El último día de agosto el presidente Morales decidió informar a la población que no renovará el mandato de CICIG. En cualquier país democrático el pluralismo y la diversidad de ideas son parte fundamental de la vida política. Es válido presentar argumentos razonados a favor o en contra de CICIG. Es razonable que exista un debate en torno a la necesidad de renovar o no el mandato de la comisión. Sin embargo, reza un corolario que en política la forma es el fondo. Conviene entonces analizar las formas del presidente en su mensaje a la población.

El anunció no lo hizo rodeado únicamente de su gabinete, como hubiera sido propio de un presidente de un país democrático. Lo hizo rodeado de algunos ministros y de decenas de militares. Un detalle que dejó un mal sabor de boca ya que es impropio y solo trae recuerdos de las dictaduras militares del pasado.

Durante su discurso aseguró que ningún funcionario está obligado a “acatar órdenes manifiestamente ilegales”, lanzando un guiño al argumento que algunos esgrimen acerca de que determinadas decisiones de la Corte de Constitucionalidad son ilegales, especialmente aquella que le impidió consumar la declaratoria persona non grata al comisionado de CICIG. Arremeter contra la independencia de la Corte de Constitucionalidad de esta manera es un tema que no debe pasar inadvertido.

Luego acusa a la CICIG de proceder con un criterio “claramente ideológico”, de infundir un “terror judicial”(sic) y de violar los derechos fundamentales. Una acusación grave especialmente teniendo en cuenta que existe una denuncia en contra del presidente por financiamiento electoral ilícito. Lo que dijo el presidente puede leerse como una embestida contra la legitimidad de una de las entidades que lo acusan.

Por último, aclara que su gobierno está a favor del matrimonio tradicional y de la familia. Este es un tema que no venía a cuento en el evento de hoy. El presidente convocó a los medios para comunicar su decisión de no renovar el mandato de CICIG que vence dentro de un año. La única razón para esgrimir estas palabras en torno a una conversación que nada tenía que ver con el tema solo puede entenderse que lo hizo para insinuar que la comisión pertenece a una “facción ideológica” enemiga de la familiay las tradiciones y buscar con ello apelar al sector más conservador del país en busca de apoyo. Algo propio de los discursos populistas.

Explicación y análisis aparte merecen la presencia de vehículos tipo Jeep J8, donados por EEUU y bajo uso del Ministerio de Gobernación que patrullaron a inmediaciones de la sede de CICIG y de la embajada de los Estados Unidos horas antes de la conferencia de prensa. La propia embajada americana sacó un comunicado reprochando el uso de dichos vehículos que, según afirman, fueron donados para patrullar y luchar contra la actividad criminal y el narcotráfico en las fronteras.

El presidente ha tomado una decisión apresurada y comprometida. La comunidad internacional, y en particular diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos, han afirmado reiteradamente que CICIG es un instrumento importante para la lucha contra la corrupción. Con la decisión de ayer se pone en entredicho el compromiso del Estado de Guatemala con la agenda en materia de lucha contra la corrupción.

La impresión que uno tiene después de lo acontecido es que el presidente ha antepuesto sus intereses personales al bien común y a la unidad nacional. Debe reflexionar sobre lo actuado: un jefe de Estado no es un monarca y está sujeto a la Constitución y leyes de la República y debe velar por el interés nacional. Su problema personal con CICIG, a raíz de las acusaciones que han formulado en su contra, parecen haber condicionado su imparcialidad para decidir sobre la materia en cuestión.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo