Los diputados aprobaron un presupuesto general del Estado durante el año 2022, equivalente a 106,230 millones de quetzales. Con tal presupuesto, seremos obligados a pagar impuestos que equivalen por lo menos a 74,000 millones de quetzales; y a pagar una nueva deuda pública que equivale por lo menos a 17,000 millones.
El “funcionamiento” del Estado nos costará 70,000 millones de quetzales. Es costo, por ejemplo, de sueldos, salarios o remuneraciones; vehículos, combustibles, servicios telefónicos y alimentos. Es costo de celebraciones oficiales, fiestas y orgías. Es costo de contratación de amigos, familiares, socios políticos y amantes. Es costo de pactos sindicalistas, soborno de diputados, turismo internacional y hospedaje en los más caros hoteles.
Invertiremos 18,000 millones, es decir, por ejemplo, destinaremos esa cantidad de dinero para construir y mantener carreteras y puentes, y reparar ruinosos edificios escolares; y quizá también para construir o reconstruir casas de funcionarios públicos. Y pagaremos 15,000 millones de deuda pública.
La Presidencia de la República nos costará 204 millones de quetzales. El Señor Presidente, entonces, podrá gastar diariamente 560,000 quetzales, o 23,000 quetzales por hora. Se incluyen, en esa asignación, 23 millones para servicios de seguridad “perimetral” del Señor Presidente y del Señor Vicepresidente. Es decir, pagaremos 63,000 quetzales diariamente para proteger la vida de ambos ciudadanos.
El Organismo Legislativo, constituido por el Congreso de la República, compuesto por diputados, nos costará 845 millones de quetzales; lo cual equivale a una cantidad promedio de por lo menos 5 millones de quetzales por diputado. La Procuraduría de los Derechos Humanos nos costará 120 millones. El Parlamento Centroamericano nos costará 13 millones, y la Corte Centroamericana de Justicia, 2.4 millones.
He aquí el costo de algunas instituciones seleccionadas de manera aleatoria: la Procuraduría General de la Nación nos costará 150 millones de quetzales; el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, 47 millones; las prisiones, 600 millones; la Corporación Financiera Nacional, 5 millones; la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, 34 millones; la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, 35 millones; la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, 299 millones; Academia de las Lenguas Mayas, 32 millones; Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 12 millones; Comité Olímpico Guatemalteco, 112 millones; Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, 448 millones… Me detengo. El reparto del dinero extraído de nuestro patrimonio privado mediante impuestos, y del obtenido de la deuda pública a la que hemos sido arrojados, es asombroso. El presupuesto es realmente una bacanal financiera.
Algunos presuntos expertos en presupuesto del Estado, en impuestos y en deuda pública, podrían afirmar que, con respecto al denominado “producto interno bruto”, el presupuesto del Estado de Guatemala durante el año 2022 es “admisible”; que la deuda pública es “tolerable”; y que los impuestos son “generosos”. Discrepo. No con respecto a esa ficción estadística llamada “producto interno bruto”, sino con respeto a la real pobreza de la mayoría de guatemaltecos, ese presupuesto es inadmisible. Esa deuda pública es intolerable. Esos impuestos son asaltos al patrimonio privado.
El presupuesto general del Estado durante el año 2022 incrementará de manera extraordinaria las ya fecundas oportunidades de corrupción de quienes ejercen funciones públicas. Calculemos una hipotética cifra modestísima, pero excesivamente modestísima, de corrupción: 5% del presupuesto general del Estado o 5,300 millones. Guatemala podría tener, entonces, por ejemplo, en el final del próximo año, 500 nuevos millonarios, cada uno de los cuales, poseería, en promedio, 11 millones de quetzales.
Post scriptum. El presupuesto del Estado durante el año 2022 es una maldición que se agrega a la maldición de la embestida del coronavirus que sufren los guatemaltecos. Mal aventurados sean los diputados que aprobaron esa maldición presupuestaria. No es un presupuesto para el progreso de nuestro país. Es un presupuesto para impedir el progreso, y hasta es presupuesto para promover el regreso.
Los diputados aprobaron un presupuesto general del Estado durante el año 2022, equivalente a 106,230 millones de quetzales. Con tal presupuesto, seremos obligados a pagar impuestos que equivalen por lo menos a 74,000 millones de quetzales; y a pagar una nueva deuda pública que equivale por lo menos a 17,000 millones.
El “funcionamiento” del Estado nos costará 70,000 millones de quetzales. Es costo, por ejemplo, de sueldos, salarios o remuneraciones; vehículos, combustibles, servicios telefónicos y alimentos. Es costo de celebraciones oficiales, fiestas y orgías. Es costo de contratación de amigos, familiares, socios políticos y amantes. Es costo de pactos sindicalistas, soborno de diputados, turismo internacional y hospedaje en los más caros hoteles.
Invertiremos 18,000 millones, es decir, por ejemplo, destinaremos esa cantidad de dinero para construir y mantener carreteras y puentes, y reparar ruinosos edificios escolares; y quizá también para construir o reconstruir casas de funcionarios públicos. Y pagaremos 15,000 millones de deuda pública.
La Presidencia de la República nos costará 204 millones de quetzales. El Señor Presidente, entonces, podrá gastar diariamente 560,000 quetzales, o 23,000 quetzales por hora. Se incluyen, en esa asignación, 23 millones para servicios de seguridad “perimetral” del Señor Presidente y del Señor Vicepresidente. Es decir, pagaremos 63,000 quetzales diariamente para proteger la vida de ambos ciudadanos.
El Organismo Legislativo, constituido por el Congreso de la República, compuesto por diputados, nos costará 845 millones de quetzales; lo cual equivale a una cantidad promedio de por lo menos 5 millones de quetzales por diputado. La Procuraduría de los Derechos Humanos nos costará 120 millones. El Parlamento Centroamericano nos costará 13 millones, y la Corte Centroamericana de Justicia, 2.4 millones.
He aquí el costo de algunas instituciones seleccionadas de manera aleatoria: la Procuraduría General de la Nación nos costará 150 millones de quetzales; el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, 47 millones; las prisiones, 600 millones; la Corporación Financiera Nacional, 5 millones; la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, 34 millones; la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, 35 millones; la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, 299 millones; Academia de las Lenguas Mayas, 32 millones; Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 12 millones; Comité Olímpico Guatemalteco, 112 millones; Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, 448 millones… Me detengo. El reparto del dinero extraído de nuestro patrimonio privado mediante impuestos, y del obtenido de la deuda pública a la que hemos sido arrojados, es asombroso. El presupuesto es realmente una bacanal financiera.
Algunos presuntos expertos en presupuesto del Estado, en impuestos y en deuda pública, podrían afirmar que, con respecto al denominado “producto interno bruto”, el presupuesto del Estado de Guatemala durante el año 2022 es “admisible”; que la deuda pública es “tolerable”; y que los impuestos son “generosos”. Discrepo. No con respecto a esa ficción estadística llamada “producto interno bruto”, sino con respeto a la real pobreza de la mayoría de guatemaltecos, ese presupuesto es inadmisible. Esa deuda pública es intolerable. Esos impuestos son asaltos al patrimonio privado.
El presupuesto general del Estado durante el año 2022 incrementará de manera extraordinaria las ya fecundas oportunidades de corrupción de quienes ejercen funciones públicas. Calculemos una hipotética cifra modestísima, pero excesivamente modestísima, de corrupción: 5% del presupuesto general del Estado o 5,300 millones. Guatemala podría tener, entonces, por ejemplo, en el final del próximo año, 500 nuevos millonarios, cada uno de los cuales, poseería, en promedio, 11 millones de quetzales.
Post scriptum. El presupuesto del Estado durante el año 2022 es una maldición que se agrega a la maldición de la embestida del coronavirus que sufren los guatemaltecos. Mal aventurados sean los diputados que aprobaron esa maldición presupuestaria. No es un presupuesto para el progreso de nuestro país. Es un presupuesto para impedir el progreso, y hasta es presupuesto para promover el regreso.