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El “Decretazo” Eléctrico. No Soluciona Nada y Estropea Casi Todo

Daniel Lacalle
23 de noviembre, 2021

Los retos de la descarbonización y la modernización del sistema energético español son importantes. Como no se solucionan es atacando la seguridad jurídica, penalizando a las energías limpias e imponiendo la aleatoriedad política.

El Real Decreto-Ley 17/2021, conocido como “el decretazo eléctrico” reúne todas las características de una ley hecha a toda prisa, con motivación ideológica y no técnica y sin valorar el riesgo actual y futuro que conlleva. Lo peor de este Real Decreto-ley es que no soluciona nada y estropea casi todo. No solo no ha bajado el precio de la electricidad, que ha alcanzado máximos históricos en octubre, sino que estropea aquello que cree defender.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA Renovables, alertaba de que “cientos de plantas en España se verán abocadas a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el período de vigencia de la norma”. España, en octubre, se ha enfrentado a la primera subasta de su historia en la que la energía fotovoltaica no cubrió la capacidad ofertada, y a la que no han acudido 23 agentes del mercado.

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Aunque el Gobierno ha dado una relativa marcha atrás con la aprobación del Real Decreto-ley 23/2021, se puede decir que con este uso indiscriminado de los Reales Decretos-ley se ha generado incertidumbre e inseguridad y en cierto modo, cuestiona la transición energética- . Pone en peligro los más de 100.000 millones de euros necesarios para invertir en descarbonización al penalizar a las energías limpias, introducir la aleatoriedad política y destruir la seguridad jurídica en un sector que precisa de un marco regulatorio estable y predecible.

Las medidas anunciadas han generado inseguridad jurídica y anuncios de cierres y quiebras inminentes en hasta el 21% de las renovables.

El Real Decreto-ley omite el hecho de que dos tercios de los hogares españoles contratan electricidad con precios fijos. El problema mediático y político se genera porque España es el único país de Europa que tiene una tarifa regulada (PVPC) donde el término de energía está ligado al mercado diario, cuando nuestros socios europeos, como Portugal, fijan el término de energía al mercado de futuros, evitando volatilidad innecesaria. En lugar de legislar específicamente sobre la tarifa regulada PVPC, cambiando su indexación al mercado diario por una al mercado a plazo, o simplemente eliminando esa tarifa regulada, el gobierno toma medidas que convierten la subida coyuntural de precios en un problema estructural para todos los consumidores de electricidad.

El precio mayorista de España no es el mayor de Europa. Tanto el mercado diario como especialmente el de futuros muestra que el precio en España es mejor que en Italia -donde tienen eléctrica y gasista públicas-, Franca, Alemania, Reino Unido, e igual a Portugal.

Se critica el mercado marginalista olvidando que, gracias a ese sistema, igual en toda la UE, se han conseguido precios asequibles y muy competitivos durante años, incluso precios negativos en épocas de alta producción renovable. No olvidemos que el mercado marginalista no es “pagar sardinas a precio de percebe” como dice Podemos, sino pagar por tener sardinas abundantes siempre y a todas horas las pesque quien las pesque, usando el mismo símil del partido morado.

Adicionalmente, el Real Decreto-ley penaliza a los productores que no emiten dióxido de carbono (CO2), y, en especial, a las energías renovables, haciendo que el que contamine, pague, y el que no contamina, pague más. ¿Por qué? Porque dinamita la misma esencia del mercado mayorista, por el cual el coste del CO2 funciona como un desincentivo a las energías contaminantes y premia al que no contamina. Ahora es al revés. Penaliza a las renovables y energías no contaminantes mientras el carbón y el gas se benefician por la subida de precio, aumentando márgenes.

Este Real Decreto-ley, además, no soluciona ni la volatilidad ni subida de precios que está sufriendo el mercado regulado, puesto que sólo prevén que la tarifa regulada PVPC se indexe en un 10% al precio de las subastas a plazo, y no es inmediato, sino sujeto “a desarrollo reglamentario”. Una apuesta peligrosa.

Este Real Decreto-ley ataca directamente a las directrices europeas, cambiando el diseño de mercado común a todos los países de la eurozona y la Unión Europea, introduciendo provisiones aleatorias y dirigidas políticamente, socavando el sistema de incentivos a la descarbonización y discriminando tecnologías y empresas por una visión ideológica del sector.

Esta medida intervencionista y perjudicial es, además, contraria a lo que están haciendo nuestros socios. Alemania, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Austria, Estonia, Letonia y Luxemburgo emitieron un comunicado conjunto el pasado 25 de octubre explicando que “se debe tener cuidado antes de interferir con el diseño de los mercados internos de energía” y que ese colectivo de países no puede apoyar “ninguna medida que entre en conflicto con los mercados internos de gas y electricidad, como una reforma del mercado eléctrico”.

Otros países como Portugal, Francia o Italia están optando por medidas transitorias como reducir los impuestos a la energía, recurrir a recursos de los presupuestos estatales para aliviar la situación de los consumidores más vulnerables, adaptar las tarifas reguladas o incentivar un mayor uso de los mercados a plazo.

El gobierno podría haber tomado medidas similares para reducir la tarifa eléctrica de verdad y sin destruir la seguridad jurídica: Sacar de la tarifa y llevar a presupuestos los costes no ligados con el consumo, usar los ingresos recaudados por derechos de emisión de CO2 para mitigar el alza de la tarifa, como recomendó la Comisión Europea, fijar todo el término energético de la tarifa regulada al mercado de futuros con una fórmula como la de Portugal, bajar el IVA a todos los consumidores y no solo a algunos como ahora, y suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y el impuesto extraordinario a la nuclear e hidráulica. Estas soluciones habrían bajado el precio de la electricidad a los consumidores más de un 23%, sin destruir la seguridad jurídica y a los renovables independientes. Es por ello por lo que debe derogar este Real Decreto dañino y contraproducente y volver a un dialogo serio en el que las soluciones para abaratar la electricidad no comprometan la inversión y la seguridad de suministro.

El sector eléctrico tiene un papel fundamental en la consecución de los objetivos de descarbonización europeos, y estos sólo se conseguirán si la UE consigue atraer la inversión privada necesaria. Legislaciones contraproducentes como éste Real Decreto solo retrasan la transición energética y encima han hecho que se vuelva a importar carbón.

Por ello es fundamental que el sector energético reciba señales claras de precio en un marco regulatorio estable donde no se distorsione el mercado. En este sentido, el cuadro de herramientas que ha presentado la Comisión para abordar la actual situación de precios es positivo, ya que guía a los Estados Miembro sobre lo que pueden y no pueden hacer.

El mejor instrumento para garantizar precios de energía asequibles, garantizar el suministro de energía y avanzar en la transición energética competitiva es un mercado energético europeo realmente integrado y en el que se eviten los prejuicios ideológicos y el intervencionismo y se promueva la competencia, la tecnología y la inversión.

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