Condiciones similares, pero distintas, a agosto 2017.
El escenario político ha entrado en un claro rumbo de colisión. El lunes 16, luego del hiato que representó la Consulta Popular sobre Belice, la Comisión de Postulación presentó el listado de seis candidatos para el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. El resultado fue bastante favorable: tres jueces, dos fiscales de carrera y una abogada litigante privada con experiencia profesional dentro de CICIG. Mejor aún. Ninguno de los seis candidatos presenta vinculaciones con grupos de poder o sectores interesados en mantener el modelo de saqueo que ha imperado en el país. El resultado fue tan positivo, que el bloque statu quo (Arzú-Morales-alianza mayoritaria en el Congreso y otros actores de reparto) vio truncadas sus aspiraciones de tomar control de la fiscalía.
El jueves 20, la presentación del caso “Financiamiento Electoral 2015 – Evento II” constituyó una antesala para lo que seguramente desembocará en una nueva solicitud de antejuicio contra el Presidente. Pero a diferencia de agosto 2017, esta vez las condiciones son distintas. Ese mismo día, un grupo de empresarios públicamente reconoció su responsabilidad por haber aportado financiamiento anónimo al partido FCN-Nación durante la campaña 2015. Dicho pronunciamiento marca un parte aguas en la historia del proceso depurador. Por un lado, evidencia que el camino de la justicia y el reconocimiento de responsabilidades constituye la ruta institucional para afrontar acusaciones judiciales. Pero además, el reconocimiento de los empresarios limita la capacidad del sujeto pasivo de la trama (FCN-Nación y su Secretario General 2015, Jimmy Morales) de argumentar que la denuncia tiene motivos políticos o espurios.
Pero contrario a la actitud de reconocer la responsabilidad en los hechos y enfrentarlos por la vía judicial, Morales prefirió la contraofensiva política. Y esto tiene una explicación. Primero, su soledad le ha condenado a estar rodeado de actores oscuros que sienten en la acción judicial una amenaza directa a sus intereses. Segundo, porque se percibe en el ambiente que la batería de casos que preparan MP y CICIG podrían afectar a la última línea de aliados pro-statu quo. Tercero, porque la situación judicial de Sammy –su hermano– y José Manuel –su hijo– se agrava con el paso del tiempo. Y cuarto, ante la imposibilidad de una reforma profunda del Artículo 407 “N” que otorgara una amnistía “de facto”, el Presidente sabe que enfrentar la responsabilidad penal por las irregularidades del 2015 le esperan a su salida del cargo. En ese contexto, no caben las salidas judiciales institucionales, sino únicamente la acción política.
Por ello el discurso del viernes 21, cuyo mensaje fue el buscar el respaldo militar, estamento que ha estado bajo la mira por la vinculación de altos cuadros de la institución a casos de corrupción, narcotráfico y pandillas, marcó el primer paso del contraataque. La divulgación del video de los allanamientos a oficinas de la Guardia Presidencial en noviembre 2016 pareciera ir dirigido a crear las condiciones para denunciar el Acuerdo de CICIG, argumentando transgresiones al mandato.
En este contexto, vamos a un escenario “tipo agosto 2017”, pero con el agravante que el nivel del agua contra el mandatario, el alcalde capitalino y otros jugadores cercanos ha subido, y se percibe en su nivel de radicalización. En su calendario mental, las citaciones judiciales de los empresarios que reconocieron su participación en los hechos marcará el punto de inflexión. Y esas audiencias –seguramente– ocurrirán en días cercanos a la toma de posesión del nuevo Fiscal General. Luego, la posibilidad de más acciones judiciales les coloca en modo de urgencia. Por ello, para Morales y compañía, la “solución” al problema de la Comisión debe generarse antes del 15 de mayo.
Tal y como ocurrió en 2017, el actor clave será la Corte de Constitucionalidad. Por ello, desde ya, se perciben los movimientos del statu quo por alterar los balances a lo interno de la CC. Así se presenta el escenario de las próximas semanas. Guatemala se juega el avance de la lucha contra la corrupción.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Condiciones similares, pero distintas, a agosto 2017.
El escenario político ha entrado en un claro rumbo de colisión. El lunes 16, luego del hiato que representó la Consulta Popular sobre Belice, la Comisión de Postulación presentó el listado de seis candidatos para el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. El resultado fue bastante favorable: tres jueces, dos fiscales de carrera y una abogada litigante privada con experiencia profesional dentro de CICIG. Mejor aún. Ninguno de los seis candidatos presenta vinculaciones con grupos de poder o sectores interesados en mantener el modelo de saqueo que ha imperado en el país. El resultado fue tan positivo, que el bloque statu quo (Arzú-Morales-alianza mayoritaria en el Congreso y otros actores de reparto) vio truncadas sus aspiraciones de tomar control de la fiscalía.
El jueves 20, la presentación del caso “Financiamiento Electoral 2015 – Evento II” constituyó una antesala para lo que seguramente desembocará en una nueva solicitud de antejuicio contra el Presidente. Pero a diferencia de agosto 2017, esta vez las condiciones son distintas. Ese mismo día, un grupo de empresarios públicamente reconoció su responsabilidad por haber aportado financiamiento anónimo al partido FCN-Nación durante la campaña 2015. Dicho pronunciamiento marca un parte aguas en la historia del proceso depurador. Por un lado, evidencia que el camino de la justicia y el reconocimiento de responsabilidades constituye la ruta institucional para afrontar acusaciones judiciales. Pero además, el reconocimiento de los empresarios limita la capacidad del sujeto pasivo de la trama (FCN-Nación y su Secretario General 2015, Jimmy Morales) de argumentar que la denuncia tiene motivos políticos o espurios.
Pero contrario a la actitud de reconocer la responsabilidad en los hechos y enfrentarlos por la vía judicial, Morales prefirió la contraofensiva política. Y esto tiene una explicación. Primero, su soledad le ha condenado a estar rodeado de actores oscuros que sienten en la acción judicial una amenaza directa a sus intereses. Segundo, porque se percibe en el ambiente que la batería de casos que preparan MP y CICIG podrían afectar a la última línea de aliados pro-statu quo. Tercero, porque la situación judicial de Sammy –su hermano– y José Manuel –su hijo– se agrava con el paso del tiempo. Y cuarto, ante la imposibilidad de una reforma profunda del Artículo 407 “N” que otorgara una amnistía “de facto”, el Presidente sabe que enfrentar la responsabilidad penal por las irregularidades del 2015 le esperan a su salida del cargo. En ese contexto, no caben las salidas judiciales institucionales, sino únicamente la acción política.
Por ello el discurso del viernes 21, cuyo mensaje fue el buscar el respaldo militar, estamento que ha estado bajo la mira por la vinculación de altos cuadros de la institución a casos de corrupción, narcotráfico y pandillas, marcó el primer paso del contraataque. La divulgación del video de los allanamientos a oficinas de la Guardia Presidencial en noviembre 2016 pareciera ir dirigido a crear las condiciones para denunciar el Acuerdo de CICIG, argumentando transgresiones al mandato.
En este contexto, vamos a un escenario “tipo agosto 2017”, pero con el agravante que el nivel del agua contra el mandatario, el alcalde capitalino y otros jugadores cercanos ha subido, y se percibe en su nivel de radicalización. En su calendario mental, las citaciones judiciales de los empresarios que reconocieron su participación en los hechos marcará el punto de inflexión. Y esas audiencias –seguramente– ocurrirán en días cercanos a la toma de posesión del nuevo Fiscal General. Luego, la posibilidad de más acciones judiciales les coloca en modo de urgencia. Por ello, para Morales y compañía, la “solución” al problema de la Comisión debe generarse antes del 15 de mayo.
Tal y como ocurrió en 2017, el actor clave será la Corte de Constitucionalidad. Por ello, desde ya, se perciben los movimientos del statu quo por alterar los balances a lo interno de la CC. Así se presenta el escenario de las próximas semanas. Guatemala se juega el avance de la lucha contra la corrupción.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo