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El ejemplo de Estados Unidos en materia de justicia imparcial.

Nicholas Virzi
12 de marzo, 2021

“Si Estados Unidos pretende influir en los procesos de justicia de otros países, haría bien liderando con el ejemplo de un sistema de justicia imparcial, donde nadie está por encima de la ley y la rendición de cuentas.”

Estados Unidos llegó a ser el país con la economía más ágil, fuerte y sólida y la sociedad más diversa, funcional y con más movilidad social gracias en gran parte a su sistema de justicia. La certeza jurídica que le brindó a ese país un impresionante clima de negocios, y con el tiempo, igualdad ante la ley para grupos marginados y excluidos, permitió que el país prosperara a tal punto que llegó a ser la superpotencia mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, y su imposición de la paz en Europa, Estados Unidos se convirtió en el más grande ejemplo histórico de las bondades de la vida bajo la libertad.  

Eso se viene perdiendo.  

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En los últimos años, el sistema de justicia en Estados Unidos se viene politizando de manera alarmante. Durante la administración Obama, se nombró como fiscal general a Eric Holder (2009-2015), quien rápidamente se proclamó el “co-piloto” de Obama y se dedicó a proteger a su administración y sus afines de cualquier investigación por distintos abusos de poder y posibles crímenes. 

Holder comenzó temprano. Por interferencia e intimidación electoral en las elecciones de 2008, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había comenzado un juicio en contra del grupo extremista Las Panteras Negras, que ni se presentaron a la corte para defenderse, lo cual aseguraba la victoria del gobierno en el caso. Al no más asumir el cargo, Holder botó el caso. En otro caso, conocido como “Rápido y Furioso”, el FBI traficó armas a carteles mexicanos, armas que pararon en manos de criminales mexicanos quienes trabajaban para el FBI. Estos criminales usaron las armas proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos para matar a un agente fronterizo, Brian Terry. Cuando el Congreso investigó el caso, el fiscal Holder se negó a entregarle la información solicitada, como manda la ley. Holder fue declarado en desprecio del Congreso.

Asimismo, en 2009, Barack Obama despidió ilegalmente a Gerald Walpin, el inspector general de la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario. Walpin había investigado al donante de Obama, Kevin Johnson por malgastar dinero de la subvención federal para AmeriCorps. Lo canalizó a su organización, para pagar por actividad política y comprar el silencio de niñas menores de edad de las que había abusado sexualmente. Walpin recomendó cargos contra Johnson y Obama lo despidió, en violación de la ley federal.

También, en 2012 agentes de Inmigración y Control de Aduanas iban a arrestar a un inmigrante ilegal y Delincuente sexual registrado, pero se detuvo su aprehensión hasta después de las elecciones. ¿Por qué? El sospechoso era asistente del Senador Demócrata, Bob Menéndez, quien se veía vulnerable en las elecciones de ese año. Menéndez también se ha visto involucrado en escándalos sexuales, incluso con menores de edad, pero esas investigaciones tampoco prosperaron en el Departamento de Justicia.  

La administración Obama terminó su mandato con broche de oro en materia de justicia politizada. Durante las elecciones presidenciales de 2016, el gobierno de Estados Unidos, desde su Departamento de Justicia, junto con la comunidad de inteligencia, montaron una operación ilegal para intervenir en las elecciones en contra de la campaña opositora de Donald Trump. Agentes del gobierno falsificaron evidencia, perpetraron fraude ante la corte en más de una ocasión, y nadie ha ido a la cárcel por esos delitos graves. El nombramiento del Fiscal Especial Robert Mueller y la investigación sobre la presunta colusión entre la campaña opositora de Donald Trump y el gobierno ruso fue basada en mentiras hechas con motivación política.  A la fecha, se protegen a los principales involucrados, de los altos mandos de la justicia e inteligencia de Estados Unidos, de las consecuencias de sus delitos, que incluyen presentar testimonios falsos ante las cortes y el Congreso de ese país.  

En Guatemala, durante el gobierno de Jimmy Morales, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo mucho énfasis que se necesitaba una fiscalía independiente para investigar al hijo y al hermano del presidente. Resulta que lo mismo pasa ahorita en Estados Unidos. El FBI tiene una investigación criminal abierta en contra del hijo (Hunter) y el hermano (James) del Presidente Joe Biden, por tráfico de influencias, evasión de impuestos; en otras palabras, corrupción. ¿Cómo ha respondido el Presidente Biden a este acontecimiento? Pues, en lugar de nombrar a un fiscal independiente para evitar apariencias de trato preferencial ante la ley, la administración Biden ha nombrado como abogado adjunto principal encargado de investigación criminal a Nicholas McQuaid, ex socio de la firma del abogado defensor del hijo del Presidente. Parece que la importancia de la independencia judicial depende de quien ostenta el poder político en el momento, lo cual es un peligro grave para la legitimidad del sistema de justicia y la certeza jurídica.

Todo esto tiene consecuencias para la política exterior de Estados Unidos. Si Estados Unidos pretende influir en los procesos de justicia de otros países, haría bien liderando con el ejemplo de un sistema de justicia imparcial, donde nadie está por encima de la ley y la rendición de cuentas. Sin eso, no tendría credibilidad y cualquier esfuerzo de su política exterior en el ámbito de justicia y el combate a la corrupción se verá como un simple juego de poder político. 

La administración desigual de la justicia en Estados Unidos ha degradado la legitimidad no solo de su sistema de justicia, si no de su sistema político en general, ante una gran parte de su población. Eso es un ejemplo que no se debería de replicar, en ninguna parte del mundo.