Tras una serie de sesiones la Corte de Constitucionalidad finalmente acordó cesar del cargo al Magistrado Neftaly Aldana. 20 días se requirieron para que el tribunal constitucional alcanzara un acuerdo tras la solicitud presentada por la familia del Magistrado Aldana por medio de la cual pedían al tribunal cesarlo de su cargo por razones humanitarias. La solicitud de la familia del magistrado se apoyaba en recomendaciones medicas que indicaban que el estrés podría provocarle un nuevo accidente cardiovascular. 

En su acuerdo, la Corte de Constitucionalidad rechaza la solicitud de la familia, sin embargo, declara la cesantía del magistrado con base en un dictamen médico que indica que es poco probable que se encuentre en condiciones de retomar el cargo en el próximo año lo que hace virtualmente imposible que cumpla con sus funciones en los meses que restan a la actual magistratura. Parecía evidente que si el magistrado no se había si quiera pronunciado respecto a la solicitud formulada por su familia, tampoco se encontraba en condiciones de ejercer el cargo. Cabe recordar que las afeciones de salud del magistrado Aldana iniciaron en julio y las interrogantes sobre sus condiciones para ejercicio del cargo surgieron mucho antes de la solicitud que presentó la familia a inicios de este mes. 

El acuerdo a través del cual se cesa del cargo al magistrado Aldana, se da en medio de una fuerte lucha a lo interno de la Corte de Constitucionalidad. La magistrada Ochoa presentó ayer mismo una denuncia en contra de la magistrada presidente Porras, mientras que una organización civil con marcadas afinidades políticas presentó una denuncia en contra de la magistrada Ochoa. Con tantos pendientes y tareas importantes por hacer para la justicia en Guatemala, es increíble que tome 12 sesiones a la Corte de Constitucionalidad deliberar en cuanto a la permanencia en el cargo de un magistrado con fuertes problemas de salud. Es importante la inamovilidad de los magistrados, pero en este caso, no se trataba de una remoción antojadiza, pues era plenamente demostrable que el magistrado Aldana no se encontraba en condiciones de salud para el desempeño del cargo. 

La vacante del magistrado Aldana y la designación por parte de la Corte Suprema de Justicia de un nuevo magistrado pueden provocar un cambio en la línea de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, al restarse poder a la vertiente que actualmente tiene el control. Parece que con la dilación de la cesantía del magistrado Aldana algunos magistrados buscaban mantener el control de la Corte por el mayor tiempo posible. La tarea principal de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional, pero algunas acciones hacen parecer que los fines políticos muchas veces se anteponen a dicha función. 

A todo esto, el sistema de justicia de nuestro país, la certeza jurídica y el Estado de Derecho se continúan deteriorando. Además de los problemas a lo interno de la Corte de Constitucionalidad, seguimos teniendo una Corte Suprema de Justicia funcionando fuera del período para el cual fue designada. Estamos a la puerta de la integración de una nueva Corte de Constitucionalidad que esperemos no se vea postergada como la integración de la Corte Suprema de Justicia. Se está normalizando que los funcionarios permanezcan en el cargo más allá del período constitucional. La crisis en las cortes continúa y parece agravarse día a día, es urgente que se integren de forma correcta las cortes y sigamos el camino de la construcción del Estado de Derecho que tanto se necesita para el desarrollo del país.