora sangre y por ello se los comparto. Es el caso de los banqueros ex integrantes de la Junta Directiva del Bantrab. Cuando la mayoría de ellos, ingresaron al -en ese entonces número 35 de 36 Bancos del Sistema- éste contaba con apenas sesenta millones de quetzales en activos totales y dieciocho millones de quetzales en pérdidas acumuladas. Luego de años de trabajo, el Bantrab, que es un ente privado que no maneja fondos de los contribuyentes, en el año 2013 llega a posicionarse, como el quinto grupo financiero de Guatemala, con activos superiores a los diecinueve mil millones de quetzales y ganancias superiores a los cuatrocientos cincuenta millones de quetzales anuales. Es decir, pasó a ser el quinto banco más importante del país para orgullo de sus miles de trabajadores propietarios y su directorio.
El Bantrab adquirió el Banco de la República en medio de la crisis sub prime que sacudió el mundo financiero en el 2008. Es importante subrayar que aún cuando el banco no es un ente estatal, por la naturaleza especial de su creación, es el Presidente de la República quien nombra a un director que preside una junta de 5 titulares.
Consecuencia de esa transacción el Banco adquirió una aseguradora, y ya con financiera, casa de bolsa y fundación formaron un poderoso grupo financiero, que los puso en el mapa financiero de Guatemala como un jugador importante. En el 2013 es obligado por requerimientos de capital, a realizar una gestión internacional de capitalización, que realizó por medio de un broker dealer (intermediari) de USA, y se hace con una entidad panameña, con capital venezolano, pero que a requerimiento del Directorio, los fondos son transferidos del Banco JP Morgan con sede en Nueva York para blindar la operación.
Tres años después, el Presidente del Banco, Lic. Hernández, se entera por medios internacionales de prensa que la entidad DHK, Finance, misma que adquirió las acciones preferentes de dividendo garantizado, es objeto de una investigación federal en los USA, y contrata los servicios del Ex Subsecretario de Estado de EEUU, el Embajador Otto Reich en Washington, para evaluar los riesgos que corre el Banco, en un eventual involucramiento de dicha entidad con mafias del gobierno Venezolano. Al terminar dicha evaluación la comparte con la Superintendencia de Bancos de Guatemala y solicita al entonces Superintendente, Lic José Alejandro Arévalo Alburez, la colaboración de ese ente para revertir la operación de compra de las acciones y evitar que el Bantrab sea involucrado en futuros problemas ante las autoridades de USA por acciones del ente externo internacional que pudieran involucrar a Petróleos de Venezuela.
El Lic. Arévalo Alburez en lugar de proceder como Superintendente a dicha revisión, se ofreció como colaborador con CICIG y MP y de ahí que pidieran al Presidente Jimmy Morales la remoción del cargo del Lic. Hernández y presentar una denuncia penal por lavado de dinero contra los directores del banco aduciendo lavado de dinero cuando era perfectamente demostrable que el dinero provenía del prestigioso banco JP Morgan, en el que el Banco de Guatemala maneja las reservas monetarias. Como esa denuncia no prosperó, MP-Cicig con la colaboración de La Superintendencia de Bancos, armaron otro caso, claramente tergiversando hechos, y procedieron con una de sus espectaculares capturas circences, contra la totalidad de los miembros titulares de la Junta Directiva del Bantrab, que es propiedad de miles de trabajadores públicos y privados. En uno de esos allanamientos perdió la vida el Licenciado Pável Centeno, a quien señalan de haberse “suicidado” (tengo entendido que con varios tiros al torso).
Con ello, convirtieron un acto documentado, auditado y normal trámite bancario que se hace en toda institución financiera del mundo, en algo delictivo. Todas las garantías procesales les han sido violadas a los banqueros, además de violarles sus derechos humanos físicos, médicos, financieros y psicológicos.
En este caso, imputan peculado, cuando en el Bantrab no maneja fondos públicos, y el peculado es el delito cometido por funcionarios o empleados públicos que manejan fondos públicos. Interesante recordar que un banco constituye una plataforma financiera perfecta para fines político partidistas, y podría ser usado para financiar futuras campañas presidenciales.
Lavado de dinero cuando no constituye delito vender activos del banco. El MP-Cicig dijeron que habían simulado honorarios profesionales que fueron debidamente cobrados y facturados por la notario que fraccionó escrituras de hechos documentados, cobrando un arancel por debajo del promedio. Luego hablaron de 10 casas y mostraron fotos de otras propiedades de lujo, no las verdaderas que eran despojos, manipulando información a su conveniencia para engañar a la opinión pública.
Esas 10 casas que el Banco vendió, eran activos de poco valor, heredados de la compra de activos excluidos del extinto BANCAFE, no constituyendo delito vender activos extraordinarios por debajo de su valor, si bien en este caso el Bantrab ganó mucho dinero con dicha venta, por lo que es al revés de lo señalado por estos entes. Todo documentado, contabilizado y que fue probado en la etapa intermedia. No obstante toda la documentación fue ignorada por un Juez evidentemente cooptado y fueron todos los imputados ligados a proceso. Importante destacar que las empresas que compraron las casas facturaron y pagaron los impuestos correspondientes y no son empresas de cartón como dijeron MP-CICIG. Según parece, el mayor volumen del expediente de MP-Cicig es de documentos del caso Bancafé, que no tienen relación con este caso.
Finalmente está la acusación de asociación ilícita, que es obvio fue usada para justificar la presencia de Cicig en el caso, que con el de lavado fue pasado a la FECI que nada tiene que ver con un caso de ente particular como el Grupo Financiero Bantrab.
Los imputados son todos banqueros de carrera, con currículos impecables, décadas de experiencia en el ramo sin antecedentes de ningún tipo, y no criminales delincuentes organizados, como lo quisieron hacer ver ésta estructura criminal conformada por MP-CICIG-SB.
Es obvio pues que tomaron por asalto el quinto banco más grande de Guatemala, trabajado por muchas décadas por los directores que actualmente guardan prisión y que injustamente han sido sometidos a tortura física, psicológica y financiera, ya que se les embargaron todas sus cuentas bancarias. Pese a tener derecho a medidas sustitutivas no han podido lograr que un juez independiente las cese.
En la primera audiencia de este mediatizado caso, se solicitó la certificación de lo conducente a la ex fiscal General Thelma Esperanza Aldana, por haber violado la reserva del caso, ante la evidencia de una apurada conferencia de Prensa (obligados por la muerte del Licenciado Pável Centeno) que hicieron junto a Iván Velásquez. El juez, no obstante la evidencia del delito, optó por engavetar ese requerimiento, encubriendo impunemente a dicha ex funcionaria.
En el caso del señor Hernández, hizo dos acciones que vale la pena destacar. Hizo una formal denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y escribió un libro que originalmente fue publicado por Amazon Books, Kindle Books y actualmente en venta en las principales librerías de Guatemala. En este libro el señor Hernández cuenta con detalle, con nombres y apellidos todo el escarnio sufrido, así como la ilegal forma de despojarlos de un Banco trabajado, en su caso por largos 36 años de gestión. Asimismo, prueba con documentos los alcances de este injusto caso de violación al debido proceso y a sus derechos humanos, de todos los directores y de cientos de funcionarios y trabajadores que fueron destituidos y desarraigados de un Banco que les era propio.
Será de seguirle la pista a este nuevo caso que sale a la luz pública y que esperamos el MP de la Dra. Porras investigue debidamente para no seguir cometiendo otras injusticias, de las cuales, puede ser ella co-responsable.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Esta semana salió libre el señor Raúl Velásquez, ex Ministro de Gobernación de los tiempos de Colóm, luego de 6 años, 2 meses y 18 días en prisión. Fue el cuarto Ministro de Gobernación de la Administración de Alvaro Colóm. Acusado de concusión, abuso de autoridad, lavado de dinero y conspiración en el caso Maskana, de los cuales ni uno de los cargos fue posible comprobar porque los supuestos testigos ni conocían al implicado. Ah, pero ello no evitó que pasara más de 6 años preso, así porque sí, lo que constituye una vergüenza más para la administración Velásquez-Aldana.
Me llegó información sobre otro caso que llora sangre y por ello se los comparto. Es el caso de los banqueros ex integrantes de la Junta Directiva del Bantrab. Cuando la mayoría de ellos, ingresaron al -en ese entonces número 35 de 36 Bancos del Sistema- éste contaba con apenas sesenta millones de quetzales en activos totales y dieciocho millones de quetzales en pérdidas acumuladas. Luego de años de trabajo, el Bantrab, que es un ente privado que no maneja fondos de los contribuyentes, en el año 2013 llega a posicionarse, como el quinto grupo financiero de Guatemala, con activos superiores a los diecinueve mil millones de quetzales y ganancias superiores a los cuatrocientos cincuenta millones de quetzales anuales. Es decir, pasó a ser el quinto banco más importante del país para orgullo de sus miles de trabajadores propietarios y su directorio.
El Bantrab adquirió el Banco de la República en medio de la crisis sub prime que sacudió el mundo financiero en el 2008. Es importante subrayar que aún cuando el banco no es un ente estatal, por la naturaleza especial de su creación, es el Presidente de la República quien nombra a un director que preside una junta de 5 titulares.
Consecuencia de esa transacción el Banco adquirió una aseguradora, y ya con financiera, casa de bolsa y fundación formaron un poderoso grupo financiero, que los puso en el mapa financiero de Guatemala como un jugador importante. En el 2013 es obligado por requerimientos de capital, a realizar una gestión internacional de capitalización, que realizó por medio de un broker dealer (intermediari) de USA, y se hace con una entidad panameña, con capital venezolano, pero que a requerimiento del Directorio, los fondos son transferidos del Banco JP Morgan con sede en Nueva York para blindar la operación.
Tres años después, el Presidente del Banco, Lic. Hernández, se entera por medios internacionales de prensa que la entidad DHK, Finance, misma que adquirió las acciones preferentes de dividendo garantizado, es objeto de una investigación federal en los USA, y contrata los servicios del Ex Subsecretario de Estado de EEUU, el Embajador Otto Reich en Washington, para evaluar los riesgos que corre el Banco, en un eventual involucramiento de dicha entidad con mafias del gobierno Venezolano. Al terminar dicha evaluación la comparte con la Superintendencia de Bancos de Guatemala y solicita al entonces Superintendente, Lic José Alejandro Arévalo Alburez, la colaboración de ese ente para revertir la operación de compra de las acciones y evitar que el Bantrab sea involucrado en futuros problemas ante las autoridades de USA por acciones del ente externo internacional que pudieran involucrar a Petróleos de Venezuela.
El Lic. Arévalo Alburez en lugar de proceder como Superintendente a dicha revisión, se ofreció como colaborador con CICIG y MP y de ahí que pidieran al Presidente Jimmy Morales la remoción del cargo del Lic. Hernández y presentar una denuncia penal por lavado de dinero contra los directores del banco aduciendo lavado de dinero cuando era perfectamente demostrable que el dinero provenía del prestigioso banco JP Morgan, en el que el Banco de Guatemala maneja las reservas monetarias. Como esa denuncia no prosperó, MP-Cicig con la colaboración de La Superintendencia de Bancos, armaron otro caso, claramente tergiversando hechos, y procedieron con una de sus espectaculares capturas circences, contra la totalidad de los miembros titulares de la Junta Directiva del Bantrab, que es propiedad de miles de trabajadores públicos y privados. En uno de esos allanamientos perdió la vida el Licenciado Pável Centeno, a quien señalan de haberse “suicidado” (tengo entendido que con varios tiros al torso).
