Más de 10 meses desde que debieron haber cesado en sus funciones los actuales y aún no se han electo Magistrados de Corte Suprema de Justicia ni Magistrados de Salas de Corte de Apelaciones. Como si el tiempo que el Organismo Judicial ha estado prácticamente paralizado por la pandemia no fuera suficiente, ahora que se empiezan a “regularizar” las operaciones del sector justicia, quienes estarán resolviendo lo harán fuera del tiempo de su mandato legal.
Dentro de los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se ha comunicado de forma pública la preocupación sin lograr mucho eco. A principios de agosto, tres Magistradas de dicha Corte, presentaron una carta en la que solicitaron al Congreso de la República proceder a la elección de Magistrados, haciendo ver que el período constitucional para el cual fueron designadas venció.
Como lo mencioné semanas atrás en este mismo espacio, imaginémonos que se tratara del período presidencial o del período legislativo; a nadie le resultaría correcto que el Presidente o los Diputados continuaran en funciones más allá del período para el que fueron designados. Pues igual de grave, o incluso peor, es que las máximas autoridades del Organismo Judicial continúen en funciones por un año más allá de su periodo constitucional.
El mensaje que esto transmite es terrible. Si no se tiene certeza siquiera en el período de funciones de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo podemos esperar que exista seguridad y certeza jurídica en general?, cuando ni la propia Corte Suprema de Justicia que debería velar por tales garantías tiene certeza en su período de funciones. Peor aún, cuando es el propio tribunal constitucional el que con una serie de resoluciones ha detenido sistemáticamente el proceso y lo ha llevado al extremo en que nos encontramos hoy en día.
En este momento, la elección está en manos del Congreso de la República, en donde tampoco se ha visto voluntad alguna para que avance el proceso. El legislativo como encargado de elegir cortes se ha visto envuelto en un sinfín de acusaciones y tampoco ha cumplido su función como debería en el proceso de elección. Cada día que pase sin que se integren nuevas cortes causa más daño al Estado de Derecho.
Aunque en apariencia algunos de las resoluciones que han detenido el proceso de elección de cortes pretendían evitar corrupción, resulta que la medicina está siendo peor que la enfermedad. Como país no debemos seguir intentando resolver un vicio del sistema con otro vicio mayor. Mientras tanto, seguimos sin nuevas cortes.
Más de 10 meses desde que debieron haber cesado en sus funciones los actuales y aún no se han electo Magistrados de Corte Suprema de Justicia ni Magistrados de Salas de Corte de Apelaciones. Como si el tiempo que el Organismo Judicial ha estado prácticamente paralizado por la pandemia no fuera suficiente, ahora que se empiezan a “regularizar” las operaciones del sector justicia, quienes estarán resolviendo lo harán fuera del tiempo de su mandato legal.
Dentro de los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se ha comunicado de forma pública la preocupación sin lograr mucho eco. A principios de agosto, tres Magistradas de dicha Corte, presentaron una carta en la que solicitaron al Congreso de la República proceder a la elección de Magistrados, haciendo ver que el período constitucional para el cual fueron designadas venció.
Como lo mencioné semanas atrás en este mismo espacio, imaginémonos que se tratara del período presidencial o del período legislativo; a nadie le resultaría correcto que el Presidente o los Diputados continuaran en funciones más allá del período para el que fueron designados. Pues igual de grave, o incluso peor, es que las máximas autoridades del Organismo Judicial continúen en funciones por un año más allá de su periodo constitucional.
El mensaje que esto transmite es terrible. Si no se tiene certeza siquiera en el período de funciones de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo podemos esperar que exista seguridad y certeza jurídica en general?, cuando ni la propia Corte Suprema de Justicia que debería velar por tales garantías tiene certeza en su período de funciones. Peor aún, cuando es el propio tribunal constitucional el que con una serie de resoluciones ha detenido sistemáticamente el proceso y lo ha llevado al extremo en que nos encontramos hoy en día.
En este momento, la elección está en manos del Congreso de la República, en donde tampoco se ha visto voluntad alguna para que avance el proceso. El legislativo como encargado de elegir cortes se ha visto envuelto en un sinfín de acusaciones y tampoco ha cumplido su función como debería en el proceso de elección. Cada día que pase sin que se integren nuevas cortes causa más daño al Estado de Derecho.
Aunque en apariencia algunos de las resoluciones que han detenido el proceso de elección de cortes pretendían evitar corrupción, resulta que la medicina está siendo peor que la enfermedad. Como país no debemos seguir intentando resolver un vicio del sistema con otro vicio mayor. Mientras tanto, seguimos sin nuevas cortes.