“…es la dilación, la falta de respuesta, la completa falta de respeto – el ningunamiento -, no sólo a nuestra soberanía e independencia, sino a la dignidad nacional por parte de NN.UU.”
Estamos en medio de una crisis política-jurídica que afecta todas las relaciones económicas, sociales, políticas y aún la convivencia ciudadana diaria y hasta la familiar.
La crisis se ha generado por una serie de eventos que han atizado la hoguera, de tal manera que la presión ha estado a punto de hacerla estallar varias veces. Los tres momentos más graves tendrían que ser la aprobación el año pasado, de emergencia nacional, de la modificación del delito de enriquecimiento ilícito (artículo 407N del Código Penal) y de la modificación, reduciendo las penas de decenas de delitos, sin ningún estudio técnico-jurídico, y por supuesto, completamente inadecuada políticamente. En ese mismo momento se engavetó, porque nunca se desestimó de forma definitiva, el primer proceso de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. El segundo momento de mayor criticidad fue el domingo 27 de agosto de 2017 cuando fuimos despertados por la tempranera noticia que el presidente Jimmy Morales, a su regreso de una reunión en la Organización de las Naciones Unidas (NN.UU.), donde se intentó dialogar acerca de las varias anotadas y reconocidas controversias respecto a los abusos a los procesos judiciales cometidas por la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG. Se llevaban al menos cinco expedientes donde se intentaba demostrar tales abusos, entre los que se relata la mediatización de los casos, la violación a la presunción de inocencia, exceso de prisión (preventiva y provisional), violación de los procedimientos legales guatemaltecos, extralimitación de competencias en casos sin jurisdicción y con conflicto de interés de la Comisión y politización de los procesos. No se debe olvidar que también se ha violentado la independencia judicial, se ha recurrido a los mismos métodos de violación del derecho a una justicia pronta ante la procuración de amparos, recusaciones y otros procedimientos leguleyos, presión y compra de testigos, falta de pruebas, manipulación de éstas, penalización de procesos administrativos y acusación por delitos mayores a los realmente cometidos para presión del acusado y para no permitir medidas sustitutivas. Esto fue parcialmente reducido por el acatamiento al amparo provisional-definitivo de dicha acción, pero sobre todo por la obediencia a la instrucción jurisdiccional.
El tercer momento es el actual, azuzado por varios hechos: la nueva acusación contra el propio presidente por financiamiento electoral ilícito que bajo la administración de la nueva fiscal general, Dra. Consuelo Porras, ha iniciado proceso para análisis y votación en el Congreso si ha lugar o no de retirar su derecho a antejuicio y el consecuente traspaso a los tribunales competentes, más una serie de amparos por allegados o cercanos a la CICIG, entre ellos el denegado por la designación del ministro de Gobernación Enrique Degenhart y la detención, aparentemente ilegal, del General Erick Melgar Padilla, quien forma parte del círculo – o rosca- cercana al presidente Morales.
Aunque no pareciera que de los tres momentos éste fuese el más crítico, sí es en cuanto que la acusación por financiamiento electoral ilícito estuviera más fundamentada que la anterior, pero sobre todo por dos hechos fundamentales: el incremento en la batalla entre CICIG y el gobierno en la que se siente más respaldada por el gobierno de los EE.UU. por los acontecimientos recientes de las audiencias en el Congreso norteamericano, la lucha entre trumpistas y el status quo del Departamento de Estado, y la falta de respuesta a los temas prioritarios de su agenda, aunado al intento de apaciguamiento del conflicto para evitar más daño a la economía que afecta directamente la migración y la amenaza socialista al estilo venezolano. Estados Unidos no quiere un país con grandes conflictos para este próximo año electoral que pueda afectar nuestra frágil república democrática. El segundo es la dilación, la falta de respuesta, la completa falta de respeto – el ningunamiento -, no sólo a nuestra soberanía e independencia, sino a la dignidad nacional por parte de NN.UU. Naciones Unidas no es una autoridad superior al Estado guatemalteco y la firma del convenio que da vida a CICIG es una muestra inequívoca de que fue firmado por dos partes, en medio de respeto y buena fe, sin subyugación y con el pleno reconocimiento de la calidad independiente y soberana de Guatemala con el servicio y colaboración de la Organización de las Naciones Unidas. La falta de respeto, el abuso al no intentar dirimir el conflicto, sus respuestas burocráticas sin sentido y la falta de intento de dirimir el conflicto – en una pura relación abusiva de violencia institucional – al mejor estilo machista abusivo de poder superior a uno más débil y que pretende solucionar de forma civilizada, termina por encontrar la salida con el anuncio de la no renovación del mandato, con un año de antelación para el próximo 3 de septiembre de 2019.
Es así que la crisis se ha acrecentado poco a poco desde hace un año y que hubiese podido prevenirse desde su inicio, y sobre todo, a partir de la queja formal del gobierno de nuestra república el 25 de agosto de 2017 y la declaración de persona non grata al Comisionado Iván Velásquez Gómez dos días después.
Cuando existe un conflicto con poca oportunidad de negociación entre las dos partes involucradas de manera directa, se debe buscar una solución que permita destrampar el proceso. La relación directa entre el presidente Jimmy Morales Cabrera y el comisionado Iván Velásquez Gómez está completamente deteriorada y la acusación judicial no permite ningún acercamiento, como tampoco la declaratoria de persona non grata. Un acercamiento tendría que pasar por la negociación sobre los delitos acusados al presidente, su familia y a alguno de sus allegados, además de la permanencia condicionada del comisionado. Eso sería contraproducente para el sistema de justicia y para el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad. Por mucho que la anterior fiscal y la Dra. Consuelo Porras insistan en una solución entre las partes, la propia dignidad del cargo de presidente de la república y del comisionado lo hace imposible.
Es así que la solución debe surgir del seno de las Naciones Unidas en donde se busque el reemplazo y sustitución del comisionado Velásquez y así evitar mayor conflicto.
El comisionado Velásquez deberá ser asignado a otra función dentro del sistema de Naciones Unidas y deberá aprender de los errores cometidos en nuestro país, pero eso sí, habiendo dejado un legado de lucha contra la corrupción de un pueblo que ansía justicia, que corre el riesgo de perderse por su empecinamiento y errores, y sobre todo la falta de visión del mayor responsable del escalamiento de la crisis: el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres.
Sígame y coménteme en twitter: @josekrlos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
“…es la dilación, la falta de respuesta, la completa falta de respeto – el ningunamiento -, no sólo a nuestra soberanía e independencia, sino a la dignidad nacional por parte de NN.UU.”
Estamos en medio de una crisis política-jurídica que afecta todas las relaciones económicas, sociales, políticas y aún la convivencia ciudadana diaria y hasta la familiar.
La crisis se ha generado por una serie de eventos que han atizado la hoguera, de tal manera que la presión ha estado a punto de hacerla estallar varias veces. Los tres momentos más graves tendrían que ser la aprobación el año pasado, de emergencia nacional, de la modificación del delito de enriquecimiento ilícito (artículo 407N del Código Penal) y de la modificación, reduciendo las penas de decenas de delitos, sin ningún estudio técnico-jurídico, y por supuesto, completamente inadecuada políticamente. En ese mismo momento se engavetó, porque nunca se desestimó de forma definitiva, el primer proceso de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. El segundo momento de mayor criticidad fue el domingo 27 de agosto de 2017 cuando fuimos despertados por la tempranera noticia que el presidente Jimmy Morales, a su regreso de una reunión en la Organización de las Naciones Unidas (NN.UU.), donde se intentó dialogar acerca de las varias anotadas y reconocidas controversias respecto a los abusos a los procesos judiciales cometidas por la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG. Se llevaban al menos cinco expedientes donde se intentaba demostrar tales abusos, entre los que se relata la mediatización de los casos, la violación a la presunción de inocencia, exceso de prisión (preventiva y provisional), violación de los procedimientos legales guatemaltecos, extralimitación de competencias en casos sin jurisdicción y con conflicto de interés de la Comisión y politización de los procesos. No se debe olvidar que también se ha violentado la independencia judicial, se ha recurrido a los mismos métodos de violación del derecho a una justicia pronta ante la procuración de amparos, recusaciones y otros procedimientos leguleyos, presión y compra de testigos, falta de pruebas, manipulación de éstas, penalización de procesos administrativos y acusación por delitos mayores a los realmente cometidos para presión del acusado y para no permitir medidas sustitutivas. Esto fue parcialmente reducido por el acatamiento al amparo provisional-definitivo de dicha acción, pero sobre todo por la obediencia a la instrucción jurisdiccional.
El tercer momento es el actual, azuzado por varios hechos: la nueva acusación contra el propio presidente por financiamiento electoral ilícito que bajo la administración de la nueva fiscal general, Dra. Consuelo Porras, ha iniciado proceso para análisis y votación en el Congreso si ha lugar o no de retirar su derecho a antejuicio y el consecuente traspaso a los tribunales competentes, más una serie de amparos por allegados o cercanos a la CICIG, entre ellos el denegado por la designación del ministro de Gobernación Enrique Degenhart y la detención, aparentemente ilegal, del General Erick Melgar Padilla, quien forma parte del círculo – o rosca- cercana al presidente Morales.
Aunque no pareciera que de los tres momentos éste fuese el más crítico, sí es en cuanto que la acusación por financiamiento electoral ilícito estuviera más fundamentada que la anterior, pero sobre todo por dos hechos fundamentales: el incremento en la batalla entre CICIG y el gobierno en la que se siente más respaldada por el gobierno de los EE.UU. por los acontecimientos recientes de las audiencias en el Congreso norteamericano, la lucha entre trumpistas y el status quo del Departamento de Estado, y la falta de respuesta a los temas prioritarios de su agenda, aunado al intento de apaciguamiento del conflicto para evitar más daño a la economía que afecta directamente la migración y la amenaza socialista al estilo venezolano. Estados Unidos no quiere un país con grandes conflictos para este próximo año electoral que pueda afectar nuestra frágil república democrática. El segundo es la dilación, la falta de respuesta, la completa falta de respeto – el ningunamiento -, no sólo a nuestra soberanía e independencia, sino a la dignidad nacional por parte de NN.UU. Naciones Unidas no es una autoridad superior al Estado guatemalteco y la firma del convenio que da vida a CICIG es una muestra inequívoca de que fue firmado por dos partes, en medio de respeto y buena fe, sin subyugación y con el pleno reconocimiento de la calidad independiente y soberana de Guatemala con el servicio y colaboración de la Organización de las Naciones Unidas. La falta de respeto, el abuso al no intentar dirimir el conflicto, sus respuestas burocráticas sin sentido y la falta de intento de dirimir el conflicto – en una pura relación abusiva de violencia institucional – al mejor estilo machista abusivo de poder superior a uno más débil y que pretende solucionar de forma civilizada, termina por encontrar la salida con el anuncio de la no renovación del mandato, con un año de antelación para el próximo 3 de septiembre de 2019.
Es así que la crisis se ha acrecentado poco a poco desde hace un año y que hubiese podido prevenirse desde su inicio, y sobre todo, a partir de la queja formal del gobierno de nuestra república el 25 de agosto de 2017 y la declaración de persona non grata al Comisionado Iván Velásquez Gómez dos días después.
Cuando existe un conflicto con poca oportunidad de negociación entre las dos partes involucradas de manera directa, se debe buscar una solución que permita destrampar el proceso. La relación directa entre el presidente Jimmy Morales Cabrera y el comisionado Iván Velásquez Gómez está completamente deteriorada y la acusación judicial no permite ningún acercamiento, como tampoco la declaratoria de persona non grata. Un acercamiento tendría que pasar por la negociación sobre los delitos acusados al presidente, su familia y a alguno de sus allegados, además de la permanencia condicionada del comisionado. Eso sería contraproducente para el sistema de justicia y para el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad. Por mucho que la anterior fiscal y la Dra. Consuelo Porras insistan en una solución entre las partes, la propia dignidad del cargo de presidente de la república y del comisionado lo hace imposible.
Es así que la solución debe surgir del seno de las Naciones Unidas en donde se busque el reemplazo y sustitución del comisionado Velásquez y así evitar mayor conflicto.
El comisionado Velásquez deberá ser asignado a otra función dentro del sistema de Naciones Unidas y deberá aprender de los errores cometidos en nuestro país, pero eso sí, habiendo dejado un legado de lucha contra la corrupción de un pueblo que ansía justicia, que corre el riesgo de perderse por su empecinamiento y errores, y sobre todo la falta de visión del mayor responsable del escalamiento de la crisis: el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres.
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo