A estas alturas pensar que el presidente ha tomado decisiones unilaterales es más difícil, quiero decir que para desencadenar una serie de acciones como la conferencia de prensa del pasado viernes 31 de agosto, cuesta mucho creer que no tenga algún tipo de respaldo o aval del gobierno de los Estados Unidos.
La reciente visita de la Canciller Sandra Jovel a la Embajadora permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, el pasado jueves 30 de agosto, podría ser la respuesta a las acciones del presidente Jimmy Morales. Quiero decir que es muy difícil que el mandatario haya tomado una decisión tan abrupta de anunciar el viernes 31 de agosto que no renovará la ampliación del mandato de Cicigcon un año de antelación, como si estuviera mandando un mensaje a sus aliados en el Congreso para buscar el apoyo ante la votación para no perder la inmunidad. Quizás fue como decir me apoyan porque ya no habrá después de septiembre una Cicig que los persiga.
El gobierno del presidente Donald Trump ha hecho más énfasis en los temas migratorios, de seguridad fronteriza y de narcotráfico más que en el de la corrupción, y quizás está devolviendo el favor del cambio de Embajada de Guatemala a Jerusalén. Esto, sumado a que el gobierno del presidente Morales jugo su última carta al tratar de presionar a través de Nikki Haley que apoyara la decisión del gobierno para evitar que Guatemala establezca relaciones diplomáticas con China Continental.
¿Cuál fue la respuesta de Haley a la canciller Sandra Jovel? Solo ellas lo saben o cual fue la interpretación de Jovel acerca de la reunión para anunciar la serie de decisiones del presidente con respecto a Cicig. Lo que es cierto, es que inmediatamente después de esa reunión pareciera que hubo una luz verde para ejecutar los pasos que hizo el mandatario Morales de anunciar la no prórroga de Cicig en septiembre de 2019 y, acto seguido, anunciar a través de un oficio ante la Dirección General de Migración y Control Migratorio de Guatemala que el comisionado de Cicig, Iván, Velásquez Gómez, de nacionalidad colombiana, tenia impedimento para ingresar al territorio nacional en cualquier puesto fronterizo.
El silencio enérgico de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala ante los sucesos desencadenados en el ámbito de la política nacional podría hacer parecer que existe algún tipo de acuerdo al más alto nivel, alguna especie de aval hasta cierto punto con respecto a Velásquez. Sin embargo, las lecciones aprendidas del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina es que los apoyos del gobierno de los Estados Unidos son tan volátiles que pueden cambiar con un parpadeo de ojos. Por esta razón, para el presidente es importante no confiarse y tener una lectura más amplia de hasta dónde puede llegar.
Pareciera que el presidente Morales tiene el aval para terminar su administración, aunque sea muy desgastado y que lo lleven cargado hasta el 14 de enero de 2020 y que de ahí en adelante corre por su propia cuenta y riesgo. Si esta suposición fuera realidad, el presidente Morales estaría jugando su última carta para salvarse, al menos durante su gestión, pues los indicios sobre el supuesto financiamiento electoral ilícito son demasiado fuertes y contundentes con pruebas testimoniales y documentales, entre otras.
Aprovechando la coyuntura, el Congreso se dispone a enfilar su propia agenda con leyes hechas a la medida para darle un revés a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones generales. Entre los temas que se están fraguando encontramos la reforma al Código Penal 407N de Financiamiento Electoral Ilícito con el objetivo de salvar a los secretarios generales involucrados. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el artículo 205 TER con el objetivo que se permita el transfuguismo con fines electorales para que los diputados tránsfugas puedan reelegirse en las elecciones 2019. Ahora, la nueva ocurrencia, la iniciativa de ley 5300 que implica la reforma a la Ley de Antejuicio para darle un control absoluto al Congreso de la República para no pasar por la Corte Suprema de Justicia y convertir las solicitudes de antejuicio contra el presidente y vicepresidente, presidente del Organismo Judicial y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ministros de estado y secretarios de la Presidencia de la República, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General, Procurador General de la Nación. Buscan que estos sean conocidos única y exclusivamente por el organismo legislativo, lo cual representa una de las aberraciones más grandes que se pretenden recetar los diputados para convertirse en un organismo supremo.
