http://www.opinionpi.com/detalle_articulo.php?id=1397
Fecha de Publicación: 24/11/2020
Tema: Presidencia
Los actos vandálicos sucedidos el pasado sábado 21 de noviembre en contra del patrimonio de todos los guatemaltecos constituyen hechos criminales, absolutamente reprobables. Expreso mi más enérgico y rotundo rechazo ante esa acción de terror. Exijo identificar a los responsables y castigar el crimen cometido con todo el rigor de la ley.
En la ciudad capital hay solo cinco palacios. Fueron construidos entre 1931 y 1944 durante el régimen de Jorge Ubico. El ahora destruido Palacio Legislativo es uno de ellos. Fue inaugurado el primero de marzo de 1934. Gran parte de la historia nacional aconteció allí. Mucho se ha conjeturado sobre los móviles de los autores intelectuales de haberlo incendiado y sobre quienes pudieron estar involucrados. Nada puedo agregar al respecto.
Al mismo tiempo que se cometía tan grande atrocidad en la novena avenida, en el parque central se desarrollaba una manifestación pacífica, civilizada y con toda la altura qué es propia de la gente de bien de nuestro país y de su ciudad capital. Los manifestantes mostraban su indignación en contra del presupuesto, el Congreso y el Presidente.
La protesta tiene diferentes aristas. El monto total presupuestado es una de ellas: Debido a un manejo equivocado de la pandemia, Guatemala tiene un grave debilitamiento económico, hace falta empleo y la pobreza se ha generalizado. Cuando los organismos del Estado se muestran predispuestos a gastar como si nada hubiera sucedido, los pobladores consideramos que tal actitud es inconsistente, abusiva y carente de realidad.
Algunos hubiéramos querido un presupuesto tan bajo como para que no excediera los ingresos tributarios que se esperan el año próximo. Un presupuesto menor que el de varios años anteriores. Porque eso es lo que las actuales circunstancias demandan. Y también porque de esa manera el gobierno se habría visto forzado a reducir sus gastos. Habría recortado el número de empleados públicos y rebajado los salarios de quienes hubieran mantenido su empleo. La pérdida de empleo y reducción de salarios al menos habría igualado la sufrida por los trabajadores privados, cuyos tributos mantienen al Gobierno. En cambio, este año hubo nuevas plazas y aumentos salariales.
Como si no fuera suficiente la magnitud del endeudamiento insensato contraído durante 2020, para 2021 se proponían nuevos préstamos por un monto semejante. De mantener la deuda con ese ritmo de aumento, muy pronto los impuestos que con sacrificios pagan los ciudadanos, serán insuficientes para repagar los empréstitos.
Nadie, ni una persona, ni una empresa ni un país debe endeudarse sin saber cómo ha de pagar la deuda. Especialmente un gobierno que sabe que estará trasladando el repago de los empréstitos a gobierno posteriores. De hacerlo, sus autoridades merecen ser calificadas como imprudentes e inconscientes. La manifestación del sábado, en el parque, expresaba indignación ciudadana, por contravenir la sensatez esperada. Los manifestantes exigían la cesantía de unos y la renuncia de otros.
Quienes representan a los ciudadanos en el Congreso, incurrieron en traición a sus electores cuando se convirtieron en sumisos servidores del presidente y su gobierno. Ya antes habían concedido, sucesivas ampliaciones al Estado de Calamidad. Autorizaron al presidente para gobernar, durante siete meses, con regulaciones constitucionales disminuidas. Abandonaron a sus representados, los ciudadanos, dejándolos a merced de una suerte de dictador que por momentos se convirtió en déspota y tirano.
Tanto o más grave fue la forma como el Congreso aprobó el presupuesto. La noche del 17 de noviembre anterior, hasta las 5:30 de la madrugada 114 diputados votaron a favor y solo 22 en contra (24 que no llegaron, son responsables por ausencia). Estoy convencido, absolutamente seguro, de que los congresistas merecen ejemplar castigo por haber actuado en total desapego a las condiciones mínimas de ética y respeto a la ciudadanía.
Una de las secuelas de la renuncia de Serrano fue la depuración del Congreso. Esta vez sería suficiente que el nuevo Presidente solicite la revisión de las cuestionadas actas de votación del domingo 16 de junio de 2019.
Debo reconocer que el presidente Giammattei tuvo un buen inicio en su Gobierno durante las primeras semanas. Demostró energía y deseo de hacer un buen trabajo, incluso al inicio de la pandemia. Durante la primera cuarentena, las restricciones a la población le dieron tiempo para preparar los hospitales nacionales, hacer hospitales temporales, adquirir los medicamentos y el equipo necesarios para enfrentar la crisis. La población confió en él y siguió sus instrucciones… Pero falló.
Exigió que las pruebas PCR fueran manejadas exclusivamente por el gobierno y comprar las de mayor precio. Para muchos esa actuación fue, cuando menos, sospechosa. Personas y entidades interesadas en donar tales pruebas se retractaron. Es probable que los poderes que, de manera deleznable le otorgara el Congreso durante los meses de marzo y abril, lo hayan “engolosinado”.
Giammattei habrá encontrado cómodo gobernar a una población encerrada. Ante las primeras protestas no dudó en poner un “toque de queda” y utilizar el poder coercitivo del Estado. Varios ciudadanos fueron arrestados y encarcelados como criminales. Después, impuso, innecesariamente, una segunda cuarentena y otras más.
En mayo pasado el número de contagios y fallecimientos por semana fueron mucho menores que en octubre y noviembre recientes. Pero las restricciones impuestas en aquellos meses fueron más severas que las actuales. Esto evidencia el tremendo error cometido entre mayo y septiembre.
Las decisiones equivocadas de Giammattei hicieron que la crisis económica fuera profunda. Muchas personas perdieron, sin razón, el capital invertido en sus empresas. Algunos habrán de empezar de nuevo, otros no se repondrán jamás. Quien invirtió en un centro comercial perdió varios meses de rentas. Ahora enfrenta créditos bancarios que no puede atender. Los negocios que alquilaban esos locales hubieron de cerrar. Se endeudaron con los bancos y con los propietarios del edificio. Sus trabajadores quedaron sin empleo.
Lo sucedido no fue fortuito, muchos de esos negocios están operando hoy, cuando la gravedad de la pandemia es mayor que antes. Las pérdidas no fueron castigo divino, hay un responsable de conducir a la población por caminos equivocados: el presidente Giammattei con el apoyo servil del Congreso.
El Presidente también es responsable por las pérdidas sufridas por esa multitud de pequeños restaurantes en todas las ciudades del país, los hoteles, hostales y pensiones que debieron cerrar. Los vendedores callejeros de alimentos y frutas, golosinas y otros productos también forman parte de las víctimas silenciosas que el sábado alzaron la voz contra el Presidente, su gobierno y el Congreso.
Buscando compensar el daño causado al provocar la quiebra económica de pequeñas y medianas empresas, el Gobierno extendió cheques por cantidades que resultaron insuficientes para aliviar las pérdidas pero que, globalmente, causaron grave perjuicio a las finanzas públicas.
Además, al decidir el gobierno a quién entregar un subsidio y a quién no, ese poder discrecional abrió espacios de corrupción. Muchos fondos terminaron en manos de partidarios, allegados, amistades y de quienes hicieron componendas ilícitas. La gente no conoce a quiénes llegaron esos fondos. La pobreza en Guatemala se ha generalizado. Nos esperan días, semanas, meses y años de precariedad. Todos habremos de sufrir los errores cometidos por Giammattei durante su gestión presidencial.
Es dentro de este cuadro desolador que el Gobierno presenta un presupuesto abultado, inconsistente con las necesidades del empobrecido pueblo. Guatemala responde con una manifestación multitudinaria el sábado anterior frente al Palacio Nacional y otras en el interior del país. El presidente ha respondido aumentando el gasto publicitario, asegurando haber desarrollado una gestión exitosa.
Creo que el Gobierno no podrá reponerse del rechazo popular a nivel nacional que enfrentó el sábado anterior y que muy probablemente se seguirá expresando los días por venir. Creo que, más temprano que tarde, Giammattei terminará renunciando. Que esa es la única manera para solventar la situación que enfrenta después de las manifestaciones recientes. De no ser así, temo que habrá más manifestantes heridos y conflagración innecesaria entre la población y la Policía, incluso, quizá, también con el Ejército.
Sí, de acuerdo, Giammattei es demasiado terco y no querrá renunciar. Pero me permito recordar que en 1993 Jorge Serrano tampoco estaba dispuesto a dejar el poder. No será la débil voz de su consciencia, la que haga renunciar a Giammattei. Será una mano fuerte la que, primero retire su apoyo y después le ordene firmar una carta de renuncia que ya estará siendo redactada.
Hay un antecedente que permite vislumbrar la salida constitucional. Aconteció el 3 de septiembre de 2015. En términos actuales, inmediatamente después de la renuncia de Giammattei, el Congreso debe juramentar a Castillo como nuevo Presidente Constitucional. Después, Castillo deberá presentar al Congreso una terna de candidatos para que este elija quién debe sustituirlo en la vicepresidencia. Ambos, Presidente y Vicepresidente concluyen el mandato que termina el 14 de enero de 2024.
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Fecha de Publicación: 24/11/2020
Tema: Presidencia
Los actos vandálicos sucedidos el pasado sábado 21 de noviembre en contra del patrimonio de todos los guatemaltecos constituyen hechos criminales, absolutamente reprobables. Expreso mi más enérgico y rotundo rechazo ante esa acción de terror. Exijo identificar a los responsables y castigar el crimen cometido con todo el rigor de la ley.
En la ciudad capital hay solo cinco palacios. Fueron construidos entre 1931 y 1944 durante el régimen de Jorge Ubico. El ahora destruido Palacio Legislativo es uno de ellos. Fue inaugurado el primero de marzo de 1934. Gran parte de la historia nacional aconteció allí. Mucho se ha conjeturado sobre los móviles de los autores intelectuales de haberlo incendiado y sobre quienes pudieron estar involucrados. Nada puedo agregar al respecto.
Al mismo tiempo que se cometía tan grande atrocidad en la novena avenida, en el parque central se desarrollaba una manifestación pacífica, civilizada y con toda la altura qué es propia de la gente de bien de nuestro país y de su ciudad capital. Los manifestantes mostraban su indignación en contra del presupuesto, el Congreso y el Presidente.
La protesta tiene diferentes aristas. El monto total presupuestado es una de ellas: Debido a un manejo equivocado de la pandemia, Guatemala tiene un grave debilitamiento económico, hace falta empleo y la pobreza se ha generalizado. Cuando los organismos del Estado se muestran predispuestos a gastar como si nada hubiera sucedido, los pobladores consideramos que tal actitud es inconsistente, abusiva y carente de realidad.
Algunos hubiéramos querido un presupuesto tan bajo como para que no excediera los ingresos tributarios que se esperan el año próximo. Un presupuesto menor que el de varios años anteriores. Porque eso es lo que las actuales circunstancias demandan. Y también porque de esa manera el gobierno se habría visto forzado a reducir sus gastos. Habría recortado el número de empleados públicos y rebajado los salarios de quienes hubieran mantenido su empleo. La pérdida de empleo y reducción de salarios al menos habría igualado la sufrida por los trabajadores privados, cuyos tributos mantienen al Gobierno. En cambio, este año hubo nuevas plazas y aumentos salariales.
Como si no fuera suficiente la magnitud del endeudamiento insensato contraído durante 2020, para 2021 se proponían nuevos préstamos por un monto semejante. De mantener la deuda con ese ritmo de aumento, muy pronto los impuestos que con sacrificios pagan los ciudadanos, serán insuficientes para repagar los empréstitos.
Nadie, ni una persona, ni una empresa ni un país debe endeudarse sin saber cómo ha de pagar la deuda. Especialmente un gobierno que sabe que estará trasladando el repago de los empréstitos a gobierno posteriores. De hacerlo, sus autoridades merecen ser calificadas como imprudentes e inconscientes. La manifestación del sábado, en el parque, expresaba indignación ciudadana, por contravenir la sensatez esperada. Los manifestantes exigían la cesantía de unos y la renuncia de otros.
Quienes representan a los ciudadanos en el Congreso, incurrieron en traición a sus electores cuando se convirtieron en sumisos servidores del presidente y su gobierno. Ya antes habían concedido, sucesivas ampliaciones al Estado de Calamidad. Autorizaron al presidente para gobernar, durante siete meses, con regulaciones constitucionales disminuidas. Abandonaron a sus representados, los ciudadanos, dejándolos a merced de una suerte de dictador que por momentos se convirtió en déspota y tirano.
Tanto o más grave fue la forma como el Congreso aprobó el presupuesto. La noche del 17 de noviembre anterior, hasta las 5:30 de la madrugada 114 diputados votaron a favor y solo 22 en contra (24 que no llegaron, son responsables por ausencia). Estoy convencido, absolutamente seguro, de que los congresistas merecen ejemplar castigo por haber actuado en total desapego a las condiciones mínimas de ética y respeto a la ciudadanía.
Una de las secuelas de la renuncia de Serrano fue la depuración del Congreso. Esta vez sería suficiente que el nuevo Presidente solicite la revisión de las cuestionadas actas de votación del domingo 16 de junio de 2019.
Debo reconocer que el presidente Giammattei tuvo un buen inicio en su Gobierno durante las primeras semanas. Demostró energía y deseo de hacer un buen trabajo, incluso al inicio de la pandemia. Durante la primera cuarentena, las restricciones a la población le dieron tiempo para preparar los hospitales nacionales, hacer hospitales temporales, adquirir los medicamentos y el equipo necesarios para enfrentar la crisis. La población confió en él y siguió sus instrucciones… Pero falló.
Exigió que las pruebas PCR fueran manejadas exclusivamente por el gobierno y comprar las de mayor precio. Para muchos esa actuación fue, cuando menos, sospechosa. Personas y entidades interesadas en donar tales pruebas se retractaron. Es probable que los poderes que, de manera deleznable le otorgara el Congreso durante los meses de marzo y abril, lo hayan “engolosinado”.
Giammattei habrá encontrado cómodo gobernar a una población encerrada. Ante las primeras protestas no dudó en poner un “toque de queda” y utilizar el poder coercitivo del Estado. Varios ciudadanos fueron arrestados y encarcelados como criminales. Después, impuso, innecesariamente, una segunda cuarentena y otras más.
En mayo pasado el número de contagios y fallecimientos por semana fueron mucho menores que en octubre y noviembre recientes. Pero las restricciones impuestas en aquellos meses fueron más severas que las actuales. Esto evidencia el tremendo error cometido entre mayo y septiembre.
Las decisiones equivocadas de Giammattei hicieron que la crisis económica fuera profunda. Muchas personas perdieron, sin razón, el capital invertido en sus empresas. Algunos habrán de empezar de nuevo, otros no se repondrán jamás. Quien invirtió en un centro comercial perdió varios meses de rentas. Ahora enfrenta créditos bancarios que no puede atender. Los negocios que alquilaban esos locales hubieron de cerrar. Se endeudaron con los bancos y con los propietarios del edificio. Sus trabajadores quedaron sin empleo.
Lo sucedido no fue fortuito, muchos de esos negocios están operando hoy, cuando la gravedad de la pandemia es mayor que antes. Las pérdidas no fueron castigo divino, hay un responsable de conducir a la población por caminos equivocados: el presidente Giammattei con el apoyo servil del Congreso.
El Presidente también es responsable por las pérdidas sufridas por esa multitud de pequeños restaurantes en todas las ciudades del país, los hoteles, hostales y pensiones que debieron cerrar. Los vendedores callejeros de alimentos y frutas, golosinas y otros productos también forman parte de las víctimas silenciosas que el sábado alzaron la voz contra el Presidente, su gobierno y el Congreso.
Buscando compensar el daño causado al provocar la quiebra económica de pequeñas y medianas empresas, el Gobierno extendió cheques por cantidades que resultaron insuficientes para aliviar las pérdidas pero que, globalmente, causaron grave perjuicio a las finanzas públicas.
Además, al decidir el gobierno a quién entregar un subsidio y a quién no, ese poder discrecional abrió espacios de corrupción. Muchos fondos terminaron en manos de partidarios, allegados, amistades y de quienes hicieron componendas ilícitas. La gente no conoce a quiénes llegaron esos fondos. La pobreza en Guatemala se ha generalizado. Nos esperan días, semanas, meses y años de precariedad. Todos habremos de sufrir los errores cometidos por Giammattei durante su gestión presidencial.
Es dentro de este cuadro desolador que el Gobierno presenta un presupuesto abultado, inconsistente con las necesidades del empobrecido pueblo. Guatemala responde con una manifestación multitudinaria el sábado anterior frente al Palacio Nacional y otras en el interior del país. El presidente ha respondido aumentando el gasto publicitario, asegurando haber desarrollado una gestión exitosa.
Creo que el Gobierno no podrá reponerse del rechazo popular a nivel nacional que enfrentó el sábado anterior y que muy probablemente se seguirá expresando los días por venir. Creo que, más temprano que tarde, Giammattei terminará renunciando. Que esa es la única manera para solventar la situación que enfrenta después de las manifestaciones recientes. De no ser así, temo que habrá más manifestantes heridos y conflagración innecesaria entre la población y la Policía, incluso, quizá, también con el Ejército.
Sí, de acuerdo, Giammattei es demasiado terco y no querrá renunciar. Pero me permito recordar que en 1993 Jorge Serrano tampoco estaba dispuesto a dejar el poder. No será la débil voz de su consciencia, la que haga renunciar a Giammattei. Será una mano fuerte la que, primero retire su apoyo y después le ordene firmar una carta de renuncia que ya estará siendo redactada.
Hay un antecedente que permite vislumbrar la salida constitucional. Aconteció el 3 de septiembre de 2015. En términos actuales, inmediatamente después de la renuncia de Giammattei, el Congreso debe juramentar a Castillo como nuevo Presidente Constitucional. Después, Castillo deberá presentar al Congreso una terna de candidatos para que este elija quién debe sustituirlo en la vicepresidencia. Ambos, Presidente y Vicepresidente concluyen el mandato que termina el 14 de enero de 2024.