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Más armas, menos armas

José Carlos Ortega
08 de julio, 2018

Si Venezuela y Nicaragua tuvieran a sus ciudadanos armados, hace rato que sendas dictaduras hubiesen caído

Existe una alta criminalidad en Guatemala. Sólo en 2017 hubo 4410 homicidios, con una tasa que ha descendido continuamente en los últimos años hasta este 26.1 muertes violentas por cada 100000 habitantes. Pese a que ha habido un descenso permanente desde 2008, la tasa sigue siendo alarmante. Guatemala, junto con Honduras y El Salvador son considerados entre los países más violentos del mundo. Es decir, es más probable morir asesinado en Guatemala que en Iraq o Afganistán, e inclusive en Siria o Yemen, países con una cruenta guerra civil.

La región del triángulo norte centroamericano, compuesto por nuestros tres pequeños países, es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Las causas de esto se han debatido y estudiado por distintos grupos con diferentes respuestas. La persecución al crimen organizado en Colombia y México obliga o tiene como repercusiones que ésta busque territorios con menos Estado de Derecho o presencia de la justicia, y los tres países, con su endeble institucionalidad, leyes,justicia, orden, persecución penal, etc. nos convierte en territorios idóneos para su instalación. Además, se cree que la cercanía con los Estados Unidos permite un gran comercio de armas ilegales hacia México y Centroamérica, sin ningún tipo de registro, armando a los grupos delictivos con todo tipo de armas, incluyendo de gran poder destructivo.

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Existe en los Estados Unidos de América una creciente “moda” perversa de asesinar niños y profesores, irrumpiendo en cualquier escuela y corromper la paz de ese país. Se discute poco sobre la enmienda constitucional que permitió y reconoció como un derecho para el ciudadano estar armado, con el fin de limitar cualquier dictadura y proteger su Estado novel, pero sobre todo, defender de la tiranía a las personas.

Se cree que los Estados Unidos de América es uno de los países más violentos del mundo y se supone que esta violencia es por la cantidad de armas que poseen sus ciudadanos. La enmienda que permite a las personas y a las milicias tener un arma específica claramente es para evitar perder su incipiente democracia participativa por una dictadura que provenga del gobierno central. Si sumamos los habitantes de países como España, Francia, Japón, Canadá, Gran Bretaña, Australia y otros países cercanos – hasta totalizar la misma población que en los Estados Unidos de América – podemos observar que en esos países, de forma combinada, tienen una tasa muy inferior a la criminalidad registrada en la superpotencia mundial.

Se supone que esa baja criminalidad es por la dificultad que existe en esos países para adquirir un arma. Una sensación o percepción que se ha visto sacudida por los actos terroristas de los años recientes en Francia, Bélgica e Inglaterra principalmente, donde los terroristas han utilizado armas de grueso calibre.

Aunque como miembros de la sociedad hemos decidido delegar el orden y la utilización de la fuerza en los órganos policiales y del ejército, no debemos permitir que esto derive en la delegación absoluta de ese poder, porque el Estado endeble, debilitado por una inmensidad de atribuciones y funciones que no logra realizar bien, tampoco logra dar seguridad a sus individuos resguardando su vida, su libertad y su propiedad.

Aun cuando el Estado se limitara a las funciones que debe realizar, no es omnipresente para poder proteger a todos los ciudadanos y por ello el derecho a la vida y a la propiedad permite que los ciudadanos puedan protegerse de forma individual o privada.

Al tomar conciencia de este derecho, del cual debemos estar todos conscientes, podríamos existir con una ciudadanía responsable al estilo suizo o israelí para la protección nuestra y de nuestro país. Ningún gobierno o grupo delincuencial estaría tan seguro de realizar actos contra la población si todo el pueblo asumiera la conciencia de una última instancia de protección personal. Eso tampoco permitiría la instalación de grupos paramilitares al estilo de los nicaragüenses y venezolanos que respaldados por gobiernos déspotas y asesinos, y autoridades del orden y justicia cómplices, asesinan a sus propios miembros. Insisto que para nuestros conciudadanos latinoamericanos en Nicaragua y Venezuela, con esos regímenes dictatoriales y que corrompieron las instituciones de justicia y de orden, e instrumentalizaron la represión con órganos paramilitares, la salida aún no está cerca, seguramente pasará por una respuesta de aquellos que aún mantienen el control y el uso de las armas.

Si Venezuela y Nicaragua tuvieran a sus ciudadanos armados, hace rato que sendas dictaduras hubiesen caído. Es por ello que el derecho a tener armas para los ciudadanos debe mantenerse, pues es una garantía contra regímenes que atentan contra los derechos individuales de las personas.

Coménteme y sígame en twitter: @josekrlos

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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