Los ojos estarán puestos en la máxima Corte del país, es decir la Corte de Constitucionalidad que puede ordenar imperativamente al presidente Morales revertir todas sus decisiones en contra del comisionado Velásquez y en contra de Cicig, pues al no acatar una orden de la CC estaría rompiendo el orden Constitucional y entonces si entraríamos en lo que se denominaría un Auto Golpe de Estado. La medida más drástica del presidente Morales seria a sabiendas que la Corte estaría llamada a restablecer el orden constitucional ante un desacato presidencial. Por lo tanto, solo quedaría que el mandatario Morales se anticipe y en conjunto con el Congreso desconozca a la Corte de Constitucionalidad primero, lo que también sería un Auto Golpe de Estado.
Los mayores detractores del presidente Morales dicen que el ya cometió dos ilegalidades: la primera sería que con la decisión de no dejar entrar a Velásquez al país violó el amparo que la Corte de Constitucionalidad dio al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas el 27 de agosto pasado cuando anuló la declaratoria en contra de Velásquez de nombrarlo non grato, segunda sería que violó el convenio que dio vida a Cicig entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas en su artículo 12 que dice que cualquier diferencia entre el estado de Guatemala y la Cicig debía resolverse a través de los canales diplomáticos y el diálogo con la Organización de Naciones Unidas y de forma conjunta, algo que no ha sucedido y que se saltó el presidente.
En conclusión, es que uno de los principales temas para la campaña política del 2019, será establecer que candidatos están a favor y que candidatos no están a favor de continuar el apoyo a la Cicig. Hay quienes dicen que aparte de los señalamientos que tiene el presidente sobre financiamiento electoral ilícito, aún hay mucha más tela que cortar y que esa sería otra de las respuestas a sus acciones tan agresivas y radicales. El mejor momento para demostrar liderazgo por parte de todos los actores políticos, sectores, sociedad civil es revelar sus posturas para que a la luz de la coyuntura nacional se pongan de acuerdo para el tipo de país que se quiere y buscarlos a toda costa. El mayor perdedor de todo este conflicto es Guatemala.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
A estas alturas pensar que el presidente ha tomado decisiones unilaterales es más difícil, quiero decir que para desencadenar una serie de acciones como la conferencia de prensa del pasado viernes 31 de agosto, cuesta mucho creer que no tenga algún tipo de respaldo o aval del gobierno de los Estados Unidos.
La reciente visita de la Canciller Sandra Jovel a la Embajadora permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, el pasado jueves 30 de agosto, podría ser la respuesta a las acciones del presidente Jimmy Morales. Quiero decir que es muy difícil que el mandatario haya tomado una decisión tan abrupta de anunciar el viernes 31 de agosto que no renovará la ampliación del mandato de Cicigcon un año de antelación, como si estuviera mandando un mensaje a sus aliados en el Congreso para buscar el apoyo ante la votación para no perder la inmunidad. Quizás fue como decir me apoyan porque ya no habrá después de septiembre una Cicig que los persiga.
El gobierno del presidente Donald Trump ha hecho más énfasis en los temas migratorios, de seguridad fronteriza y de narcotráfico más que en el de la corrupción, y quizás está devolviendo el favor del cambio de Embajada de Guatemala a Jerusalén. Esto, sumado a que el gobierno del presidente Morales jugo su última carta al tratar de presionar a través de Nikki Haley que apoyara la decisión del gobierno para evitar que Guatemala establezca relaciones diplomáticas con China Continental.
¿Cuál fue la respuesta de Haley a la canciller Sandra Jovel? Solo ellas lo saben o cual fue la interpretación de Jovel acerca de la reunión para anunciar la serie de decisiones del presidente con respecto a Cicig. Lo que es cierto, es que inmediatamente después de esa reunión pareciera que hubo una luz verde para ejecutar los pasos que hizo el mandatario Morales de anunciar la no prórroga de Cicig en septiembre de 2019 y, acto seguido, anunciar a través de un oficio ante la Dirección General de Migración y Control Migratorio de Guatemala que el comisionado de Cicig, Iván, Velásquez Gómez, de nacionalidad colombiana, tenia impedimento para ingresar al territorio nacional en cualquier puesto fronterizo.
