Ha habido mucho revuelo, sin fundamentos, contra concesiones de carreteras, correo, trenes, puertos y demás obras de infraestructura.
El tema de la oposición a estas formas de realizar obra está basado, principalmente, en conceptos ideológicos. En ese punto, las ideologías estatistas y totalitarias pretenden que todas las obras de infraestructura, explotaciones de recursos y actividades económicas sean dictadas por el gobierno o propiedad del gobierno -fascismo y socialismo, respectivamente- por lo que el hecho que un ciudadano decida hacerlo por sí mismo es una ofensa a su base ideológica.
No obstante, esa ofensa ideológica es una injusticia fiscal, un error conceptual y un disparate financiero.
Veamos.
El presupuesto del gobierno se alimenta, principalmente, de recursos tributarios. Luego el rubro de ingresos por actividades, que usualmente son regalías mineras, petroleras y otros recursos naturales.
Las obras de infraestructura, financieramente, no son rentables en el modelo de “uso público”. Así, una carretera la pagamos todos por medio de impuestos y la mantenemos todos, por medio de impuestos, aunque no la usemos todos. Esas obras son, por tanto, siempre un gasto. (Lea a Kyosaki).
La fórmula, por tanto, para lograr que esas obras pasen de “gasto” a “activo” es cobrar por su uso. La lógica tras esto es, por lo menos debe ser, permitir que los recursos tributarios vayan a las necesidades prioritarias del Estado. Es así, por ejemplo, que dejar de mantener carreteras con recursos “del fondo común” permite que esos recursos sean utilizados en actividades como inversión en hospitales, seguridad, justicia y hasta inversión educativa, sin necesidad de préstamos o aumento de impuestos. Es más, dado que los modelos de concesiones de carreteras implican que se cobra el uso de esa carretera a quien transite sobre ella, que el concesionario debe dedicar recursos en mantenimiento con ciertos estándares y pagar al gobierno por dicha concesión, el gobierno no está erogando dinero en su mantenimiento y además recibe dinero por la carretera.
Para los ciudadanos que no utilizan la carretera, su costo es CERO. El mantenimiento de la misma también les costará CERO y habrá más recursos del fondo común que podrán ser destinados a actividades prioritarias.
Para ponerlo en perspectiva, imaginemos la carretera a un puerto marítimo y destino de descanso de fin de semana de familias acomodadas, tal como sería Puerto Quetzal y los destinos como Likin, Monterrico y otros que existen alrededor.
¿Quiénes usan esa carretera con más frecuencia? Los camiones de carga y los turistas o acomodados que tienen casa de descanso.
¿Quiénes pagamos por la construcción de la carretera? Todos. La usemos o no.
¿Quiénes pagamos por el mantenimiento de la carretera? Todos. La usemos o no.
La justicia de cobrarle únicamente a quienes la utilizan es evidente. La liberación de recursos beneficia a todos. El gobierno tendrá ingresos no tributarios de dicha concesión, mismos que podrán ser usados para el pago de deuda, recortes tributarios o fines más “nobles” que subsidiar el fin de semana de los veraniegos turistas y la carga comercial entre el puerto las bodegas.
Otro ejemplo, de actualidad, es el retiro de la concesión para la prestación de los servicios de correo postal. Ese contrato que se celebró hace muchos años y hace unos pocos no fue renovado, implicaba que el gobierno no tenía que erogar del presupuesto dinero alguno para prestar el servicio postal. El Correo del Canadá era quien operaba.
¿Qué sucedía antes? Pues la Dirección General de Correos le cobraba al operador del correo. Cada uno que lo usaba pagaba su envío postal. Las cartas y paquetes llegaban rápido y barato.
¿Qué pasa ahora? Nos quedamos sin servicio desde el año 2016. Todavía no hay recepción ni envíos internacionales. Localmente es precario. Pero nos cuesta casi Q30,000,000.00 al año, cuando antes el gobierno recibía dinero.
Y ese dinero sirve para pagar salarios y honorarios de 281 personas, tal como nos costó en noviembre de 2019. Dele clic y vea el presupuesto de empleados y 029 de la Dirección General de Correos y Telégrafos: NOVIEMBRE2019
Por lo anterior, el complemento ideal a las concesiones de servicios e infraestructura es que el gobierno aumente sus ingresos por vía directa, cobrando únicamente a quien lo usa; se pueda rebajar la carga tributaria o por lo menos priorizar hacia servicios verdaderamente públicos. Es una buena cosa, al final.
Ha habido mucho revuelo, sin fundamentos, contra concesiones de carreteras, correo, trenes, puertos y demás obras de infraestructura.
El tema de la oposición a estas formas de realizar obra está basado, principalmente, en conceptos ideológicos. En ese punto, las ideologías estatistas y totalitarias pretenden que todas las obras de infraestructura, explotaciones de recursos y actividades económicas sean dictadas por el gobierno o propiedad del gobierno -fascismo y socialismo, respectivamente- por lo que el hecho que un ciudadano decida hacerlo por sí mismo es una ofensa a su base ideológica.
No obstante, esa ofensa ideológica es una injusticia fiscal, un error conceptual y un disparate financiero.
Veamos.
El presupuesto del gobierno se alimenta, principalmente, de recursos tributarios. Luego el rubro de ingresos por actividades, que usualmente son regalías mineras, petroleras y otros recursos naturales.
Las obras de infraestructura, financieramente, no son rentables en el modelo de “uso público”. Así, una carretera la pagamos todos por medio de impuestos y la mantenemos todos, por medio de impuestos, aunque no la usemos todos. Esas obras son, por tanto, siempre un gasto. (Lea a Kyosaki).
La fórmula, por tanto, para lograr que esas obras pasen de “gasto” a “activo” es cobrar por su uso. La lógica tras esto es, por lo menos debe ser, permitir que los recursos tributarios vayan a las necesidades prioritarias del Estado. Es así, por ejemplo, que dejar de mantener carreteras con recursos “del fondo común” permite que esos recursos sean utilizados en actividades como inversión en hospitales, seguridad, justicia y hasta inversión educativa, sin necesidad de préstamos o aumento de impuestos. Es más, dado que los modelos de concesiones de carreteras implican que se cobra el uso de esa carretera a quien transite sobre ella, que el concesionario debe dedicar recursos en mantenimiento con ciertos estándares y pagar al gobierno por dicha concesión, el gobierno no está erogando dinero en su mantenimiento y además recibe dinero por la carretera.
Para los ciudadanos que no utilizan la carretera, su costo es CERO. El mantenimiento de la misma también les costará CERO y habrá más recursos del fondo común que podrán ser destinados a actividades prioritarias.
Para ponerlo en perspectiva, imaginemos la carretera a un puerto marítimo y destino de descanso de fin de semana de familias acomodadas, tal como sería Puerto Quetzal y los destinos como Likin, Monterrico y otros que existen alrededor.
¿Quiénes usan esa carretera con más frecuencia? Los camiones de carga y los turistas o acomodados que tienen casa de descanso.
¿Quiénes pagamos por la construcción de la carretera? Todos. La usemos o no.
¿Quiénes pagamos por el mantenimiento de la carretera? Todos. La usemos o no.
La justicia de cobrarle únicamente a quienes la utilizan es evidente. La liberación de recursos beneficia a todos. El gobierno tendrá ingresos no tributarios de dicha concesión, mismos que podrán ser usados para el pago de deuda, recortes tributarios o fines más “nobles” que subsidiar el fin de semana de los veraniegos turistas y la carga comercial entre el puerto las bodegas.
Otro ejemplo, de actualidad, es el retiro de la concesión para la prestación de los servicios de correo postal. Ese contrato que se celebró hace muchos años y hace unos pocos no fue renovado, implicaba que el gobierno no tenía que erogar del presupuesto dinero alguno para prestar el servicio postal. El Correo del Canadá era quien operaba.
¿Qué sucedía antes? Pues la Dirección General de Correos le cobraba al operador del correo. Cada uno que lo usaba pagaba su envío postal. Las cartas y paquetes llegaban rápido y barato.
¿Qué pasa ahora? Nos quedamos sin servicio desde el año 2016. Todavía no hay recepción ni envíos internacionales. Localmente es precario. Pero nos cuesta casi Q30,000,000.00 al año, cuando antes el gobierno recibía dinero.
Y ese dinero sirve para pagar salarios y honorarios de 281 personas, tal como nos costó en noviembre de 2019. Dele clic y vea el presupuesto de empleados y 029 de la Dirección General de Correos y Telégrafos: NOVIEMBRE2019
Por lo anterior, el complemento ideal a las concesiones de servicios e infraestructura es que el gobierno aumente sus ingresos por vía directa, cobrando únicamente a quien lo usa; se pueda rebajar la carga tributaria o por lo menos priorizar hacia servicios verdaderamente públicos. Es una buena cosa, al final.