Tras mucha polémica y abundantes maniobras políticas, finalmente conocemos a los 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes, que integrarán la próxima Corte de Constitucionalidad. La polémica no ha acabado y las maniobras político-legales siguen a la orden del día, pero al menos parece que la Corte de Constitucionalidad será integrada en tiempo, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones que debieron haber sido integradas hace un año.
En los últimos años, la Corte de Constitucionalidad ha tomado gran relevancia y un protagonismo en el quehacer político guatemalteco, sin precedentes. En la práctica legal, se ha caído en el vicio de utilizar a la Corte de Constitucionalidad como una instancia más dentro de los procesos legales a la que hay que acudir, sí o sí dentro de un litigio para tener por “agotadas todas las instancias”. Esta mala práctica parece haberse extrapolado en el último tiempo al ámbito político: no se toma ninguna decisión política relevante si que alguien recurra a la Corte de Constitucionalidad y esta emita un pronunciamiento como el superpoder que tiene la última palabra.
En este contexto, no es ninguna sorpresa que la integración de la Corte de Constitucionalidad cause tanto revuelo o que las magistraturas sean tan codiciadas por algunos grupos. Mucho se ha dicho de los designados. Lastimosamente, muchas de las opiniones que se escuchan hacen parecer que se trata más de un concurso de popularidad o afinidad política, que un verdadero proceso de selección basado en los méritos y las capacidades profesionales que se deberían requerir para integrar el tribunal constitucional de un país.
La Corte saliente ha causado muchos revuelos y ha emitido una serie de resoluciones que restan certeza jurídica al país. La Corte entrante, cuya integración ya conocemos, tendrá la importante tarea de reencausar la jurisdicción constitucional, para que se enfoque en su función esencial: la defensa del orden constitucional. Es cierto que la defensa del orden constitucional implica en gran medida poner limites a los poderes del estado para evitar atropellos y arbitrariedades por parte de las autoridades; sin embargo, no debe extenderse al punto que la Corte asuma funciones o tome decisiones que corresponden a uno de los tres poderes del estado.
La seguridad y certeza jurídica son esenciales para el desarrollo de Guatemala. La percepción de estado de derecho en Guatemala es muy baja, lo que nos hace menos competitivos y atractivos como destino de inversión, tanto para capitales locales como extranjeros. La Corte entrante debe mantener criterios estables que no se vean influenciados por presiones políticas o clamores populares, sino que realmente sean contestes con el espíritu de la Constitución. Los magistrados que están por asumir funciones debería centrar sus esfuerzos en trabajar en que por medio de sus resoluciones se fortalezca el estado de derecho y se brinde seguridad y certeza jurídica al país.
Tras mucha polémica y abundantes maniobras políticas, finalmente conocemos a los 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes, que integrarán la próxima Corte de Constitucionalidad. La polémica no ha acabado y las maniobras político-legales siguen a la orden del día, pero al menos parece que la Corte de Constitucionalidad será integrada en tiempo, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones que debieron haber sido integradas hace un año.
En los últimos años, la Corte de Constitucionalidad ha tomado gran relevancia y un protagonismo en el quehacer político guatemalteco, sin precedentes. En la práctica legal, se ha caído en el vicio de utilizar a la Corte de Constitucionalidad como una instancia más dentro de los procesos legales a la que hay que acudir, sí o sí dentro de un litigio para tener por “agotadas todas las instancias”. Esta mala práctica parece haberse extrapolado en el último tiempo al ámbito político: no se toma ninguna decisión política relevante si que alguien recurra a la Corte de Constitucionalidad y esta emita un pronunciamiento como el superpoder que tiene la última palabra.
En este contexto, no es ninguna sorpresa que la integración de la Corte de Constitucionalidad cause tanto revuelo o que las magistraturas sean tan codiciadas por algunos grupos. Mucho se ha dicho de los designados. Lastimosamente, muchas de las opiniones que se escuchan hacen parecer que se trata más de un concurso de popularidad o afinidad política, que un verdadero proceso de selección basado en los méritos y las capacidades profesionales que se deberían requerir para integrar el tribunal constitucional de un país.
La Corte saliente ha causado muchos revuelos y ha emitido una serie de resoluciones que restan certeza jurídica al país. La Corte entrante, cuya integración ya conocemos, tendrá la importante tarea de reencausar la jurisdicción constitucional, para que se enfoque en su función esencial: la defensa del orden constitucional. Es cierto que la defensa del orden constitucional implica en gran medida poner limites a los poderes del estado para evitar atropellos y arbitrariedades por parte de las autoridades; sin embargo, no debe extenderse al punto que la Corte asuma funciones o tome decisiones que corresponden a uno de los tres poderes del estado.
La seguridad y certeza jurídica son esenciales para el desarrollo de Guatemala. La percepción de estado de derecho en Guatemala es muy baja, lo que nos hace menos competitivos y atractivos como destino de inversión, tanto para capitales locales como extranjeros. La Corte entrante debe mantener criterios estables que no se vean influenciados por presiones políticas o clamores populares, sino que realmente sean contestes con el espíritu de la Constitución. Los magistrados que están por asumir funciones debería centrar sus esfuerzos en trabajar en que por medio de sus resoluciones se fortalezca el estado de derecho y se brinde seguridad y certeza jurídica al país.