El silencio enérgico de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala ante los sucesos desencadenados en el ámbito de la política nacional podría hacer parecer que existe algún tipo de acuerdo al más alto nivel, alguna especie de aval hasta cierto punto con respecto a Velásquez. Sin embargo, las lecciones aprendidas del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina es que los apoyos del gobierno de los Estados Unidos son tan volátiles que pueden cambiar con un parpadeo de ojos. Por esta razón, para el presidente es importante no confiarse y tener una lectura más amplia de hasta dónde puede llegar.
Pareciera que el presidente Morales tiene el aval para terminar su administración, aunque sea muy desgastado y que lo lleven cargado hasta el 14 de enero de 2020 y que de ahí en adelante corre por su propia cuenta y riesgo. Si esta suposición fuera realidad, el presidente Morales estaría jugando su última carta para salvarse, al menos durante su gestión, pues los indicios sobre el supuesto financiamiento electoral ilícito son demasiado fuertes y contundentes con pruebas testimoniales y documentales, entre otras.
Aprovechando la coyuntura, el Congreso se dispone a enfilar su propia agenda con leyes hechas a la medida para darle un revés a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones generales. Entre los temas que se están fraguando encontramos la reforma al Código Penal 407N de Financiamiento Electoral Ilícito con el objetivo de salvar a los secretarios generales involucrados. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el artículo 205 TER con el objetivo que se permita el transfuguismo con fines electorales para que los diputados tránsfugas puedan reelegirse en las elecciones 2019. Ahora, la nueva ocurrencia, la iniciativa de ley 5300 que implica la reforma a la Ley de Antejuicio para darle un control absoluto al Congreso de la República para no pasar por la Corte Suprema de Justicia y convertir las solicitudes de antejuicio contra el presidente y vicepresidente, presidente del Organismo Judicial y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ministros de estado y secretarios de la Presidencia de la República, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General, Procurador General de la Nación. Buscan que estos sean conocidos única y exclusivamente por el organismo legislativo, lo cual representa una de las aberraciones más grandes que se pretenden recetar los diputados para convertirse en un organismo supremo.
Los ojos estarán puestos en la máxima Corte del país, es decir la Corte de Constitucionalidad que puede ordenar imperativamente al presidente Morales revertir todas sus decisiones en contra del comisionado Velásquez y en contra de Cicig, pues al no acatar una orden de la CC estaría rompiendo el orden Constitucional y entonces si entraríamos en lo que se denominaría un Auto Golpe de Estado. La medida más drástica del presidente Morales seria a sabiendas que la Corte estaría llamada a restablecer el orden constitucional ante un desacato presidencial. Por lo tanto, solo quedaría que el mandatario Morales se anticipe y en conjunto con el Congreso desconozca a la Corte de Constitucionalidad primero, lo que también sería un Auto Golpe de Estado.
Los mayores detractores del presidente Morales dicen que el ya cometió dos ilegalidades: la primera sería que con la decisión de no dejar entrar a Velásquez al país violó el amparo que la Corte de Constitucionalidad dio al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas el 27 de agosto pasado cuando anuló la declaratoria en contra de Velásquez de nombrarlo non grato, segunda sería que violó el convenio que dio vida a Cicig entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas en su artículo 12 que dice que cualquier diferencia entre el estado de Guatemala y la Cicig debía resolverse a través de los canales diplomáticos y el diálogo con la Organización de Naciones Unidas y de forma conjunta, algo que no ha sucedido y que se saltó el presidente.
En conclusión, es que uno de los principales temas para la campaña política del 2019, será establecer que candidatos están a favor y que candidatos no están a favor de continuar el apoyo a la Cicig. Hay quienes dicen que aparte de los señalamientos que tiene el presidente sobre financiamiento electoral ilícito, aún hay mucha más tela que cortar y que esa sería otra de las respuestas a sus acciones tan agresivas y radicales. El mejor momento para demostrar liderazgo por parte de todos los actores políticos, sectores, sociedad civil es revelar sus posturas para que a la luz de la coyuntura nacional se pongan de acuerdo para el tipo de país que se quiere y buscarlos a toda costa. El mayor perdedor de todo este conflicto es Guatemala.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo