Cuando se trata del salario mínimo obligatorio, los políticos tropiezan unos con otros en un clásico caso de buenas intenciones y malas políticas. El presidente Obama ha llamado a elevar el salario mínimo a $10.10 la hora. Mrs. Clinton apoya un salario mínimo de $12.00, y Mr. Sanders apoya el reclamo de los sindicatos de elevarlo a $15.00 la hora.
Mi artículo sobre este tema hace tres años todavía mantiene mi record de e-mails insultantes recibidos, pero intentaré de nuevo.
Muchos creen que las leyes de salario mínimo son necesarias para que trabajadores con poca calificación, especialmente principiantes, adolescentes y minorías, se ganen la vida sin ser explotados por avaros capitalistas. Pero, ¿logran las leyes de salario mínimo los resultados deseados? La cruel ironía es que las leyes de salario mínimo hacen el mayor daño a los segmentos de nuestra sociedad que tratamos de ayudar: pobres poco calificados y juventud inexperta.
Todos entendemos intuitivamente el principio económico fundamental de que cuando se incrementa el precio de algo la cantidad demandada de ese bien o servicio decrecerá. El salario es el precio del trabajo. Si el costo del trabajo se incrementa por orden gubernamental, la demanda de empleos disminuirá. Dicho simplemente: si las demás cosas se mantienen constantes, el número de empleos ofrecidos mermará cuando el salario mínimo se aumente artificialmente.
El argumento contra un decreto de salario mínimo es transparente y directo: incrementar el costo de la creación de empleos disminuirá la creación de empleos.
Peor aun, la disminución de empleos será permanente cuando los empresarios pasen a tecnologías de producción que ahorren fuerza laboral o a producir en el extranjero. Es cierto que quienes mantengan sus trabajos ganarán más, pero otros perderán sus empleos o no podrán obtener ninguno si no se crean nuevos. Muchos que viven en la pobreza están desempleados y por consiguiente no se beneficiarán de un incremento del salario mínimo. De hecho, sus perspectivas de obtener trabajo disminuirán.
Seamos claros: establecer un salario mínimo superior al que determina el mercado no resultará en mayor ingreso para todos los trabajadores, sino solamente para quienes mantengan sus empleos. Y esos mayores ingresos serán a expensas de los que quedarán o permanecerán desempleados. Aunque ya sabemos esto, las leyes de salarios mínimos siguen siendo populares entre funcionarios electos, consejos editoriales, y votantes que desean expresar su compasión por los trabajadores pobres.
Una razón más cínica es que abogar por un aumento del salario mínimo es una vía para ganar puntos políticos sin tener que responder por aumentos en los gastos del gobierno, porque ese costo lo asumirían los empleadores. Sin embargo, a diferencia del gobierno, los empresarios no pueden imprimir dinero, y los aumentos de costos serán pasados a los consumidores en forma de mayores precios, o asumidos por aquellos que no podrán encontrar empleo porque sus habilidades no alcanzan el nivel de salario melodramáticamente establecido por decreto gubernamental.
Cuando políticas gubernamentales establecen niveles de salarios ajenos al mercado, se atrofian las habilidades, las esperanzas se desvanecen y, trágicamente, el desempleo se convierte en una manera de vivir.
Nuestros persistentes niveles actuales de desempleo entre los desfavorecidos pueden perfectamente ser la envoltura externa de nuestro apoyo irreflexivo a leyes de salario mínimo. Hace sesenta años el nivel de desempleo entre jóvenes de 16-19 años era menor al 8%. Actualmente, tras muchas rondas de incrementos de salario mínimo, el desempleo juvenil está sobre el 24%, y entre jóvenes negros cerca del 40%. ¿Son las leyes de salario mínimo responsables de haber creado este nuevo standard?
El criterio de que el gobierno puede disminuir la pobreza encareciendo la contratación de trabajadores jóvenes o poco calificados es ilógico, y peor aun, deshonesto. Si el gobierno puede disminuir la pobreza estableciendo salarios mínimos entre $10.00 y $15.00 la hora, ¿por qué detenerse ahí? Elevemos el salario mínimo a $90.00 la hora y eliminemos completamente la pobreza. Por supuesto, eso sería insensato, como también lo son las leyes de salario mínimo.
No se obtienen buenos resultados implementando una mala idea. Defender el aumento del salario mínimo equivale a defender un mayor desempleo.
El Dr. José Azel es Investigador Senior en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, y autor del libro Mañana in Cuba.
