Prensa Libre dio aconocer un audio que se filtró que contiene una conversación que sosteníaSandra Torres con Gustavo Alejos en 2015. Según se dice, ese audio es parte delos indicios del expediente del Caso de financiamientoelectoral ilícito que presentaron CICIG y MP en enero contra varios integrantes delpartido UNE.
¿Cuál era el caso?
En enero la CICIG y el MP acusan alpartido UNE de: a) recibir financiamiento de fuentes ilícitas; y b) de recibirdinero lícito pero que no fue reportado a las autoridades como la ley electorallo manda. Esto en las elecciones de 2015.
En síntesis, la acusación definanciamiento de origen ilícito viene del Caso Traficantes de Influencias donde existíauna estructura en la SAT que se dedicaba a cobrar “mordidas” para “agilizar” ladevolución del crédito fiscal. Según la CICIG, una de las entidades comercialesde cartón en las que se recibía el dinero de los sobornos, pagó gastos decampaña de la UNE. Ya que esas “mordidas” son fruto de delitos como detráfico de influencias y cohecho, se considera que la campaña de UNE tienefondos de origen ilícito.
Y la otra parte del caso sefundamenta en que hubo una serie de personas que aportaron fondos de origenlícito a la campaña de UNE pero no lo hicieron (como manda la ley)donando los recursos al partido y reportando la donación. Por elcontrario, simulaban hacer “pagos” por prestación de servicios a una entidadcomercial (MAARIV, S.A.) y luego desde esta entidad se pagaban gastos decampaña o se le daba directamente fondos a candidatos del partido.
¿Por qué estoafecta a Sandra Torres?
El caso intenta demostrar que laentonces candidata presidencial del partido UNE, Sandra Torres, tenía plenoconocimiento de la forma en que se financiaba el partido y que además dio suconsentimiento para hacerlo de tal forma. A su vez, uno de los testigosdentro del caso, asegura que le entregó un cheque por Q.250,000.00 directamentea Sandra Torres. De ahí que la acusen de asociación ilícita (6 a 8 años deprisión) y de financiamiento electoral no registrado (1 a 5 años de prisión).
¿Qué pasó con elcaso? ¿qué acciones proceden?
Varios de los señalados dentro deeste caso están rindiendo primera declaración ante un juez. Sin embargo, SandraTorres (acusada de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado)y varios diputados no porque gozan del derecho de antejuicio. Al ser así, laCorte Suprema de Justicia, en una inexplicable decisión, rechazó las diligencias deantejuicio en contra de Torres y los diputados de UNE.
La única acción que procede ahora esque MP y/o CICIG interpongan un amparo, que conocería la Corte deConstitucionalidad, en contra de la decisión de la Corte Suprema de rechazar elantejuicio. Pasarán varias semanas hasta que sepamos si la Corte deConstitucionalidad (CC) otorga el amparo.
Si lo otorga, lo que procede es quela CC resuelva que la Corte Suprema de Justicia deba emitir un nuevo falloconforme a derecho. Eso implicaría que dé trámite al antejuicio y sesiga el siguiente proceso: que se nombre a un juez pesquisidor que recabelos indicios existentes, que elabore un informe donde recomiende retirar lainmunidad o no a la acusada y finalmente que el pleno de la Corte Suprema deJusticia resuelva por mayoría si le retira o no la inmunidad a Sandra Torres.Esto puede tomar varios meses.
¿Qué pasará? Dependerá de laceleridad con que resuelva la Corte Suprema. Puede ser que le retiren lainmunidad a media campaña y le toque enfrentar un proceso penal. Aunenfrentando proceso penal no está claro que la ley mande a revocar suinscripción. Antes del año 2004, el artículo 217 de la Ley Electoral sí eraclaro en que, si se declaraba con lugar el antejuicio, la candidatura eracancelada, pero esa oración se eliminó de la ley.
Prensa Libre dio aconocer un audio que se filtró que contiene una conversación que sosteníaSandra Torres con Gustavo Alejos en 2015. Según se dice, ese audio es parte delos indicios del expediente del Caso de financiamientoelectoral ilícito que presentaron CICIG y MP en enero contra varios integrantes delpartido UNE.
¿Cuál era el caso?
En enero la CICIG y el MP acusan alpartido UNE de: a) recibir financiamiento de fuentes ilícitas; y b) de recibirdinero lícito pero que no fue reportado a las autoridades como la ley electorallo manda. Esto en las elecciones de 2015.
En síntesis, la acusación definanciamiento de origen ilícito viene del Caso Traficantes de Influencias donde existíauna estructura en la SAT que se dedicaba a cobrar “mordidas” para “agilizar” ladevolución del crédito fiscal. Según la CICIG, una de las entidades comercialesde cartón en las que se recibía el dinero de los sobornos, pagó gastos decampaña de la UNE. Ya que esas “mordidas” son fruto de delitos como detráfico de influencias y cohecho, se considera que la campaña de UNE tienefondos de origen ilícito.
Y la otra parte del caso sefundamenta en que hubo una serie de personas que aportaron fondos de origenlícito a la campaña de UNE pero no lo hicieron (como manda la ley)donando los recursos al partido y reportando la donación. Por elcontrario, simulaban hacer “pagos” por prestación de servicios a una entidadcomercial (MAARIV, S.A.) y luego desde esta entidad se pagaban gastos decampaña o se le daba directamente fondos a candidatos del partido.
¿Por qué estoafecta a Sandra Torres?
El caso intenta demostrar que laentonces candidata presidencial del partido UNE, Sandra Torres, tenía plenoconocimiento de la forma en que se financiaba el partido y que además dio suconsentimiento para hacerlo de tal forma. A su vez, uno de los testigosdentro del caso, asegura que le entregó un cheque por Q.250,000.00 directamentea Sandra Torres. De ahí que la acusen de asociación ilícita (6 a 8 años deprisión) y de financiamiento electoral no registrado (1 a 5 años de prisión).
¿Qué pasó con elcaso? ¿qué acciones proceden?
Varios de los señalados dentro deeste caso están rindiendo primera declaración ante un juez. Sin embargo, SandraTorres (acusada de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado)y varios diputados no porque gozan del derecho de antejuicio. Al ser así, laCorte Suprema de Justicia, en una inexplicable decisión, rechazó las diligencias deantejuicio en contra de Torres y los diputados de UNE.
La única acción que procede ahora esque MP y/o CICIG interpongan un amparo, que conocería la Corte deConstitucionalidad, en contra de la decisión de la Corte Suprema de rechazar elantejuicio. Pasarán varias semanas hasta que sepamos si la Corte deConstitucionalidad (CC) otorga el amparo.
Si lo otorga, lo que procede es quela CC resuelva que la Corte Suprema de Justicia deba emitir un nuevo falloconforme a derecho. Eso implicaría que dé trámite al antejuicio y sesiga el siguiente proceso: que se nombre a un juez pesquisidor que recabelos indicios existentes, que elabore un informe donde recomiende retirar lainmunidad o no a la acusada y finalmente que el pleno de la Corte Suprema deJusticia resuelva por mayoría si le retira o no la inmunidad a Sandra Torres.Esto puede tomar varios meses.
¿Qué pasará? Dependerá de laceleridad con que resuelva la Corte Suprema. Puede ser que le retiren lainmunidad a media campaña y le toque enfrentar un proceso penal. Aunenfrentando proceso penal no está claro que la ley mande a revocar suinscripción. Antes del año 2004, el artículo 217 de la Ley Electoral sí eraclaro en que, si se declaraba con lugar el antejuicio, la candidatura eracancelada, pero esa oración se eliminó de la ley.