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Democracia y Estado de Derecho: ¿Una asociación que funciona?

Melanie Müllers
17 de noviembre, 2021

Aquí está todo mundo con las manos en la cabeza porque lo que pasó en Nicaragua con Daniel Ortega, con su reelección ¿Basado en qué?

El fraude electoral, es literalmente una elección que se lleva a cabo puramente por espectáculo; es decir, sin ninguna elección política significativa ni impacto real en los resultados de las elecciones.

El fraude electoral es común en los regímenes dictatoriales que sienten la necesidad de fingir la apariencia de legitimidad pública. Los resultados publicados generalmente muestran casi el 100% de participación electoral y un alto apoyo (generalmente al menos el 80%, y cerca del 100% en muchos casos) para los candidatos prescritos o para la elección del referéndum que favorece al partido político en el poder.   A veces, solo un candidato aprobado por el gobierno puede presentarse a elecciones simuladas sin que se permitan candidatos de la oposición, o los candidatos de la oposición son arrestados con cargos falsos (o incluso sin cargos) antes de las elecciones para evitar que se presenten, como lo pudimos ver en Nicaragua.  Todos los que no se pronuncien a favor de el candidato “designado” son perseguidos como enemigos del pueblo.

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En muchos países con falta de certeza jurídica, la razón más común por la que las elecciones no cumplen con los estándares internacionales de ser “libres y justas” es precisamente por eso. Los dictadores pueden utilizar los poderes del ejecutivo (policía, ley marcial, censura, etc.) para permanecer en el poder a pesar de la opinión popular a favor de la destitución.

Los términos de Democracia y  Estado de Derecho, se mencionan a menudo en conjunto, como si hubiera poca diferencia entre ellos. Pero últimamente la historia nos ha demostrado que no es así. Los gobiernos elegidos democráticamente pueden querer actuar de manera que obtengan el apoyo de sus votantes, pero se encuentran bloqueados por tribunales u otras instituciones independientes que actúan como “guardianes” del Estado de Derecho. 

El Estado de Derecho debe garantizar que el Gobierno administre las leyes con precisión e imparcialidad y también debe evitar que la mayoría, o sus representantes electos, impongan leyes que violen la “justicia natural” expresión con la que Aristóteles se refería al sistema de leyes, normas y reglas que de manera ideal deberían guiar nuestras vidas.

A menos que el ejecutivo y el legislativo respeten la independencia de los tribunales y cumplan con sus fallos, la democracia está en riesgo: el gobierno puede amordazar las voces críticas en los medios de comunicación con leyes represivas contra la difamación, las organizaciones de la sociedad civil y los denunciantes no pueden hacer que el Gobierno rinda cuentas cuando se descubren la corrupción, los votantes no pueden tener certeza si las elecciones están manipuladas y las personas no pueden hacer valer sus derechos frente a leyes discriminatorias o persecución judicial y/o política.

El World Justice Project (WJP) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el estado de derecho en todo el mundo. Esta organización creó un Índice del Estado de Derecho que mide ocho factores: 1) límites al poder gubernamental, 1) ausencia de corrupción, 3) apertura, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento regulatorio, 7) justicia civil y 8) justicia penal. Este índice es la principal fuente de datos originales sobre el Estado de Derecho en el mundo.  Lamentablemente, Guatemala se ubica en la posición número 109 de 139 países evaluados….. 

Entonces todo regresa a mi pregunta inicial, acá señalamos al Daniel Ortega con su reelección ¿Basado en qué? El escenario de certeza jurídica que actualmente tenemos, tampoco nos presagia un mejor escenario en el futuro.

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