Cuando se trata del salario mínimo obligatorio, los políticos tropiezan unos con otros en un clásico caso de buenas intenciones y malas políticas. El presidente Obama ha llamado a elevar el salario mínimo a $10.10 la hora. Mrs. Clinton apoya un salario mínimo de $12.00, y Mr. Sanders apoya el reclamo de los sindicatos de elevarlo a $15.00 la hora.
Mi artículo sobre este tema hace tres años todavía mantiene mi record de e-mails insultantes recibidos, pero intentaré de nuevo.
Muchos creen que las leyes de salario mínimo son necesarias para que trabajadores con poca calificación, especialmente principiantes, adolescentes y minorías, se ganen la vida sin ser explotados por avaros capitalistas. Pero, ¿logran las leyes de salario mínimo los resultados deseados? La cruel ironía es que las leyes de salario mínimo hacen el mayor daño a los segmentos de nuestra sociedad que tratamos de ayudar: pobres poco calificados y juventud inexperta.
Todos entendemos intuitivamente el principio económico fundamental de que cuando se incrementa el precio de algo la cantidad demandada de ese bien o servicio decrecerá. El salario es el precio del trabajo. Si el costo del trabajo se incrementa por orden gubernamental, la demanda de empleos disminuirá. Dicho simplemente: si las demás cosas se mantienen constantes, el número de empleos ofrecidos mermará cuando el salario mínimo se aumente artificialmente.
El argumento contra un decreto de salario mínimo es transparente y directo: incrementar el costo de la creación de empleos disminuirá la creación de empleos.
Peor aun, la disminución de empleos será permanente cuando los empresarios pasen a tecnologías de producción que ahorren fuerza laboral o a producir en el extranjero. Es cierto que quienes mantengan sus trabajos ganarán más, pero otros perderán sus empleos o no podrán obtener ninguno si no se crean nuevos. Muchos que viven en la pobreza están desempleados y por consiguiente no se beneficiarán de un incremento del salario mínimo. De hecho, sus perspectivas de obtener trabajo disminuirán.
Seamos claros: establecer un salario mínimo superior al que determina el mercado no resultará en mayor ingreso para todos los trabajadores, sino solamente para quienes mantengan sus empleos. Y esos mayores ingresos serán a expensas de los que quedarán o permanecerán desempleados. Aunque ya sabemos esto, las leyes de salarios mínimos siguen siendo populares entre funcionarios electos, consejos editoriales, y votantes que desean expresar su compasión por los trabajadores pobres.
Una razón más cínica es que abogar por un aumento del salario mínimo es una vía para ganar puntos políticos sin tener que responder por aumentos en los gastos del gobierno, porque ese costo lo asumirían los empleadores. Sin embargo, a diferencia del gobierno, los empresarios no pueden imprimir dinero, y los aumentos de costos serán pasados a los consumidores en forma de mayores precios, o asumidos por aquellos que no podrán encontrar empleo porque sus habilidades no alcanzan el nivel de salario melodramáticamente establecido por decreto gubernamental.
Cuando políticas gubernamentales establecen niveles de salarios ajenos al mercado, se atrofian las habilidades, las esperanzas se desvanecen y, trágicamente, el desempleo se convierte en una manera de vivir.
Nuestros persistentes niveles actuales de desempleo entre los desfavorecidos pueden perfectamente ser la envoltura externa de nuestro apoyo irreflexivo a leyes de salario mínimo. Hace sesenta años el nivel de desempleo entre jóvenes de 16-19 años era menor al 8%. Actualmente, tras muchas rondas de incrementos de salario mínimo, el desempleo juvenil está sobre el 24%, y entre jóvenes negros cerca del 40%. ¿Son las leyes de salario mínimo responsables de haber creado este nuevo standard?
El criterio de que el gobierno puede disminuir la pobreza encareciendo la contratación de trabajadores jóvenes o poco calificados es ilógico, y peor aun, deshonesto. Si el gobierno puede disminuir la pobreza estableciendo salarios mínimos entre $10.00 y $15.00 la hora, ¿por qué detenerse ahí? Elevemos el salario mínimo a $90.00 la hora y eliminemos completamente la pobreza. Por supuesto, eso sería insensato, como también lo son las leyes de salario mínimo.
No se obtienen buenos resultados implementando una mala idea. Defender el aumento del salario mínimo equivale a defender un mayor desempleo.
El Dr. José Azel es Investigador Senior en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, y autor del libro Mañana in Cuba.