Durante la última década, uno de los grandes paradigmas en la ciencia política guatemalteca ha sido el alto grado de centralización en los partidos, especialmente en los procesos de selección de candidaturas y autoridades partidarias. Como resultado, coloquialmente se ha dicho que “los partidos en Guatemala tienen dueño”. En efecto, mi primera investigación sobre la democracia interna de los partidos en Guatemala brindó apoyo a esa tesis. Un segundo ensayo consolidó los hallazgos del primer trabajo y planteó el concepto de los partidos franquicia, un modelo de partido en el que las autoridades nacionales del partido negociaban con los actores locales las candidaturas, y a cambio estos últimos se encargaban de proveer la organización territorial requerida por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Como consecuencia de estos análisis, propuse en múltiples ocasiones una completa liberalización del mercado político, aplicando en Guatemala un modelo similar al de las primarias estadounidenses donde los líderes nacionales no tienen un peso tan importante en la elección de candidatos. Sin embargo, con el pasar el tiempo, he ido modificando mi postura al respecto por varias razones. Primero, porque en Estados Unidos este modelo ha resultado en el incremento de tendencias populistas y radicales en los partidos, alejándolos del votante medio (Trump y Sanders son ejemplo de ello). En efecto, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro, “Cómo Mueren las Democracias”, argumentan que la falta de filtros por parte de los partidos políticos tiende a contribuir a la polarización, lo cual resulta en un debilitamiento de las democracias liberales. Segundo, en el caso guatemalteco, en los últimos años se ha observado una creciente “distritalización” de la política, confirmado en los resultados de las últimas elecciones del 2019, en los que se evidencia el declive de los partidos nacionales. En efecto, esta tendencia se observaba desde hace algunos años cuando escribí sobre cómo los incentivos distritales predominaban sobre los nacionales en el Congreso.
En la práctica la distritalización de la política se ha traducido en que los caudillos departamentales se movilizan de un partido a otro, sin desarrollar ningún tipo de identificación con una plataforma o líder nacional. En el Congreso, estos caudillos distritales no están interesados en la discusión de leyes nacionales sino en extraer recursos del listado geográfico de obras para sus territorios (y en algunos casos para sus empresas). En ese sentido, hoy día los diputados funcionan como gestores de recursos, y a cambio reciben de los alcaldes apoyo político. Esta distritalización de la política podría deberse a varios factores, entre ellos el crecimiento de la influencia del narcotráfico en lo político y la creciente descentralización promovida por las leyes del 2002 (reformas a código municipal, ley de descentralización y ley de consejos de desarrollo).
Algunos acontecimientos recientes refuerzan la idea de que existe en Guatemala una distritalización de la política. Primero, el quiebre interno del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, en el que una facción de diputados con orientación nacional, entre ellos Orlando Blanco, Mario Taracena y Carlos Barreda han entrado en pugna con Sandra Torres, la cual se ha alineado a diputados con una proyección más distrital. Después de haber sido considerado el único partido sobreviviente en la era democrática, la UNE ahora es un partido en riesgo de ser cancelado el cual no cuenta con un líder nacional en específico. Segundo, la reciente renuncia de Edmond Mulet al Partido Humanista ha demostrado la incapacidad de un líder nacional de garantizar la disciplina dentro de su partido. En este caso, Mulet renunció debido a la alianza del partido Humanista con el bloque oficial, el cual aprobó una muy cuestionada reforma a la ley de ONG bajo el argumento de una necesaria fiscalización. A partir de estos acontecimientos se podría argumentar que en Guatemala, los partidos políticos ya no tienen dueño. En efecto, en la actualidad es difícil pensar en una sola organización política que sea representativa de una sola figura con un amplio alcance a nivel nacional.
Lo anterior nos obliga a reconsiderar nuestros paradigmas tanto empíricos como normativos. Primero, debemos olvidar la idea que los partidos en Guatemala son altamente centralizados y funcionan bajo las directrices de un dueño. Segundo, debemos entablar una discusión sobre la deseabilidad de una completa descentralización del sistema político cuando este podría profundizar el modelo de política clientelar y de patronazgo, así como promover lo que algunos han llamado el “autoritarismo subnacional”. En el ámbito práctico, esto nos obliga a reconsiderar la propuesta de los “comités cívicos departamentales”, así como la apertura de los listados, lo cual podría contribuir aún más a una excesiva fragmentación, y por lo tanto, la ingobernabilidad. Ciertamente, una de las lecciones de estos años es que no existe un solo método electoral perfecto. Para construir un sistema electoral adecuado es necesario alcanzar un balance entre principios y sobre todo, tomar en cuenta el contexto en el que las normas serán aplicadas.
Durante la última década, uno de los grandes paradigmas en la ciencia política guatemalteca ha sido el alto grado de centralización en los partidos, especialmente en los procesos de selección de candidaturas y autoridades partidarias. Como resultado, coloquialmente se ha dicho que “los partidos en Guatemala tienen dueño”. En efecto, mi primera investigación sobre la democracia interna de los partidos en Guatemala brindó apoyo a esa tesis. Un segundo ensayo consolidó los hallazgos del primer trabajo y planteó el concepto de los partidos franquicia, un modelo de partido en el que las autoridades nacionales del partido negociaban con los actores locales las candidaturas, y a cambio estos últimos se encargaban de proveer la organización territorial requerida por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Como consecuencia de estos análisis, propuse en múltiples ocasiones una completa liberalización del mercado político, aplicando en Guatemala un modelo similar al de las primarias estadounidenses donde los líderes nacionales no tienen un peso tan importante en la elección de candidatos. Sin embargo, con el pasar el tiempo, he ido modificando mi postura al respecto por varias razones. Primero, porque en Estados Unidos este modelo ha resultado en el incremento de tendencias populistas y radicales en los partidos, alejándolos del votante medio (Trump y Sanders son ejemplo de ello). En efecto, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro, “Cómo Mueren las Democracias”, argumentan que la falta de filtros por parte de los partidos políticos tiende a contribuir a la polarización, lo cual resulta en un debilitamiento de las democracias liberales. Segundo, en el caso guatemalteco, en los últimos años se ha observado una creciente “distritalización” de la política, confirmado en los resultados de las últimas elecciones del 2019, en los que se evidencia el declive de los partidos nacionales. En efecto, esta tendencia se observaba desde hace algunos años cuando escribí sobre cómo los incentivos distritales predominaban sobre los nacionales en el Congreso.
En la práctica la distritalización de la política se ha traducido en que los caudillos departamentales se movilizan de un partido a otro, sin desarrollar ningún tipo de identificación con una plataforma o líder nacional. En el Congreso, estos caudillos distritales no están interesados en la discusión de leyes nacionales sino en extraer recursos del listado geográfico de obras para sus territorios (y en algunos casos para sus empresas). En ese sentido, hoy día los diputados funcionan como gestores de recursos, y a cambio reciben de los alcaldes apoyo político. Esta distritalización de la política podría deberse a varios factores, entre ellos el crecimiento de la influencia del narcotráfico en lo político y la creciente descentralización promovida por las leyes del 2002 (reformas a código municipal, ley de descentralización y ley de consejos de desarrollo).
Algunos acontecimientos recientes refuerzan la idea de que existe en Guatemala una distritalización de la política. Primero, el quiebre interno del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, en el que una facción de diputados con orientación nacional, entre ellos Orlando Blanco, Mario Taracena y Carlos Barreda han entrado en pugna con Sandra Torres, la cual se ha alineado a diputados con una proyección más distrital. Después de haber sido considerado el único partido sobreviviente en la era democrática, la UNE ahora es un partido en riesgo de ser cancelado el cual no cuenta con un líder nacional en específico. Segundo, la reciente renuncia de Edmond Mulet al Partido Humanista ha demostrado la incapacidad de un líder nacional de garantizar la disciplina dentro de su partido. En este caso, Mulet renunció debido a la alianza del partido Humanista con el bloque oficial, el cual aprobó una muy cuestionada reforma a la ley de ONG bajo el argumento de una necesaria fiscalización. A partir de estos acontecimientos se podría argumentar que en Guatemala, los partidos políticos ya no tienen dueño. En efecto, en la actualidad es difícil pensar en una sola organización política que sea representativa de una sola figura con un amplio alcance a nivel nacional.
Lo anterior nos obliga a reconsiderar nuestros paradigmas tanto empíricos como normativos. Primero, debemos olvidar la idea que los partidos en Guatemala son altamente centralizados y funcionan bajo las directrices de un dueño. Segundo, debemos entablar una discusión sobre la deseabilidad de una completa descentralización del sistema político cuando este podría profundizar el modelo de política clientelar y de patronazgo, así como promover lo que algunos han llamado el “autoritarismo subnacional”. En el ámbito práctico, esto nos obliga a reconsiderar la propuesta de los “comités cívicos departamentales”, así como la apertura de los listados, lo cual podría contribuir aún más a una excesiva fragmentación, y por lo tanto, la ingobernabilidad. Ciertamente, una de las lecciones de estos años es que no existe un solo método electoral perfecto. Para construir un sistema electoral adecuado es necesario alcanzar un balance entre principios y sobre todo, tomar en cuenta el contexto en el que las normas serán aplicadas.