En algunos municipios de nuestro país, el alcalde es una figura muy importante que llega a concentrar un gran poder político y económico que va más allá del propio cargo. Lo anterior ha provocado que muchos alcaldes emitan órdenes y disposiciones que superan sus facultades legales y van en contra de los derechos de los vecinos. Este año, nuestras libertades se han visto restringidas a todo nivel. En el marco del estado de calamidad pública, algunos municipios establecieron prohibiciones de ingreso o restricciones arbitrarias que no se encontraban fundadas en ley.
Encontrándose próximas las celebraciones del Día de Todos los Santos y Halloween, la Municipalidad de Antigua Guatemala se hizo parte de este grupo que emitió restricciones ilegales. A través de un comunicado, informaron a la población que estaría prohibida cualquier celebración y manifestación pública relacionada con Halloween; asimismo, indicaron que negarían el ingreso a personas que lleguen disfrazadas ese día.
Personalmente no soy fanático de Halloween o de los disfraces, pero no puedo estar de acuerdo con que se prohíba de forma arbitraria el ingreso a personas disfrazadas a un municipio. Nos encontramos aún enfrentando la pandemia y debemos seguir siendo responsables, pero la responsabilidad sigue siendo de cada uno. Aunque la intención de la Municipalidad de la Antigua Guatemala podría parecer buena al tratar de preservar la salud de sus vecinos, no se puede pretender hacer esto a través de medios ilegales.
La libertad de acción está protegida en el artículo 5 de la Constitución Política de la República que establece: “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.”
En contraposición a la libertad de acción de la que gozamos los ciudadanos, el campo de acción de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo debe circunscribirse estrictamente a lo que la ley les permite. El artículo 154 de la Constitución Política de la República establece: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ellas.”
Aunque la prohibición de celebrar una fiesta o ingresar a un municipio disfrazado podrían parecer poca cosa, no lo debemos permitir. Permitir a nuestras autoridades este tipo de arbitrariedades abre la puerta para que dichas arbitrariedades se hagan cada vez más grandes.
En algunos municipios de nuestro país, el alcalde es una figura muy importante que llega a concentrar un gran poder político y económico que va más allá del propio cargo. Lo anterior ha provocado que muchos alcaldes emitan órdenes y disposiciones que superan sus facultades legales y van en contra de los derechos de los vecinos. Este año, nuestras libertades se han visto restringidas a todo nivel. En el marco del estado de calamidad pública, algunos municipios establecieron prohibiciones de ingreso o restricciones arbitrarias que no se encontraban fundadas en ley.
Encontrándose próximas las celebraciones del Día de Todos los Santos y Halloween, la Municipalidad de Antigua Guatemala se hizo parte de este grupo que emitió restricciones ilegales. A través de un comunicado, informaron a la población que estaría prohibida cualquier celebración y manifestación pública relacionada con Halloween; asimismo, indicaron que negarían el ingreso a personas que lleguen disfrazadas ese día.
Personalmente no soy fanático de Halloween o de los disfraces, pero no puedo estar de acuerdo con que se prohíba de forma arbitraria el ingreso a personas disfrazadas a un municipio. Nos encontramos aún enfrentando la pandemia y debemos seguir siendo responsables, pero la responsabilidad sigue siendo de cada uno. Aunque la intención de la Municipalidad de la Antigua Guatemala podría parecer buena al tratar de preservar la salud de sus vecinos, no se puede pretender hacer esto a través de medios ilegales.
La libertad de acción está protegida en el artículo 5 de la Constitución Política de la República que establece: “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.”
En contraposición a la libertad de acción de la que gozamos los ciudadanos, el campo de acción de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo debe circunscribirse estrictamente a lo que la ley les permite. El artículo 154 de la Constitución Política de la República establece: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ellas.”
Aunque la prohibición de celebrar una fiesta o ingresar a un municipio disfrazado podrían parecer poca cosa, no lo debemos permitir. Permitir a nuestras autoridades este tipo de arbitrariedades abre la puerta para que dichas arbitrariedades se hagan cada vez más grandes.