Con ello, convirtieron un acto documentado, auditado y normal trámite bancario que se hace en toda institución financiera del mundo, en algo delictivo. Todas las garantías procesales les han sido violadas a los banqueros, además de violarles sus derechos humanos físicos, médicos, financieros y psicológicos.
En este caso, imputan peculado, cuando en el Bantrab no maneja fondos públicos, y el peculado es el delito cometido por funcionarios o empleados públicos que manejan fondos públicos. Interesante recordar que un banco constituye una plataforma financiera perfecta para fines político partidistas, y podría ser usado para financiar futuras campañas presidenciales.
Lavado de dinero cuando no constituye delito vender activos del banco. El MP-Cicig dijeron que habían simulado honorarios profesionales que fueron debidamente cobrados y facturados por la notario que fraccionó escrituras de hechos documentados, cobrando un arancel por debajo del promedio. Luego hablaron de 10 casas y mostraron fotos de otras propiedades de lujo, no las verdaderas que eran despojos, manipulando información a su conveniencia para engañar a la opinión pública.
Esas 10 casas que el Banco vendió, eran activos de poco valor, heredados de la compra de activos excluidos del extinto BANCAFE, no constituyendo delito vender activos extraordinarios por debajo de su valor, si bien en este caso el Bantrab ganó mucho dinero con dicha venta, por lo que es al revés de lo señalado por estos entes. Todo documentado, contabilizado y que fue probado en la etapa intermedia. No obstante toda la documentación fue ignorada por un Juez evidentemente cooptado y fueron todos los imputados ligados a proceso. Importante destacar que las empresas que compraron las casas facturaron y pagaron los impuestos correspondientes y no son empresas de cartón como dijeron MP-CICIG. Según parece, el mayor volumen del expediente de MP-Cicig es de documentos del caso Bancafé, que no tienen relación con este caso.
Finalmente está la acusación de asociación ilícita, que es obvio fue usada para justificar la presencia de Cicig en el caso, que con el de lavado fue pasado a la FECI que nada tiene que ver con un caso de ente particular como el Grupo Financiero Bantrab.
Los imputados son todos banqueros de carrera, con currículos impecables, décadas de experiencia en el ramo sin antecedentes de ningún tipo, y no criminales delincuentes organizados, como lo quisieron hacer ver ésta estructura criminal conformada por MP-CICIG-SB.
Es obvio pues que tomaron por asalto el quinto banco más grande de Guatemala, trabajado por muchas décadas por los directores que actualmente guardan prisión y que injustamente han sido sometidos a tortura física, psicológica y financiera, ya que se les embargaron todas sus cuentas bancarias. Pese a tener derecho a medidas sustitutivas no han podido lograr que un juez independiente las cese.
En la primera audiencia de este mediatizado caso, se solicitó la certificación de lo conducente a la ex fiscal General Thelma Esperanza Aldana, por haber violado la reserva del caso, ante la evidencia de una apurada conferencia de Prensa (obligados por la muerte del Licenciado Pável Centeno) que hicieron junto a Iván Velásquez. El juez, no obstante la evidencia del delito, optó por engavetar ese requerimiento, encubriendo impunemente a dicha ex funcionaria.
En el caso del señor Hernández, hizo dos acciones que vale la pena destacar. Hizo una formal denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y escribió un libro que originalmente fue publicado por Amazon Books, Kindle Books y actualmente en venta en las principales librerías de Guatemala. En este libro el señor Hernández cuenta con detalle, con nombres y apellidos todo el escarnio sufrido, así como la ilegal forma de despojarlos de un Banco trabajado, en su caso por largos 36 años de gestión. Asimismo, prueba con documentos los alcances de este injusto caso de violación al debido proceso y a sus derechos humanos, de todos los directores y de cientos de funcionarios y trabajadores que fueron destituidos y desarraigados de un Banco que les era propio.
Será de seguirle la pista a este nuevo caso que sale a la luz pública y que esperamos el MP de la Dra. Porras investigue debidamente para no seguir cometiendo otras injusticias, de las cuales, puede ser ella co-responsable.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo