A todos se nos ponen los pelos de punta cuando vemos noticias de los hechos delictivos que involucran a pandilleros. Nos intranquiliza saber que cualquiera es vulnerable ante sus crímenes, que viven entre nosotros, que son estructuras criminales muy bien organizadas y equipadas con fuerte armamento y que operan aún estando detenidos dentro de las cárceles.
La mara nace, no como una estructura criminal, sino como una estructura de apoyo social y de protección que llena vacíos provocados por la ausencia de afecto y apoyo de los padres. Se convierte entonces en una estructura de protección de sus miembros ante las amenazas de su entorno. Lamentablemente no existen datos estadísticos certeros que nos den una idea de la magnitud del fenómeno, por lo que su abordaje es complejo. Según estimaciones del Cien, hoy en nuestro país existen casi un millón de jóvenes entre 15 y 24 años que carecen de oportunidades para estudiar o trabajar, eso los hace blanco fácil para ser “reclutados” por alguna de estas estructuras criminales. Expertos de la misma institución han expresado que calculan que existen entre 10 mil y 15 mil pandilleros, de los cuales el 10% se encuentra detenido en alguna cárcel de nuestro país. Por otro lado, datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) indican que cerramos enero de 2018 con 23 mil 200 reclusos, de los cuales 1 mil 500 fueron identificados como pandilleros, es decir 6 por ciento de la población carcelaria.
Ante el miedo que las maras provocan, el Ministerio de Gobernación ha puesto en discusión una propuesta bastante controversial. A finales del mes pasado, autoridades de dicha cartera se dirigieron al Congreso de la República con el objetivo de solicitar apoyo para crear una ley que declare a las maras como grupos terroristas. Ello a pesar de que, desde mayo de 2017, se encuentra en el Congreso la iniciativa 5266, conocida como “ley antimaras”. El fin la iniciativa 5266 es reformar el Código Penal para velar por cese a la violencia generada por las pandillas y restablecer el clima de seguridad y confianza social. Cabe resaltar que en países vecinos, como El Salvador, estas estrategias de “mano dura” contra las maras han sido un rotundo fracaso.
El problema de las maras, no es únicamente un problema de seguridad ciudadana o terrorismo que se arreglará con una ley más. Este es reflejo de la situación social tan compleja en que se encuentran muchísimos guatemaltecos. Por tanto su abordaje no debería de ser pensando qué ley creamos para erradicarlas, sino cómo generamos condiciones para desarticular estas estructuras. En ese sentido, el Cien sugiere abordar tres niveles de prevención: (i) implementar un agenda integral de desarrollo, cuyo fin sea mejorar los servicios públicos de educación, salud e infraestructura, (ii) atender a jóvenes en riesgo, poniendo a su disposición programas de capacitación e inserción laboral y (iii) fortalecer programas de rehabilitación en las cárceles, para lo cual es necesario separar los perfiles de los privados de libertar e implementar actividades según tal perfil.
Declarar a las maras “terroristas” es un tema que va mucho más allá de las palabras. Sin duda es una propuesta que se vende bien, sobretodo a un pueblo indignado y asustado. Pero en la práctica no da resultados y genera una serie de consecuencias imprevistas que nos pueden perjudicar. Un ejemplo es la exclusión de seguros. En su mayoría, las aseguradoras excluyen de cobertura “toda pérdida, daño costo o gasto de cualquier naturaleza que sea directo o indirectamente causado por, resultante de o en conexión con cualquier acto de terrorismo sin importar que cualquier otra causa o evento contribuya concurrentemente o en cualquier otra secuencia a dicha pérdida”. ¿Queremos perder las coberturas actuales de los hechos delictivos provocados por las maras?
Ponerle un adjetivo más a este fenómeno no arreglará situación. Necesitamos un abordaje integral con énfasis en la prevención. Necesitamos una intervención directa, que se enfoque en niños y jóvenes en edades vulnerables. Es contraproducente promover una ley populista que satisface a nivel mercadológico, pero que nos deja peor en la práctica. Exijamos a nuestras autoridades los cambios que nuestro país realmente necesita.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
A todos se nos ponen los pelos de punta cuando vemos noticias de los hechos delictivos que involucran a pandilleros. Nos intranquiliza saber que cualquiera es vulnerable ante sus crímenes, que viven entre nosotros, que son estructuras criminales muy bien organizadas y equipadas con fuerte armamento y que operan aún estando detenidos dentro de las cárceles.
La mara nace, no como una estructura criminal, sino como una estructura de apoyo social y de protección que llena vacíos provocados por la ausencia de afecto y apoyo de los padres. Se convierte entonces en una estructura de protección de sus miembros ante las amenazas de su entorno. Lamentablemente no existen datos estadísticos certeros que nos den una idea de la magnitud del fenómeno, por lo que su abordaje es complejo. Según estimaciones del Cien, hoy en nuestro país existen casi un millón de jóvenes entre 15 y 24 años que carecen de oportunidades para estudiar o trabajar, eso los hace blanco fácil para ser “reclutados” por alguna de estas estructuras criminales. Expertos de la misma institución han expresado que calculan que existen entre 10 mil y 15 mil pandilleros, de los cuales el 10% se encuentra detenido en alguna cárcel de nuestro país. Por otro lado, datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) indican que cerramos enero de 2018 con 23 mil 200 reclusos, de los cuales 1 mil 500 fueron identificados como pandilleros, es decir 6 por ciento de la población carcelaria.
Ante el miedo que las maras provocan, el Ministerio de Gobernación ha puesto en discusión una propuesta bastante controversial. A finales del mes pasado, autoridades de dicha cartera se dirigieron al Congreso de la República con el objetivo de solicitar apoyo para crear una ley que declare a las maras como grupos terroristas. Ello a pesar de que, desde mayo de 2017, se encuentra en el Congreso la iniciativa 5266, conocida como “ley antimaras”. El fin la iniciativa 5266 es reformar el Código Penal para velar por cese a la violencia generada por las pandillas y restablecer el clima de seguridad y confianza social. Cabe resaltar que en países vecinos, como El Salvador, estas estrategias de “mano dura” contra las maras han sido un rotundo fracaso.
El problema de las maras, no es únicamente un problema de seguridad ciudadana o terrorismo que se arreglará con una ley más. Este es reflejo de la situación social tan compleja en que se encuentran muchísimos guatemaltecos. Por tanto su abordaje no debería de ser pensando qué ley creamos para erradicarlas, sino cómo generamos condiciones para desarticular estas estructuras. En ese sentido, el Cien sugiere abordar tres niveles de prevención: (i) implementar un agenda integral de desarrollo, cuyo fin sea mejorar los servicios públicos de educación, salud e infraestructura, (ii) atender a jóvenes en riesgo, poniendo a su disposición programas de capacitación e inserción laboral y (iii) fortalecer programas de rehabilitación en las cárceles, para lo cual es necesario separar los perfiles de los privados de libertar e implementar actividades según tal perfil.
Declarar a las maras “terroristas” es un tema que va mucho más allá de las palabras. Sin duda es una propuesta que se vende bien, sobretodo a un pueblo indignado y asustado. Pero en la práctica no da resultados y genera una serie de consecuencias imprevistas que nos pueden perjudicar. Un ejemplo es la exclusión de seguros. En su mayoría, las aseguradoras excluyen de cobertura “toda pérdida, daño costo o gasto de cualquier naturaleza que sea directo o indirectamente causado por, resultante de o en conexión con cualquier acto de terrorismo sin importar que cualquier otra causa o evento contribuya concurrentemente o en cualquier otra secuencia a dicha pérdida”. ¿Queremos perder las coberturas actuales de los hechos delictivos provocados por las maras?
Ponerle un adjetivo más a este fenómeno no arreglará situación. Necesitamos un abordaje integral con énfasis en la prevención. Necesitamos una intervención directa, que se enfoque en niños y jóvenes en edades vulnerables. Es contraproducente promover una ley populista que satisface a nivel mercadológico, pero que nos deja peor en la práctica. Exijamos a nuestras autoridades los cambios que nuestro país realmente necesita.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo