Los acuerdos paz celebrados por funcionarios gubernamentales y comandantes guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, fueron ilegales. Lo fueron porque eran “decisiones políticas de especial trascendencia” que, por consiguiente, tenían que haber sido “sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”; pero nunca lo fueron. ¿O esos acuerdos no eran “decisiones políticas de especial trascendencia”, sino decisiones delictivas de ordinaria intrascendencia? Uno de los últimos acuerdos fue celebrado el 29 de diciembre del año 1996.
Hubo, empero, una excepción: el acuerdo de reforma de la Constitución Política, que efectivamente fue sometido a procedimiento consultivo. El acuerdo fue firmado el 7 de diciembre del año 1996, en Estocolmo. El Organismo Ejecutivo se comprometía a promover, en el Congreso de la República, esa reforma.
La mayoría de guatemaltecos repudió ese acuerdo. Repudió que la Constitución Política fuera reformada para crear pueblos indígenas con su propio territorio, sus propias fronteras territoriales y su propio gobierno. Repudió que hubiera diez o veinte idiomas oficiales. Repudió que mayas, xincas y garífunas fueran pueblos independientes. Repudió que los indígenas tuvieran derechos que no serían derechos de no indígenas. Repudió que se otorgara a mayas, xincas y garífunas territorios exclusivos so pretexto de ser sagrados, a los cuales ningún no indígena podía ingresar. Repudió que se transformara el Organismo Legislativo, el Organismo Judicial y el Organismo Ejecutivo para complacer el interés ideológico de la guerrilla.
In summa: se pretendía corromper la Constitución Política para destruir el Estado de Guatemala; pero la mayoría de ciudadanos se opuso, y la guerrilla, es decir, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, sufrió la primera derrota infligida por el pueblo mismo. He dicho “primera derrota”, porque cuando la exguerrilla, convertida en partido político, compitió en procesos electorales, el pueblo le infligió renovadas derrotas.
Si el único acuerdo de paz que fue sometido a procedimiento consultivo fue repudiado, probablemente los restantes once, veinte, treinta, cien o mil acuerdos de paz también hubieran sido repudiados. Empero, perversamente funcionarios gubernamentales y comandantes guerrilleros se abstuvieron de acudir a ese procedimiento, como si tuvieran la certeza de aquel repudio. El costo de su perversidad, sin embargo, fue precisamente la ilegalidad de los acuerdos; y ni funcionarios gubernamentales ni comandantes guerrilleros podían invocar la voluntad del pueblo para santificar los acuerdos y convertir a los ciudadanos en devotos adoradores de la guerrilla transformada en exguerrilla, poseedora de su propio partido político.
Originalmente aquellos mismos funcionarios gubernamentales y aquellos mismos guerrilleros pretendieron que los acuerdos de paz fueran el programa político de cualquier partido gobernante, o de cualquier gobierno. Tal pretensión fue evadida, aunque, para preservar alguna presunta simpatía de la comunidad internacional, se acudió a un simulacro, que consistía en invocar, con tediosa insistencia y notorio hipocresía, los acuerdos de paz. Y si algún funcionario gubernamental acudía a una misa oficiada en la Catedral Metropolitana, y se percataba de la proximidad de un embajador europeo, o de un embajador de la Unión Europea, entonces, con tono de voz suficientemente elevado para ser escuchado, y en el acto de hincarse, pronunciaba palabras como estas: “Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. ¡Agnus dei! ¡Que se cumplan los acuerdos de paz!” He aquí el significado de esa expresión latina: “Cordero de Dios, que eliminas el pecado del mundo. Ten compasión de nosotros.”
Ya que fue eludida la aprobación popular de los acuerdos, y ya que atentaban contra la Constitución Política, y se erigían en ofensivos monumentos de ilegalidad, por lo menos había que disimular esa ilegalidad y, con secreto cinismo, conferirles legitimidad. ¿Cómo? Había que convertirlos en “acuerdos de Estado”, mediante una ley. Y si adquirían tan excelsa calidad, cualquier partido político gobernante tendría que cumplirlos, porque ya eran una ley de la república. El intento fracasó.
Los acuerdos de paz eran ilegales. Son ilegales. Serán ilegales. Ningún tribunal de justicia o injusticia ha declarado esa ilegalidad; lo cual no significa que sean legales. La historia ha sido el mejor recurso punitivo de esa ilegalidad: nunca se han cumplido y de hecho se han extinguido. Algunos políticos todavía los invocan; pero en la invocación no hay convicción sino un compromiso de complacer a la comunidad internacional, que debe fingir que se siente complacida. Realmente esos acuerdos fueron flores que nacieron marchitas. Fueron semillas que no germinaron.
Post scriptum. Cuando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firmó el último de los acuerdos de paz, era ya un cadáver. Ciertamente resucitó convertida en partido político; pero pronto se convirtió en un renovado cadáver, sepultado en algún cementerio de la grosera insensatez, o de la cómica estupidez, o de la penosa demencia.
Los acuerdos paz celebrados por funcionarios gubernamentales y comandantes guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, fueron ilegales. Lo fueron porque eran “decisiones políticas de especial trascendencia” que, por consiguiente, tenían que haber sido “sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”; pero nunca lo fueron. ¿O esos acuerdos no eran “decisiones políticas de especial trascendencia”, sino decisiones delictivas de ordinaria intrascendencia? Uno de los últimos acuerdos fue celebrado el 29 de diciembre del año 1996.
Hubo, empero, una excepción: el acuerdo de reforma de la Constitución Política, que efectivamente fue sometido a procedimiento consultivo. El acuerdo fue firmado el 7 de diciembre del año 1996, en Estocolmo. El Organismo Ejecutivo se comprometía a promover, en el Congreso de la República, esa reforma.
La mayoría de guatemaltecos repudió ese acuerdo. Repudió que la Constitución Política fuera reformada para crear pueblos indígenas con su propio territorio, sus propias fronteras territoriales y su propio gobierno. Repudió que hubiera diez o veinte idiomas oficiales. Repudió que mayas, xincas y garífunas fueran pueblos independientes. Repudió que los indígenas tuvieran derechos que no serían derechos de no indígenas. Repudió que se otorgara a mayas, xincas y garífunas territorios exclusivos so pretexto de ser sagrados, a los cuales ningún no indígena podía ingresar. Repudió que se transformara el Organismo Legislativo, el Organismo Judicial y el Organismo Ejecutivo para complacer el interés ideológico de la guerrilla.
In summa: se pretendía corromper la Constitución Política para destruir el Estado de Guatemala; pero la mayoría de ciudadanos se opuso, y la guerrilla, es decir, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, sufrió la primera derrota infligida por el pueblo mismo. He dicho “primera derrota”, porque cuando la exguerrilla, convertida en partido político, compitió en procesos electorales, el pueblo le infligió renovadas derrotas.
Si el único acuerdo de paz que fue sometido a procedimiento consultivo fue repudiado, probablemente los restantes once, veinte, treinta, cien o mil acuerdos de paz también hubieran sido repudiados. Empero, perversamente funcionarios gubernamentales y comandantes guerrilleros se abstuvieron de acudir a ese procedimiento, como si tuvieran la certeza de aquel repudio. El costo de su perversidad, sin embargo, fue precisamente la ilegalidad de los acuerdos; y ni funcionarios gubernamentales ni comandantes guerrilleros podían invocar la voluntad del pueblo para santificar los acuerdos y convertir a los ciudadanos en devotos adoradores de la guerrilla transformada en exguerrilla, poseedora de su propio partido político.
Originalmente aquellos mismos funcionarios gubernamentales y aquellos mismos guerrilleros pretendieron que los acuerdos de paz fueran el programa político de cualquier partido gobernante, o de cualquier gobierno. Tal pretensión fue evadida, aunque, para preservar alguna presunta simpatía de la comunidad internacional, se acudió a un simulacro, que consistía en invocar, con tediosa insistencia y notorio hipocresía, los acuerdos de paz. Y si algún funcionario gubernamental acudía a una misa oficiada en la Catedral Metropolitana, y se percataba de la proximidad de un embajador europeo, o de un embajador de la Unión Europea, entonces, con tono de voz suficientemente elevado para ser escuchado, y en el acto de hincarse, pronunciaba palabras como estas: “Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. ¡Agnus dei! ¡Que se cumplan los acuerdos de paz!” He aquí el significado de esa expresión latina: “Cordero de Dios, que eliminas el pecado del mundo. Ten compasión de nosotros.”
Ya que fue eludida la aprobación popular de los acuerdos, y ya que atentaban contra la Constitución Política, y se erigían en ofensivos monumentos de ilegalidad, por lo menos había que disimular esa ilegalidad y, con secreto cinismo, conferirles legitimidad. ¿Cómo? Había que convertirlos en “acuerdos de Estado”, mediante una ley. Y si adquirían tan excelsa calidad, cualquier partido político gobernante tendría que cumplirlos, porque ya eran una ley de la república. El intento fracasó.
Los acuerdos de paz eran ilegales. Son ilegales. Serán ilegales. Ningún tribunal de justicia o injusticia ha declarado esa ilegalidad; lo cual no significa que sean legales. La historia ha sido el mejor recurso punitivo de esa ilegalidad: nunca se han cumplido y de hecho se han extinguido. Algunos políticos todavía los invocan; pero en la invocación no hay convicción sino un compromiso de complacer a la comunidad internacional, que debe fingir que se siente complacida. Realmente esos acuerdos fueron flores que nacieron marchitas. Fueron semillas que no germinaron.
Post scriptum. Cuando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firmó el último de los acuerdos de paz, era ya un cadáver. Ciertamente resucitó convertida en partido político; pero pronto se convirtió en un renovado cadáver, sepultado en algún cementerio de la grosera insensatez, o de la cómica estupidez, o de la penosa demencia.