Es increíble que en pleno siglo XXI, en donde las ideas de libre mercado han probado ser el camino al éxito de los países en vías de desarrollo, se siga cuestionando la importancia de las inversiones privadas internas o externas en el país. Lejos están los años en los que las ideas de la opresión estructural o la dependencia de los países pobres a los ricos predominaban sobre nuestros países latinoamericanos y que provocaban medidas proteccionistas, populistas y nacionalistas que solo trajeron perjuicios y más sub desarrollo a la población. Sin embargo, hoy en día existen muchos grupos que han impulsado una agenda anti inversión digna del siglo XIX en donde la Revolución Industrial traía gran desarrollo a países en detrimento de las ideas socialistas que promulgaban el fracaso del capitalismo. Desde organizaciones delincuenciales que roban energía hasta ONG’s financiadas por dinero extranjero con poco interés en el desarrollo de los guatemaltecos, las ideas de rechazo a la libertad, el desarrollo y la inversión que proponen dichos grupos han permeado en la sociedad desde académicos y líderes de opinión llegando hasta los más altos magistrados del país. Sin embargo, quisiera ponerme en los pies de aquellos que critican las inversiones para exponer las contradicciones que su propia forma de pensar trae a nuestro país.

Uno de los argumentos principales que exponen aquellos que atacan sistemáticamente las inversiones privadas es que debemos darle prioridad a la educación, que la educación sacará adelante a los guatemaltecos y que incluso las inversiones pueden ser un perjuicio a una población poco educada ya que se aprovecharían de las personas. Nadie niega la importancia de tener una población educada ya que todos nos podemos ver beneficiados positivamente. Sin embargo, tener la mejor educación del mundo no sirve de mucho si no se tiene un empleo en el que se pueda aprovechar dicho conocimiento. Educación sin inversión provocaría mayor migración de personas con muchos conocimientos que ven la realidad del país como un limitante a su desarrollo económico y por lo tanto buscan en el exterior esas oportunidades que valoran sus conocimientos y estudios. Así mismo, si incrementa la educación y todos tuvieran una licenciatura, por ejemplo, habría una sobresaturación y sobre cualificación del mercado de oferta laboral y por lo tanto los salarios caerían. Es la inversión privada la que provocaría una mayor diversificación del trabajo y por lo tanto un mejor aprovechamiento de las capacidades que cualquier persona pueda tener en determinado momento, sin importar su educación.

Por otro lado, siempre está en discusión el incremento del salario mínimo para mejorar las condiciones de los guatemaltecos. Sin embargo esto es totalmente contraproducente. Si el salario mínimo incrementa, puede que algunos, no todos los asalariados mejoren su condición económica. A pesar de ello, habría muchas personas que quedarían desempleadas ya que el salario mínimo superaría su productividad y por lo tanto las empresas se verían obligadas a despedirlos. Así mismo, muchas otras personas quedarían sin posibilidad de entrar al mercado laboral formal ya que la barrera de entrada para hacerlo sería demasiado alta en comparación con la capacidad de producción de dichas personas. Por otro lado, sería un desincentivo a las inversiones que verían altos costos laborales para entrar a un mercado competitivo como lo es el guatemalteco a nivel regional y mundial. Fácilmente un inversionista puede desechar a Guatemala como un destino de inversión al ver que los costos de contratación superan la rentabilidad esperada y que en otros países si son realistas con respecto a sus necesidades. ¿El efecto de un salario mínimo muy por encima de la productividad media? Desempleo y pobreza.

Finalmente, Guatemala en cuestión de certeza jurídica es un desastre. La Corte de Constitucionalidad ha enviado un pésimo mensaje para cualquier tipo de inversión al tardarse más de un año en resolver de forma pusilánime la situación de la Mina San Rafael. Esto sumado a la poca protección por parte de las fuerzas de seguridad en la protección de la propiedad privada y la corrupción que abunda en los procesos burocráticos hacen de este país un territorio inhóspito para cualquier empresario que esté dispuesto a arriesgar su capital. A pesar de ello, estas organizaciones han torcido y retorcido la ley, los convenios y los acuerdos internacionales para complotar en contra de la operación de actividades productivas. Solamente con ver el desarrollo y la prosperidad que tienen las comunidades cercanas a dichas inversiones y el odio y resentimiento de aquellas que no están siendo beneficiadas directamente es que nos damos cuenta que están siendo manipulados para generar conflictividad. Poniendo un ejemplo burdo para comprender esta situación, es como si tuviéramos un accidente de carro del que no somos culpables. Que llegue la policía y nos pida mordida para no llevarnos a tribunales. Que después pasemos meses en la cárcel esperando a que se investigue el hecho y que cuando finalmente seamos libres hayamos perdido nuestro empleo por no ir a trabajar. Así de trágica es la realidad para muchos inversionistas que han traído desarrollo a nuestro país.

No nos confundamos. Excusas para impedir la inversión privada podremos encontrar muchas que en su mayoría son injustificadas y solo responden ante el interés de ver fracasar a las ideas de la libertad para así justificar sus propuestas que solo pretenden mantener a una población pobre e ignorante. El mayor miedo de este grupo de personas, es ver a los ciudadanos guatemaltecos siendo libres y disfrutando de un desarrollo económico que les permite ver los frutos de estas inversiones. Tenemos que comprender nuestro contexto como guatemaltecos para así darnos cuenta de las muchas oportunidades que hemos perdido como país para salir adelante, y así también llegar a un consenso sobre el modelo de desarrollo que necesitamos.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo