El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, formó una comisión bipartidista para estudiar una posible reforma en la Corte Suprema, incluida la ampliación del número de magistrados. Con este objetivo, los demócratas esperan poner fin a la mayoría republicana del tribunal, especialmente después de que el exmandatario Donald Trump nombrara a tres jueces durante su Gobierno.

Sin embargo, los republicanos denuncian que se trata de un intento del jefe de Estado por nombrar jueces a su favor. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell se refiere a la comisión como un “estudio falso-académico de un problema inexistente, es solo un intento de disfrazar esos ataques en curso con una falsa legitimidad”

Tradicionalmente y desde poco después de la Guerra Civil, este tribunal ha estado formado por nueve magistrados. Cualquier esfuerzo por alterarlo sería explosivo, particularmente en un momento en que el Congreso está fuertemente dividido, con un empate en número de legisladores de cada partido en la Cámara Alta y con una escasa mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.  Cambiar el número de jueces o determinar que sus cargos dejen de ser vitalicios requiere de la aprobación del Congreso.  El último intento de ampliar la corte fue un esfuerzo fallido en la década de 1930, bajo el Gobierno del presidente demócrata Franklin Roosevelt. Declarando que los ancianos jueces estaban quedandose atrás con la gran cantidad de casos que les tocaba legislar, Roosevelt propuso que se le permitiera escoger un juez adicional para la corte por cada juez que sobrepasara los 70 años de edad. La corte no estaba atrasada en su trabajo y la real intención de Roosevelt era clara: moldear una corte favorable a su “Nuevo Trato”. La propuesta de renovación de la Corte fue inmediatamente criticada tanto por oponentes Republicanos como por aliados Demócratas.  Una corte de 9 miembros tiene la posibilidad de tener 36 combinaciones de dos jueces que generen fricción y fallos de comunicación entre ellos. Una corte de 13 miembros, como se quiere promover, tendría más del doble de posibilidades de que esto suceda y error en la comunicación entre dos de ellos puede retardar un acuerdo hasta que este sea resuelto.  

Por otro lado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, cuyos magistrados fueron destituidos tras una votación en el Congreso. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó la decisión de la Asamblea Legislativa argumentando que, en la democracia, las mayorías tienen la responsabilidad de garantizar la separación e independencia de los poderes públicos. “Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político y eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”

En el caso de Estados Unidos, la magistratura se ha impuesto como un verdadero poder, al mismo nivel del ejecutivo y el legislativo, y su función principal es ejercer un contrapeso en un cuadro institucional caracterizado por un sistema de pesos y contrapesos, contribuyen a excluir una relación de subordinación entre jueces e instituciones político-representativas. 

Creo que el establecimiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos como tribunal constitucional, con la autoridad de aplicar las disposiciones de la Constitución -incluyendo las garantías de libertad individual— es la contribución más importante y única que Estados Unidos ha dado al arte de gobernar. Me preocupa que no se tengan condenas nacionales e internacionales del más alto nivel por quienes consideran que la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para una posible reforma en la Corte Suprema atenta contra la independencia de poderes de los órganos del Estado y carece de respaldo legal.