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El nombre del juego es ¿romper el orden constitucional?

Carolina Castellanos
02 de febrero, 2018

Esta semana ha sido una de las más difíciles que hemos tenido en un buen tiempo.  Sé que estarán pensando en épocas más duras como el deslave del Cambray, el incendio en el Hogar “seguro”, y muchas tragedias más.  Nada supera la muerte de tantas personas, definitivamente.

Pero esta semana tuvo algo que socava los fundamentos de nuestro país, aún llamado República.  Me refiero a la decisión de la corte de constitucionalidad (en minúsculas, a propósito), de suspender a la Junta Directiva del Congreso.

Efectivamente, había una diputada ocupando un cargo, fuera de la ley, por este asunto de los tránsfugas y los fallidos intentos de resolverlo.  Si hay algo fuera de la ley, hay que componerlo y legalizarlo.  Sin embargo, leímos y escuchamos muchísimos comentarios de abogados con larga trayectoria de integridad y profesionalismo en Guatemala, diciendo que lo que procedía era sustituir a esta diputada y no a toda la Junta Directiva.

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¿Por qué socava los fundamentos de nuestra República? Porque, nuevamente, no se respetó la Constitución Política de la República de Guatemala. Sé que la mayoría de nosotros no la hemos leído en su totalidad, de pronto no entendemos algunas cosas por ser muy técnicas y seguramente hay algunas cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero la Constitución es la ley suprema en Guatemala, es todo lo que tenemos para que nos resguarde de cualquier intento de romper y corromper el país.  Y fue la misma corte de constitucionalidad quien la violó, abiertamente, por razones claramente ideológicas.

El riesgo que se vuelva a romper el orden constitucional, como sucedió esta semana, es altísimo. Estamos a una próxima reunión de esta corte a que se vuelva a romper. Y esto no puede ser posible. En esta ocasión, en cuatro días quedó resuelto el problema.  Si la intención de la corte era que quedara otra Junta Directiva, pues falló en sus intentos.

Llamó también la atención el hecho que la corte resolviera tan rápido el recurso de ampliación que la Junta Directiva, ahora reelecta, interpuso.  No se tardó ni 24 horas.  Pero llevamos más de tres meses esperando a que resuelva en el caso San Rafael, cuando la ley le ordena hacerlo en 5 días.  Si la misma corte de constitucionalidad viola la ley, ¿cómo componemos esto? Como decían en aquella vieja serie de televisión, “y ahora, ¿quién podrá defendernos?”

¿Cuál es el origen de todo esto, fuera de las luchas ideológicas y de poder? A mi criterio, es la arbitrariedad de las leyes en Guatemala.  Están sujetas a interpretación y, por ende, a manipulación.

Estuve monitoreando Twitter por tres días, viendo el interés de la población en el tema.  El martes, el hashtag #Junta Directiva llegó a los 5,604 tuits a las 8:00 pm.  El miércoles bajó a 4,215 a la misma hora y el jueves, una hora después de la elección, llegó a 4,859 tuits.  Podemos decir, sin dudar, que sí había interés en el tema.  Esto es excelente noticia, pues hemos visto que, desde 2,015, el ejercicio de nuestra libertad de expresión ha generado cambios, ha detenido aberraciones como la que sucedió esta semana, ha manifestado las diversas opiniones y ha logrado que los políticos y funcionarios hasta actúen para enmendar algo o corregir el camino.

Este interés, demostrado con casi 15,000 tuits, debe continuar. Tenemos una corte de constitucionalidad que viola sistemáticamente la ley suprema que prometió defender.  El sistema de justicia está colapsado, inoperante y corrupto, como ya he manifestado antes. Estamos ahora en el proceso de elección del nuevo Fiscal General.  Esto se vuelve ahora en lo más importante para el futuro del país. Nuestro involucramiento directo, vía redes sociales, grupos, asociaciones, organizaciones gremiales, lo que sea, es trascendental para garantizar el Estado de Derecho, que lamentablemente se ha perdido en gran parte.  Tenemos a la máxima corte violando la Constitución.  Esto es la amenaza más grande y la señal que se nos viene una batalla muy compleja.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

El nombre del juego es ¿romper el orden constitucional?

Carolina Castellanos
02 de febrero, 2018

Esta semana ha sido una de las más difíciles que hemos tenido en un buen tiempo.  Sé que estarán pensando en épocas más duras como el deslave del Cambray, el incendio en el Hogar “seguro”, y muchas tragedias más.  Nada supera la muerte de tantas personas, definitivamente.

Pero esta semana tuvo algo que socava los fundamentos de nuestro país, aún llamado República.  Me refiero a la decisión de la corte de constitucionalidad (en minúsculas, a propósito), de suspender a la Junta Directiva del Congreso.

Efectivamente, había una diputada ocupando un cargo, fuera de la ley, por este asunto de los tránsfugas y los fallidos intentos de resolverlo.  Si hay algo fuera de la ley, hay que componerlo y legalizarlo.  Sin embargo, leímos y escuchamos muchísimos comentarios de abogados con larga trayectoria de integridad y profesionalismo en Guatemala, diciendo que lo que procedía era sustituir a esta diputada y no a toda la Junta Directiva.

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¿Por qué socava los fundamentos de nuestra República? Porque, nuevamente, no se respetó la Constitución Política de la República de Guatemala. Sé que la mayoría de nosotros no la hemos leído en su totalidad, de pronto no entendemos algunas cosas por ser muy técnicas y seguramente hay algunas cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero la Constitución es la ley suprema en Guatemala, es todo lo que tenemos para que nos resguarde de cualquier intento de romper y corromper el país.  Y fue la misma corte de constitucionalidad quien la violó, abiertamente, por razones claramente ideológicas.

El riesgo que se vuelva a romper el orden constitucional, como sucedió esta semana, es altísimo. Estamos a una próxima reunión de esta corte a que se vuelva a romper. Y esto no puede ser posible. En esta ocasión, en cuatro días quedó resuelto el problema.  Si la intención de la corte era que quedara otra Junta Directiva, pues falló en sus intentos.

Llamó también la atención el hecho que la corte resolviera tan rápido el recurso de ampliación que la Junta Directiva, ahora reelecta, interpuso.  No se tardó ni 24 horas.  Pero llevamos más de tres meses esperando a que resuelva en el caso San Rafael, cuando la ley le ordena hacerlo en 5 días.  Si la misma corte de constitucionalidad viola la ley, ¿cómo componemos esto? Como decían en aquella vieja serie de televisión, “y ahora, ¿quién podrá defendernos?”

¿Cuál es el origen de todo esto, fuera de las luchas ideológicas y de poder? A mi criterio, es la arbitrariedad de las leyes en Guatemala.  Están sujetas a interpretación y, por ende, a manipulación.

Estuve monitoreando Twitter por tres días, viendo el interés de la población en el tema.  El martes, el hashtag #Junta Directiva llegó a los 5,604 tuits a las 8:00 pm.  El miércoles bajó a 4,215 a la misma hora y el jueves, una hora después de la elección, llegó a 4,859 tuits.  Podemos decir, sin dudar, que sí había interés en el tema.  Esto es excelente noticia, pues hemos visto que, desde 2,015, el ejercicio de nuestra libertad de expresión ha generado cambios, ha detenido aberraciones como la que sucedió esta semana, ha manifestado las diversas opiniones y ha logrado que los políticos y funcionarios hasta actúen para enmendar algo o corregir el camino.

Este interés, demostrado con casi 15,000 tuits, debe continuar. Tenemos una corte de constitucionalidad que viola sistemáticamente la ley suprema que prometió defender.  El sistema de justicia está colapsado, inoperante y corrupto, como ya he manifestado antes. Estamos ahora en el proceso de elección del nuevo Fiscal General.  Esto se vuelve ahora en lo más importante para el futuro del país. Nuestro involucramiento directo, vía redes sociales, grupos, asociaciones, organizaciones gremiales, lo que sea, es trascendental para garantizar el Estado de Derecho, que lamentablemente se ha perdido en gran parte.  Tenemos a la máxima corte violando la Constitución.  Esto es la amenaza más grande y la señal que se nos viene una batalla muy compleja.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo