La reconstrucción de la economía del país y el aumento de nuestra competitividad frente a otros países con similares características estarán directamente relacionados con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Reglas claras que brinden seguridad y certeza jurídica son esenciales para cualquier economía competitiva. En Guatemala, tanto el Estado de Derecho, como la seguridad y certeza jurídica que se necesita para construirlo, se encuentran grandemente golpeados. Como si esto fuera poco, en el marco de la crisis que vivimos, nuestro sistema de justicia prácticamente se ha paralizado y es probable que cuando retomemos actividades con cierto grado de normalidad nos encontremos con un sistema aún más colapsado y sobresaturado.
Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad continúa emitiendo una serie de resoluciones que cambian completamente las reglas del juego. Esta semana cabe recordar que el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia tiene ya nueve meses de retraso. Parece evidente que han existido vicios en el proceso de elección de magistrados con comisiones de postulación con serios cuestionamientos. Sin embargo, esto no debería justificar que se haya extendido de tal forma el plazo para integrar las nuevas cortes.
¿Por qué es preocupante esta situación que ha sido provocada por una serie de discutibles resoluciones de la Corte de Constitucionalidad? Por un lado, porque destruye la poca seguridad y certeza jurídica del país; por otro lado, porque el extender de forma indeterminada el período por el cual uno de los tres poderes del Estado es electo atenta directamente contra la República. ¿Qué pasaría si fuera el período presidencial el que se estuviera extendido de forma indeterminada por cuestionamientos en las votaciones? El problema es que se está sentando un precedente para que esto pase.
Por otro lado, en el ámbito legislativo, hay temas en los que normas claras y aplicables son urgentes. Un nuevo régimen de insolvencia debería ser una de las prioridades en la agenda legislativa para lo que resta del año. Guatemala tiene un régimen de insolvencia obsoleto regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil que nos coloca en el puesto 157 de 190 países evaluados. Normas claras en materia de insolvencia facilitarían a muchos negocios que se encuentran actualmente en crisis alcanzar soluciones que sean favorables tanto para ellos como para sus acreedores a efecto de superar las dificultades económicas con las que se enfrentan actualmente.
La seguridad y certeza jurídica implican que los ciudadanos podamos tener claras cuales son las consecuencias legales de determinada acción. El índice de Estado de Derecho del World Justice Program ubica a Guatemala en los últimos lugares: el país está en el puesto 96 con una puntuación de 0.46/1. Recordemos que los países con mayor seguridad y certeza jurídica, son más atractivos para los inversionistas. Cuando finalmente tomen posesión los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deberán asumir grades retos y su labor será esencial para la reconstrucción del Estado de Derecho.
Más que nunca necesitamos una economía dinámica, para alcanzarla construyamos el Estado de Derecho y el marco normativo que nos permitan hacerlo. Las leyes y el sistema de justicia deben ser herramientas para la prosperidad y no obstáculos como a la fecha han sido en gran medida.
La reconstrucción de la economía del país y el aumento de nuestra competitividad frente a otros países con similares características estarán directamente relacionados con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Reglas claras que brinden seguridad y certeza jurídica son esenciales para cualquier economía competitiva. En Guatemala, tanto el Estado de Derecho, como la seguridad y certeza jurídica que se necesita para construirlo, se encuentran grandemente golpeados. Como si esto fuera poco, en el marco de la crisis que vivimos, nuestro sistema de justicia prácticamente se ha paralizado y es probable que cuando retomemos actividades con cierto grado de normalidad nos encontremos con un sistema aún más colapsado y sobresaturado.
Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad continúa emitiendo una serie de resoluciones que cambian completamente las reglas del juego. Esta semana cabe recordar que el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia tiene ya nueve meses de retraso. Parece evidente que han existido vicios en el proceso de elección de magistrados con comisiones de postulación con serios cuestionamientos. Sin embargo, esto no debería justificar que se haya extendido de tal forma el plazo para integrar las nuevas cortes.
¿Por qué es preocupante esta situación que ha sido provocada por una serie de discutibles resoluciones de la Corte de Constitucionalidad? Por un lado, porque destruye la poca seguridad y certeza jurídica del país; por otro lado, porque el extender de forma indeterminada el período por el cual uno de los tres poderes del Estado es electo atenta directamente contra la República. ¿Qué pasaría si fuera el período presidencial el que se estuviera extendido de forma indeterminada por cuestionamientos en las votaciones? El problema es que se está sentando un precedente para que esto pase.
Por otro lado, en el ámbito legislativo, hay temas en los que normas claras y aplicables son urgentes. Un nuevo régimen de insolvencia debería ser una de las prioridades en la agenda legislativa para lo que resta del año. Guatemala tiene un régimen de insolvencia obsoleto regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil que nos coloca en el puesto 157 de 190 países evaluados. Normas claras en materia de insolvencia facilitarían a muchos negocios que se encuentran actualmente en crisis alcanzar soluciones que sean favorables tanto para ellos como para sus acreedores a efecto de superar las dificultades económicas con las que se enfrentan actualmente.
La seguridad y certeza jurídica implican que los ciudadanos podamos tener claras cuales son las consecuencias legales de determinada acción. El índice de Estado de Derecho del World Justice Program ubica a Guatemala en los últimos lugares: el país está en el puesto 96 con una puntuación de 0.46/1. Recordemos que los países con mayor seguridad y certeza jurídica, son más atractivos para los inversionistas. Cuando finalmente tomen posesión los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deberán asumir grades retos y su labor será esencial para la reconstrucción del Estado de Derecho.
Más que nunca necesitamos una economía dinámica, para alcanzarla construyamos el Estado de Derecho y el marco normativo que nos permitan hacerlo. Las leyes y el sistema de justicia deben ser herramientas para la prosperidad y no obstáculos como a la fecha han sido en gran medida.