Guatemala es un país con un potencial económico y una resiliencia impresionantes. A pesar de muchas dificultades y vicios sistémicos, el país se sobrepone a una crisis tras otra. Sin embargo, debemos cambiar un sinnúmero de aspectos para que como país aprovechemos nuestro potencial al máximo. Entre los pilares fundamentales sobre los que debemos construir el país que queremos se encuentra la seguridad y certeza jurídica.
¿Qué se entiende por seguridad y certeza jurídica? El Diccionario de la lengua española en términos bastante sencillos y fáciles de comprender define la seguridad jurídica como: “cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente la previsibilidad de su aplicación”.
Si dividimos la definición del diccionario podemos identificar dos elementos importantes: primero la seguridad jurídica implica certeza de las normas, es decir, la posibilidad de que las personas sepamos con claridad qué norma aplica a determinada situación. Segundo, previsibilidad en la aplicación de dichas normas. De poco o de nada sirve saber qué norma resulta aplicable a determinada situación, si no podemos prever qué aplicación o qué interpretación se le dará a esta.
La Corte de Constitucionalidad ha dicho sobre la seguridad y certeza jurídica que con dicho principio: “(…) se pretende evitar el capricho, la discrecionalidad o la arbitrariedad de la autoridad, en tanto que al incurrirse en éstas, se pueda causar perjuicio a quien va dirigida la norma.” (Sentencias dictadas dentro de expedientes 2729-2011 y 2951-2017)
Actualmente, el actuar de nuestros gobernantes es muy poco previsible. Los tres poderes del estado cambian de un día para otro las reglas del juego. En el ejecutivo, trámites, licencias y autorizaciones que son necesarias para el desarrollo de nuestras actividades, se ven obstaculizados por requisitos discrecionales o “criterios de ventanilla”. En el legislativo, actúan fuera de sus propias normas y emiten leyes que en la práctica resultan imposibles de aplicar y solo generan incertidumbre. En el judicial, la aplicación de procedimientos e interpretación de las leyes cambia de un día para otro. Peor aún, la Corte de Constitucionalidad que debería ser garante de la seguridad y certeza jurídica, por tratarse de garantías constitucionales, constantemente genera incertidumbre con sus resoluciones.
Las reglas claras son importantes en cualquier ámbito. Tener claros los requisitos que se deben cumplir para iniciar determinada actividad y saber las consecuencias que un acto tiene es fundamental. Si queremos atraer inversión, tanto local como extranjera, gran parte de nuestros esfuerzos como país deberían enfocarse en dar seguridad y certeza a los potenciales inversionistas.
Guatemala es un país con un potencial económico y una resiliencia impresionantes. A pesar de muchas dificultades y vicios sistémicos, el país se sobrepone a una crisis tras otra. Sin embargo, debemos cambiar un sinnúmero de aspectos para que como país aprovechemos nuestro potencial al máximo. Entre los pilares fundamentales sobre los que debemos construir el país que queremos se encuentra la seguridad y certeza jurídica.
¿Qué se entiende por seguridad y certeza jurídica? El Diccionario de la lengua española en términos bastante sencillos y fáciles de comprender define la seguridad jurídica como: “cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente la previsibilidad de su aplicación”.
Si dividimos la definición del diccionario podemos identificar dos elementos importantes: primero la seguridad jurídica implica certeza de las normas, es decir, la posibilidad de que las personas sepamos con claridad qué norma aplica a determinada situación. Segundo, previsibilidad en la aplicación de dichas normas. De poco o de nada sirve saber qué norma resulta aplicable a determinada situación, si no podemos prever qué aplicación o qué interpretación se le dará a esta.
La Corte de Constitucionalidad ha dicho sobre la seguridad y certeza jurídica que con dicho principio: “(…) se pretende evitar el capricho, la discrecionalidad o la arbitrariedad de la autoridad, en tanto que al incurrirse en éstas, se pueda causar perjuicio a quien va dirigida la norma.” (Sentencias dictadas dentro de expedientes 2729-2011 y 2951-2017)
Actualmente, el actuar de nuestros gobernantes es muy poco previsible. Los tres poderes del estado cambian de un día para otro las reglas del juego. En el ejecutivo, trámites, licencias y autorizaciones que son necesarias para el desarrollo de nuestras actividades, se ven obstaculizados por requisitos discrecionales o “criterios de ventanilla”. En el legislativo, actúan fuera de sus propias normas y emiten leyes que en la práctica resultan imposibles de aplicar y solo generan incertidumbre. En el judicial, la aplicación de procedimientos e interpretación de las leyes cambia de un día para otro. Peor aún, la Corte de Constitucionalidad que debería ser garante de la seguridad y certeza jurídica, por tratarse de garantías constitucionales, constantemente genera incertidumbre con sus resoluciones.
Las reglas claras son importantes en cualquier ámbito. Tener claros los requisitos que se deben cumplir para iniciar determinada actividad y saber las consecuencias que un acto tiene es fundamental. Si queremos atraer inversión, tanto local como extranjera, gran parte de nuestros esfuerzos como país deberían enfocarse en dar seguridad y certeza a los potenciales inversionistas.