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¿Se busca una corte independiente o una corte dócil?

Edgar René Ortiz
07 de enero, 2019

Cerramos el año2018 con la noticia de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) decidiópresentar una denuncia penal contra tres magistrados de la Corte deConstitucionalidad (CC) por los delitos de prevaricato, resolucionesviolatorias a la Constitución, violación a la Constitución y abuso de autoridad.

¿El motivo?Según parece, la PGN considera que las resoluciones de la CC relacionadas conlas controversias entre el Ejecutivo y la CICIG son ilegales, como si fueran ellos los órganos dejusticia para decidir si una resolución es legal o no lo es. Esto se suma alas palabras del presidente Morales queafirmó hace cuatro meses «Nuestra máxima ley me faculta a noobedecer órdenes ilegales», una insinuación bastante peligrosa.

Si la CC haacertado o errado en sus resoluciones es materia para un rico debate entreabogados y estudiosos del derecho. Algunos colegas opinan que la CC ha resueltocontra lo dispuesto por la Constitución y otros piensan lo contrario. Encualquier democracia consolidada también existen personas con opinionesdesfavorables respecto de las decisiones de las cortes.

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Algunos afirmanque el problema es que la CC se ha «politizado» y que la razón políticaha primado sobre la razón jurídica para retorcer el brazo presidencial en susconstantes intentos por acabar con la Comisión a toda costa. Lo cierto es que las cortes pasadas hansido vulnerables a las pretensiones del poder político y no habían sido objetode una crítica tan vehemente como en nuestros días.

Incluso en lospaíses desarrollados las altas cortes están influidas por la razón política.Basta echar un vistazo a históricas resoluciones de la Suprema Corte de EEUUdonde los asuntos se han zanjado por votaciones de 5 votos contra 4. La diferencia es que los mecanismos dedesignación de la Suprema Corte de EEUU alinean los incentivos de tal forma quellegan a conformarla los juristas más connotados del país.

Es verdad quenuestro sistema de justicia es increíblemente más vulnerable a las apetenciasde los grupos de interés y del poder político que en los países desarrollados.Esto se debe a que nuestras cortes son designadas mediante procesoscorporativistas que favorecen a los grupos antes aludidos.

Por eso cabe preguntarse, ¿qué ha hecho el gobierno deJimmy Morales para cambiar este sistema de elegir a las altas cortes? Larespuesta es clara: nada. En 2016 se planteó unareforma constitucional que pretendía (con sus aciertos y con sus errores)fortalecer el sistema de justicia. La consigna detrás de la reforma eraprecisamente despolitizar la designación de las altas cortes y para elloproponía cambiar ese caduco sistema de designación.  Es una pena que el presidente haya estado totalmenteausente en ese esfuerzo.

Eso lleva apreguntarnos, ¿pretende el Ejecutivo denunciar a estos 3 magistrados por sufalta de independencia? O más bien,¿pretende el Ejecutivo quitar de su camino a estos 3 magistrados porque son unobstáculo a sus pretensiones?

Invito al lectora reflexionar: ¿cuál sería el resultado final si los esfuerzos del Ejecutivotienen éxito? ¿La designación de 3 nuevos magistrados «independientes»o la designación de magistrados dóciles? No están los tiempos para ser tan ingenuos. Larespuesta es bastante obvia.

Si existe un problema de fondo es uno solo y lo reafirmo: los mecanismos para designar magistrados que prevé la Constitución. Entonces, pidamos al presidente y al Congreso que hagan un esfuerzo por retomar esa reforma al sistema de justicia para que en el futuro tengamos magistrados independientes y que los procesos no estén al alcance de la manipulación de grupos oscuros. Hagan la tarea que no hicieron en 2016. ¿No les parece la ruta de acción adecuada?


República es ajena a la opinión expresada en este artículo

¿Se busca una corte independiente o una corte dócil?

Edgar René Ortiz
07 de enero, 2019

Cerramos el año2018 con la noticia de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) decidiópresentar una denuncia penal contra tres magistrados de la Corte deConstitucionalidad (CC) por los delitos de prevaricato, resolucionesviolatorias a la Constitución, violación a la Constitución y abuso de autoridad.

¿El motivo?Según parece, la PGN considera que las resoluciones de la CC relacionadas conlas controversias entre el Ejecutivo y la CICIG son ilegales, como si fueran ellos los órganos dejusticia para decidir si una resolución es legal o no lo es. Esto se suma alas palabras del presidente Morales queafirmó hace cuatro meses «Nuestra máxima ley me faculta a noobedecer órdenes ilegales», una insinuación bastante peligrosa.

Si la CC haacertado o errado en sus resoluciones es materia para un rico debate entreabogados y estudiosos del derecho. Algunos colegas opinan que la CC ha resueltocontra lo dispuesto por la Constitución y otros piensan lo contrario. Encualquier democracia consolidada también existen personas con opinionesdesfavorables respecto de las decisiones de las cortes.

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Algunos afirmanque el problema es que la CC se ha «politizado» y que la razón políticaha primado sobre la razón jurídica para retorcer el brazo presidencial en susconstantes intentos por acabar con la Comisión a toda costa. Lo cierto es que las cortes pasadas hansido vulnerables a las pretensiones del poder político y no habían sido objetode una crítica tan vehemente como en nuestros días.

Incluso en lospaíses desarrollados las altas cortes están influidas por la razón política.Basta echar un vistazo a históricas resoluciones de la Suprema Corte de EEUUdonde los asuntos se han zanjado por votaciones de 5 votos contra 4. La diferencia es que los mecanismos dedesignación de la Suprema Corte de EEUU alinean los incentivos de tal forma quellegan a conformarla los juristas más connotados del país.

Es verdad quenuestro sistema de justicia es increíblemente más vulnerable a las apetenciasde los grupos de interés y del poder político que en los países desarrollados.Esto se debe a que nuestras cortes son designadas mediante procesoscorporativistas que favorecen a los grupos antes aludidos.

Por eso cabe preguntarse, ¿qué ha hecho el gobierno deJimmy Morales para cambiar este sistema de elegir a las altas cortes? Larespuesta es clara: nada. En 2016 se planteó unareforma constitucional que pretendía (con sus aciertos y con sus errores)fortalecer el sistema de justicia. La consigna detrás de la reforma eraprecisamente despolitizar la designación de las altas cortes y para elloproponía cambiar ese caduco sistema de designación.  Es una pena que el presidente haya estado totalmenteausente en ese esfuerzo.

Eso lleva apreguntarnos, ¿pretende el Ejecutivo denunciar a estos 3 magistrados por sufalta de independencia? O más bien,¿pretende el Ejecutivo quitar de su camino a estos 3 magistrados porque son unobstáculo a sus pretensiones?

Invito al lectora reflexionar: ¿cuál sería el resultado final si los esfuerzos del Ejecutivotienen éxito? ¿La designación de 3 nuevos magistrados «independientes»o la designación de magistrados dóciles? No están los tiempos para ser tan ingenuos. Larespuesta es bastante obvia.

Si existe un problema de fondo es uno solo y lo reafirmo: los mecanismos para designar magistrados que prevé la Constitución. Entonces, pidamos al presidente y al Congreso que hagan un esfuerzo por retomar esa reforma al sistema de justicia para que en el futuro tengamos magistrados independientes y que los procesos no estén al alcance de la manipulación de grupos oscuros. Hagan la tarea que no hicieron en 2016. ¿No les parece la ruta de acción adecuada?


República es ajena a la opinión expresada en este artículo