Quienes tuvimos la traumática experiencia de tramitar nuestra licencia para conducir automóviles, durante el siglo pasado, aún recordamos con cierto horror cuan engorroso era.
Uno debía ir al Centro, buscar un estacionamiento por la 6 Avenida y 14 Calle para luego, como gustan decir los abogados, apersonarse en el tenebroso Palacio de la Policía Nacional.
Nadie ignoraba que la entrada a ese edificio por la 14 Calle, guardaba los recintos donde habían sucedido las historias más siniestras de nuestro país. Allí, Rogelio Cruz Wer, Jefe de la Guardia Civil durante el gobierno de Árbenz había torturado, muchas veces hasta hacer morir, a cientos de guatemaltecos por “razón política”. Muchos sucesores suyos mantuvieron esa criminal tradición. Además, en la parte trasera del Palacio, sobre la 7 Avenida funcionaba un Centro de Detención donde sus reos purgaban penas por asuntos de poca o ninguna importancia.
Así que bastaba traspasar la pesada puerta de madera que da a la 6 Avenida para experimentar angustia. Después había que recorrer el corredor del lado sur, en cuyo extremo, a mano derecha, unos empleados tomaban café, inconmovibles ante las largas colas de usuarios y tramitadores que esperaban iniciar o finalizar el martirio de obtener una licencia para conducir. Allí, con una hoja de solicitud, iniciaba para el ciudadano, convertido en víctima de la indolente burocracia, un trámite que habría de demorar un mes o más.
Cada cinco años, me parece, era necesario someterse a un examen de la vista con el oftalmólogo de planta. Esa persona solo llegaba determinados días y a ciertas horas, generando otra cola numerosa. Desde luego, el examen era tan artificial como la decisión del tipo de licencia que uno quería. Había de tres clases, Particular, Liviana y Profesional. Era como pedir un hotdog, una hamburguesa o un sándwich, el único requisito para optar a una u otra era pagar la tarifa establecida.
Después de llenar la solicitud, era menester acudir a un “estudio fotográfico”; había varios sobre la 14 calle, donde el solicitante se hacía fotografiar. Debían verse, claramente, ambas orejas del asustado y desaliñado ciudadano. Muchas veces, cuando había muchos clientes, el fotógrafo era incapaz de entregar las fotos el mismo día debiendo regresar por ellas.
Ya con la foto, de nuevo al corredor sur para comprar una fianza, documento que nunca supe para qué podía servir, como no fuera para favorecer los intereses de la empresa afianzadora.
Después, generalmente en una tercera visita, se presentaban los documentos al mismo somnoliento encargado de la ventanilla que había entregado la hoja de solicitud. El empleado extendía un permiso provisional impreso en una tira de papel bond de 5 X 21 cm que tenía dos semanas de validez, a cuyo término se debía llegar a recoger la licencia. Desde luego, la mayoría de veces, al regresar, informaban: “aún está en firma”. Después de otra cola, en otra ventanilla, el permiso provisional recibía dos semanas de extensión.
Al final de la infame peregrinación, muchas veces más de un mes después de iniciada, el solicitante recibía una pieza de cartulina amarilla de 75 g, poco más alta que un DPI, donde figuraban, escritos a máquina, datos personales y otros. Allí, la fotografía engrampada con un sello encima cubriendo parte de la foto y parte de la cartulina, junto a la firma del Jefe, certificaba la autenticidad del documento. Ya con ella, había que acudir de regreso a la 14 calle para que la pusieran dentro de un plástico sellado o laminado, a elección. Era una operación necesaria. De lo contrario la licencia podía deteriorarse.
El año pasado, cuando renové mi licencia, fuimos con mi esposa e hija a hacer el trámite al Centro Comercial Metroplaza, (Km 13.1 de la Carretera Panamericana hacia El Salvador. Un edificio bien iluminado y ventilado, con cafetería, empleados amables y solícitos, estacionamiento… guarda las amplias y cómodas instalaciones de Maycom. Menos de media hora después, los tres teníamos cinco años más de permiso para conducir.
Regresar al burocrático trámite en la Policía Nacional, en comparación, es como ir a San Salvador a caballo, después de haberlo hecho por avión.
Me temo que las autoridades no se han percatado y quizá no lo hagan jamás, que a los usuarios no nos importan las dificultades creadas por su propia incapacidad, indolencia, incompetencia, torpeza… o lo que las cause. El actual estado de cosas es problema suyo. No debiéramos ser nosotros quienes suframos las consecuencias de su ineptitud.
En 1993 Ernesto Ruiz Sáenz de Tejada, fundador y propietario de los supermercados La Torre, a ruego del presidente Ramiro de León, aceptó hacerse cargo de la Dirección de la Policía de Tránsito. Dejó sus empresas en manos de sus hijos y le entró de lleno a ese cargo. Aquel fue un sacrificio en lo personal, lo social y lo económico para él. Además puso su seguridad personal en riesgo ya que se trataba de erradicar la corrupción imperante en ese sector policial. Fue en su gestión cuando se habló, quizá por primera vez, de resolver el tema de las licencias de conducir y pasar del desastre imperante a un modelo eficiente.
Aquella iniciativa dio paso a la fundación de Maycom en 1995 como una empresa integradora destinada a proporcionar sistemas de identificación biométrica. Con el sentido de urgencia que caminan las cosas en el Estado, fue hasta 1999 que empezó a producir, administrar y controlar la producción de licencias para conducir vehículos en Guatemala. Cinco años después, en 2004, se convirtió en la primera empresa privada que prestaba un servicio de Gobierno al público. La calidad de sus operaciones es refrendada por la certificación ISO 9001. Datos tomados del portal de Maycom (http://maycom.com.gt/quienes-somos/)
Han pasado 24 años desde su fundación. En ese tiempo ha establecido 10 agencias, 4 quioscos y 3 unidades móviles. Opera en Guatemala, Quetzaltenango, Zacapa y Escuintla con un contrato que venció a mediados del año pasado y fue prorrogado 18 meses que vencen el 31 de diciembre. Solo quien nunca conoció el pasado puede criticar a Maycom, los demás nos mostramos satisfechos con su servicio.
El Gobierno debió preparar los términos de una licitación a principios de 2016, a manera de calificar ofertas a principios de 2017 y dejar año y medio (solo dejó 4 meses que después amplió a 6) a la empresa ganadora para adquirir equipo, arrendar espacios en 10 departamentos, entrenar personal, desarrollar programas informáticos, reclutar y entrenar personal, así como una multitud de tareas menores adicionales. Así, la empresa ganadora habría podido entrar a operar a mediados de 2018 en sustitución de Maycom.
Pero son demasiado chambones y no lo hicieron. Cuatro años después solo tienen las bases para una licitación. José E. Valdizán entrevistó al Director de Departamento de Tránsito, hace unos dos meses. El funcionario, graciosamente, declaró que las nuevas licencias serían tan maravillosas que almacenarían en su memoria copia ¡del himno nacional! Inaudito ¿verdad?
Además, durante la entrevista habló de la fecha de contratación como si eso y no la fecha de inicio de operaciones fuera lo verdaderamente importante. El día de recepción de ofertas Maycom fue el único oferente. Entonces aconteció lo insólito: ¡La descalificaron! Había presentado una fianza a nombre del Departamento de Tránsito en vez de hacerlo a favor de la Dirección General de la PNC. Dada la gravedad de la crisis que desde entonces inició, ese error debió ser subsanado haciendo el cambio pertinente, sin mayor trámite. La renuencia a hacerlo, avalada por el ministro Degenhart ha creado sospechas de corrupción.
Si el Gobierno actuara con alguna sensatez, aceptaría que el servicio que Maycom presta a los guatemaltecos es excelente y firmaría un nuevo contrato con ellos. Además, reconociendo su aceptación por el público consideraría contratar con ellos la de pasaportes y de los DPI. En cambio, como lo que priva es el dislate y la irresponsable necedad, se le deja fuera por una razón insustancial, pueril y superficial.
¿Y los usuarios?
Quienes tuvimos la traumática experiencia de tramitar nuestra licencia para conducir automóviles, durante el siglo pasado, aún recordamos con cierto horror cuan engorroso era.
Uno debía ir al Centro, buscar un estacionamiento por la 6 Avenida y 14 Calle para luego, como gustan decir los abogados, apersonarse en el tenebroso Palacio de la Policía Nacional.
Nadie ignoraba que la entrada a ese edificio por la 14 Calle, guardaba los recintos donde habían sucedido las historias más siniestras de nuestro país. Allí, Rogelio Cruz Wer, Jefe de la Guardia Civil durante el gobierno de Árbenz había torturado, muchas veces hasta hacer morir, a cientos de guatemaltecos por “razón política”. Muchos sucesores suyos mantuvieron esa criminal tradición. Además, en la parte trasera del Palacio, sobre la 7 Avenida funcionaba un Centro de Detención donde sus reos purgaban penas por asuntos de poca o ninguna importancia.
Así que bastaba traspasar la pesada puerta de madera que da a la 6 Avenida para experimentar angustia. Después había que recorrer el corredor del lado sur, en cuyo extremo, a mano derecha, unos empleados tomaban café, inconmovibles ante las largas colas de usuarios y tramitadores que esperaban iniciar o finalizar el martirio de obtener una licencia para conducir. Allí, con una hoja de solicitud, iniciaba para el ciudadano, convertido en víctima de la indolente burocracia, un trámite que habría de demorar un mes o más.
Cada cinco años, me parece, era necesario someterse a un examen de la vista con el oftalmólogo de planta. Esa persona solo llegaba determinados días y a ciertas horas, generando otra cola numerosa. Desde luego, el examen era tan artificial como la decisión del tipo de licencia que uno quería. Había de tres clases, Particular, Liviana y Profesional. Era como pedir un hotdog, una hamburguesa o un sándwich, el único requisito para optar a una u otra era pagar la tarifa establecida.
Después de llenar la solicitud, era menester acudir a un “estudio fotográfico”; había varios sobre la 14 calle, donde el solicitante se hacía fotografiar. Debían verse, claramente, ambas orejas del asustado y desaliñado ciudadano. Muchas veces, cuando había muchos clientes, el fotógrafo era incapaz de entregar las fotos el mismo día debiendo regresar por ellas.
Ya con la foto, de nuevo al corredor sur para comprar una fianza, documento que nunca supe para qué podía servir, como no fuera para favorecer los intereses de la empresa afianzadora.
Después, generalmente en una tercera visita, se presentaban los documentos al mismo somnoliento encargado de la ventanilla que había entregado la hoja de solicitud. El empleado extendía un permiso provisional impreso en una tira de papel bond de 5 X 21 cm que tenía dos semanas de validez, a cuyo término se debía llegar a recoger la licencia. Desde luego, la mayoría de veces, al regresar, informaban: “aún está en firma”. Después de otra cola, en otra ventanilla, el permiso provisional recibía dos semanas de extensión.
Al final de la infame peregrinación, muchas veces más de un mes después de iniciada, el solicitante recibía una pieza de cartulina amarilla de 75 g, poco más alta que un DPI, donde figuraban, escritos a máquina, datos personales y otros. Allí, la fotografía engrampada con un sello encima cubriendo parte de la foto y parte de la cartulina, junto a la firma del Jefe, certificaba la autenticidad del documento. Ya con ella, había que acudir de regreso a la 14 calle para que la pusieran dentro de un plástico sellado o laminado, a elección. Era una operación necesaria. De lo contrario la licencia podía deteriorarse.
El año pasado, cuando renové mi licencia, fuimos con mi esposa e hija a hacer el trámite al Centro Comercial Metroplaza, (Km 13.1 de la Carretera Panamericana hacia El Salvador. Un edificio bien iluminado y ventilado, con cafetería, empleados amables y solícitos, estacionamiento… guarda las amplias y cómodas instalaciones de Maycom. Menos de media hora después, los tres teníamos cinco años más de permiso para conducir.
Regresar al burocrático trámite en la Policía Nacional, en comparación, es como ir a San Salvador a caballo, después de haberlo hecho por avión.
Me temo que las autoridades no se han percatado y quizá no lo hagan jamás, que a los usuarios no nos importan las dificultades creadas por su propia incapacidad, indolencia, incompetencia, torpeza… o lo que las cause. El actual estado de cosas es problema suyo. No debiéramos ser nosotros quienes suframos las consecuencias de su ineptitud.
En 1993 Ernesto Ruiz Sáenz de Tejada, fundador y propietario de los supermercados La Torre, a ruego del presidente Ramiro de León, aceptó hacerse cargo de la Dirección de la Policía de Tránsito. Dejó sus empresas en manos de sus hijos y le entró de lleno a ese cargo. Aquel fue un sacrificio en lo personal, lo social y lo económico para él. Además puso su seguridad personal en riesgo ya que se trataba de erradicar la corrupción imperante en ese sector policial. Fue en su gestión cuando se habló, quizá por primera vez, de resolver el tema de las licencias de conducir y pasar del desastre imperante a un modelo eficiente.
Aquella iniciativa dio paso a la fundación de Maycom en 1995 como una empresa integradora destinada a proporcionar sistemas de identificación biométrica. Con el sentido de urgencia que caminan las cosas en el Estado, fue hasta 1999 que empezó a producir, administrar y controlar la producción de licencias para conducir vehículos en Guatemala. Cinco años después, en 2004, se convirtió en la primera empresa privada que prestaba un servicio de Gobierno al público. La calidad de sus operaciones es refrendada por la certificación ISO 9001. Datos tomados del portal de Maycom (http://maycom.com.gt/quienes-somos/)
Han pasado 24 años desde su fundación. En ese tiempo ha establecido 10 agencias, 4 quioscos y 3 unidades móviles. Opera en Guatemala, Quetzaltenango, Zacapa y Escuintla con un contrato que venció a mediados del año pasado y fue prorrogado 18 meses que vencen el 31 de diciembre. Solo quien nunca conoció el pasado puede criticar a Maycom, los demás nos mostramos satisfechos con su servicio.
El Gobierno debió preparar los términos de una licitación a principios de 2016, a manera de calificar ofertas a principios de 2017 y dejar año y medio (solo dejó 4 meses que después amplió a 6) a la empresa ganadora para adquirir equipo, arrendar espacios en 10 departamentos, entrenar personal, desarrollar programas informáticos, reclutar y entrenar personal, así como una multitud de tareas menores adicionales. Así, la empresa ganadora habría podido entrar a operar a mediados de 2018 en sustitución de Maycom.
Pero son demasiado chambones y no lo hicieron. Cuatro años después solo tienen las bases para una licitación. José E. Valdizán entrevistó al Director de Departamento de Tránsito, hace unos dos meses. El funcionario, graciosamente, declaró que las nuevas licencias serían tan maravillosas que almacenarían en su memoria copia ¡del himno nacional! Inaudito ¿verdad?
Además, durante la entrevista habló de la fecha de contratación como si eso y no la fecha de inicio de operaciones fuera lo verdaderamente importante. El día de recepción de ofertas Maycom fue el único oferente. Entonces aconteció lo insólito: ¡La descalificaron! Había presentado una fianza a nombre del Departamento de Tránsito en vez de hacerlo a favor de la Dirección General de la PNC. Dada la gravedad de la crisis que desde entonces inició, ese error debió ser subsanado haciendo el cambio pertinente, sin mayor trámite. La renuencia a hacerlo, avalada por el ministro Degenhart ha creado sospechas de corrupción.
Si el Gobierno actuara con alguna sensatez, aceptaría que el servicio que Maycom presta a los guatemaltecos es excelente y firmaría un nuevo contrato con ellos. Además, reconociendo su aceptación por el público consideraría contratar con ellos la de pasaportes y de los DPI. En cambio, como lo que priva es el dislate y la irresponsable necedad, se le deja fuera por una razón insustancial, pueril y superficial.
¿Y los usuarios?