Es evidente que las reformas educativas son difíciles. Sin embargo, el reciente caso de México nos demuestra que no solo hay que luchar por la implementación de estos importantes cambios sino también por mantenerlos y prevenir retrocesos.
En 2013 Enrique Peña Nieto impulsó una ambiciosa reforma educativa cuyo fin era responder a la exigencia de una mejor educación en México. Tras ello fueron aprobadas las reformas a la Ley General de Educación, y se promulgó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Todo esto propiciaba las bases para buscar una mejor profesionalización docente y una evaluación imparcial, objetiva y transparente. Entre los cambios importantes destacan la realización periódica de evaluaciones de desempeño de docentes y los concursos de selección para las plazas de primer ingreso. “El mérito profesional debe ser el único requisito para ser contratado, permanecer y avanzar como maestro”, dijo Peña Nieto tras firmar la reforma.
No obstante, estos avances están a punto de quedar en el pasado con la llegada de la nueva administración. Una de las promesas de campaña del presidente electo, Andrés López Obrador, fue derogar esta reforma. Justo la semana pasada representantes de la Cámara de Diputados del país vecino recalcaron su apoyo a tal compromiso. Según ellos no quedará “ni una sola coma” de la reforma planteada por Peña Nieto. Afortunadamente, la administración saliente, ya ha dicho que el proceso de evaluación magisterial para lo que queda del 2018, se llevará a cabo por mandato constitucional y bajo el marco legal que le corresponde.
Este panorama me ha hecho reflexionar sobre la situación por la que atraviesa toda nuestra región, y no solo México. En lugar de aspirar a ser mejores, pareciera que los países de América Latina estamos obstinados por mantener nuestro “mínimo común denominador”. Nos afanamos por regresar a prácticas arcaicas que han demostrado su ineficacia y que no nos llevan a ningún lado.
Los resultados deficientes de las últimas evaluaciones internacionales han sido un grito de auxilio. Por ejemplo, de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), el desempeño de Latinoamérica está por debajo de otras regiones del mundo, y eso que no incluye los recientes resultados de nuestro país que, seguramente, traerían ese promedio regional aún más abajo. Ello demuestra que los sistemas necesitan cambios de fondo y parece que todos los países de la región lo tenemos claro. El debate se intensifica cuando queremos ponernos de acuerdo en el “cómo”. Sin duda, esta es una tarea compleja y la falta de continuidad en las reformas (como el caso de México) no nos permite determinar qué funciona y qué no.
Al detenernos a analizar los casos exitosos (Como Washington D.C., Perú y Colombia), sobresalen los esfuerzos en mejorar la profesionalización docente. Pero para tener mejores docentes, es fundamental evaluarlos constantemente. Las lecciones que estos casos nos dejan son muchas pero, sin duda, la variable vinculante es el docente. La reforma de Peña Nieto justamente aspiraba a tener mejores maestros. Está claro que sin docentes bien preparados, es imposible lograr cambios importantes en la calidad educativa. Debemos prestar mucha atención a lo que sucede en México y aprender de esa experiencia. No podemos seguir aspirando a “lo mínimo”. Toda reforma educativa debe tener continuidad y aspirar a cambios a largo plazo, de lo contrario, todos esos esfuerzos serán en vano.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Es evidente que las reformas educativas son difíciles. Sin embargo, el reciente caso de México nos demuestra que no solo hay que luchar por la implementación de estos importantes cambios sino también por mantenerlos y prevenir retrocesos.
En 2013 Enrique Peña Nieto impulsó una ambiciosa reforma educativa cuyo fin era responder a la exigencia de una mejor educación en México. Tras ello fueron aprobadas las reformas a la Ley General de Educación, y se promulgó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Todo esto propiciaba las bases para buscar una mejor profesionalización docente y una evaluación imparcial, objetiva y transparente. Entre los cambios importantes destacan la realización periódica de evaluaciones de desempeño de docentes y los concursos de selección para las plazas de primer ingreso. “El mérito profesional debe ser el único requisito para ser contratado, permanecer y avanzar como maestro”, dijo Peña Nieto tras firmar la reforma.
No obstante, estos avances están a punto de quedar en el pasado con la llegada de la nueva administración. Una de las promesas de campaña del presidente electo, Andrés López Obrador, fue derogar esta reforma. Justo la semana pasada representantes de la Cámara de Diputados del país vecino recalcaron su apoyo a tal compromiso. Según ellos no quedará “ni una sola coma” de la reforma planteada por Peña Nieto. Afortunadamente, la administración saliente, ya ha dicho que el proceso de evaluación magisterial para lo que queda del 2018, se llevará a cabo por mandato constitucional y bajo el marco legal que le corresponde.
Este panorama me ha hecho reflexionar sobre la situación por la que atraviesa toda nuestra región, y no solo México. En lugar de aspirar a ser mejores, pareciera que los países de América Latina estamos obstinados por mantener nuestro “mínimo común denominador”. Nos afanamos por regresar a prácticas arcaicas que han demostrado su ineficacia y que no nos llevan a ningún lado.
Los resultados deficientes de las últimas evaluaciones internacionales han sido un grito de auxilio. Por ejemplo, de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), el desempeño de Latinoamérica está por debajo de otras regiones del mundo, y eso que no incluye los recientes resultados de nuestro país que, seguramente, traerían ese promedio regional aún más abajo. Ello demuestra que los sistemas necesitan cambios de fondo y parece que todos los países de la región lo tenemos claro. El debate se intensifica cuando queremos ponernos de acuerdo en el “cómo”. Sin duda, esta es una tarea compleja y la falta de continuidad en las reformas (como el caso de México) no nos permite determinar qué funciona y qué no.
Al detenernos a analizar los casos exitosos (Como Washington D.C., Perú y Colombia), sobresalen los esfuerzos en mejorar la profesionalización docente. Pero para tener mejores docentes, es fundamental evaluarlos constantemente. Las lecciones que estos casos nos dejan son muchas pero, sin duda, la variable vinculante es el docente. La reforma de Peña Nieto justamente aspiraba a tener mejores maestros. Está claro que sin docentes bien preparados, es imposible lograr cambios importantes en la calidad educativa. Debemos prestar mucha atención a lo que sucede en México y aprender de esa experiencia. No podemos seguir aspirando a “lo mínimo”. Toda reforma educativa debe tener continuidad y aspirar a cambios a largo plazo, de lo contrario, todos esos esfuerzos serán en vano.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo