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La danza de millones

Carolina Castellanos
30 de octubre, 2020

En esta última semana los medios de comunicación y las redes sociales han ocupado mucho tiempo y espacio para hablar de los Q135 millones que se “perdieron” en la Dirección General de Caminos, dependencia del Ministerio de Comunicaciones. 

Para ponerlo en contexto, este dinero representa alrededor del 0.15% del Presupuesto General de la Nación para el 2,020. No sabemos con certeza qué fue lo que sucedió y probablemente nunca lo sabremos. ¿Por qué ha resultado tan importante entonces? Mi opinión es que este caso demuestra la gran cantidad de deficiencias estructurales y de sistemas de gestión que hay en el aparato gubernamental que han existido desde siempre.

Quien fungía como Director de esa dependencia fue despedido, una semana después del hecho. En cualquier empresa privada, ante la sospecha de malos manejos, se suspende a la persona de su cargo o se le despide, pagándole todas sus prestaciones. Al día siguiente llegará un inspector de trabajo pues el ex empleado se quejó. El empresario pasará meses y hasta años en una batalla legal, pagando abogado, gastos y demás. Analice usted esta irracionalidad.

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El manejo de la opinión pública fue pésimo. Por apresurar una respuesta, han surgido varias versiones por parte del acusado y de su jefe. Esto denota una falta de planificación y manejo de crisis. Es el gobierno, por lo que las crisis están a la orden del día. Pero ningún funcionario, nunca, dedica unas horas y algo de recursos para contratar a expertos en comunicación y recibir capacitaciones. El resultado es una pérdida más profunda de la credibilidad, no solo de los funcionarios involucrados sino de todo el gobierno. Esta generalización se da de inmediato, justificada o no.

La Contraloría General de Cuentas demuestra nuevamente que lo mejor que hace es no hacer nada. ¡Ni siquiera se ha aparecido! No conozco la ley que creó esta inútil institución pero la lógica indica que tiene la obligación de revisar que todos los gastos hayan sido usados de acuerdo al presupuesto. En este caso, obviamente no fue así. La ley permite hacer transferencias presupuestarias pero deben estar justificadas y autorizadas.

Lo anterior nos lleva a otro gran problema: la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Tiene que haber un sistema establecido para realizar trasferencias. Si bien el actor en este episodio era el Director, tendría que haber un límite máximo permitido. Como no sabemos realmente qué sucedió, excepto los involucrados, no habrá una reforma de procedimientos o corrección de manuales ni nada por el estilo.

La falta de instituciones fuertes y sólidas conlleva a otro problema: ausencia de credibilidad en éstas y en sus funcionarios. Aún y cuando salieran las autoridades del Ministerio de Comunicaciones a dar todas las explicaciones y hasta mostrar documentos, ya nadie les creerá. Si el Presidente decidiera cambiar al Ministro, tampoco se resolverá la falta de credibilidad. Esto es válido para todas las instituciones del Estado (creo que no hay excepciones). El cambio constante de Ministros, Secretarios, Directores, etc., a lo largo de la historia, ha minado esa credibilidad. Dado que las instituciones gubernamentales son muy débiles, carecen de estructura, procedimientos, metodologías, planes generales que conduzcan a cumplir con los objetivos para los que fueron creados. Cada funcionario de turno imprime su agenda y sus prioridades. Esto no sería negativo si todo condujera al cumplimiento de los objetivos de la institución a su cargo, que no deberían cambiar, salvo adaptaciones al cambio de los tiempos.

La falta de certeza de castigo conduce a que siga habiendo corrupción, además de la excesiva burocracia y el enorme aparato estatal. La abundante tramitología prácticamente motiva a la corrupción, sumado a la discrecionalidad de la larga cadena de funcionarios que intervienen en cada proceso. Una vez descubierto el acto corrupto, pasarán años antes que se arme el caso y se pueda presentar una acusación formal, si se llega a tener. Sin riesgo de cárcel, ¡a robar se ha dicho!

Para ponerle la guinda al pastel, resulta que el Presidente de turno es el responsable de todo, de acuerdo a la población. Somos un país excesivamente presidencialista. Esperamos que el siguiente gobernante resuelva y decida todo. Si es así, ¿para qué nombrar ministros, directores, secretarios y cuanto título hay? 

Reitero lo dicho al inicio: un acto de corrupción del 0.15% del presupuesto sacó a luz las grandes debilidades y fallas sistémicas y estructurales del Estado. Ojalá se empiecen a hacer los cambios que Guatemala necesita para salir del subdesarrollo.

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