La lucha contra la corrupción en Guatemala ha estado mal enfocada desde hace más de una década y esto ha provocado que nos alejemos cada vez más de un futuro libre de corrupción endémica. El enfoque de combate a la corrupción que ha predominado en nuestro país se ha caracterizado por la visión de que persiguiendo y sancionando a los individuos corruptos se podrá limitar la corrupción y generar instituciones fuertes. Esto se ha traducido en la promulgación de normativas para sancionar este fenómeno, el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas de la persecución penal y la creación de organizaciones dedicadas al combate a la corrupción.

Este modelo de combate a la corrupción, que parte de la premisa de que la corrupción ocurre porque no es sancionada efectivamente, está principalmente influenciado por la perspectiva de países desarrollados en los que la corrupción es una desviación de la norma o del comportamiento generalmente aceptado y aplicado en la sociedad. Los países desarrollados suelen tener instituciones fuertes de persecución penal, una normativa moderna y desarrollada que permite identificar cuándo y cómo ocurre la corrupción y, por último, confianza en las instituciones encargadas de la justicia. Es predecible, por lo tanto, que dichos países crean que replicando este tipo de instituciones se podrá combatir la corrupción en países sub desarrollados. 

En países en los que no se ha logrado controlar la corrupción lo suficiente como para que este fenómeno sea la excepción y no la norma, enfocarse solamente en perseguir penalmente la corrupción puede ser insuficiente e incluso contraproducente. Es insuficiente porque mientras el comportamiento general de la sociedad no cambie, la persecución penal solamente estaría “limpiando el tablero” para que nuevos actores se involucren en la corrupción, solo que ahora internalizando los costos nuevos de incurrir en dichos actos. Esto asumiendo que la persecución penal está siendo lo más objetiva posible.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿puede la persecución penal modificar el comportamiento general de la sociedad? Responder esto es más complejo. Por un lado, es posible que sancionar constantemente a los individuos corruptos genere un efecto colateral en los demás ciudadanos, haciendo que cada vez menos de ellos se involucren eventualmente en un acto de este tipo. Por otro lado, si la perspectiva es que la persecución penal está siendo arbitraria o poco transparente y que el desempeño estatal no está mejorando y traduciéndose en más y mejores servicios públicos, puede que el efecto sea contrario.

La evidencia nos muestra que el modelo de persecución penal como detonar de un efecto de control de la corrupción se parece más a la segunda conclusión que a la primera. Los países con instituciones y capital social débiles que emprenden la lucha contra la corrupción persiguiendo penalmente a los individuos carecen de la credibilidad necesaria para que dichos esfuerzos sean apoyados mayoritariamente por la población y sean soportados por las élites lo suficiente para que sean sostenibles a lo largo del tiempo. La autora Mingiu-Pippidi en un análisis de regresión identifica incluso que “la presencia de agencias anticorrupción está asociado con un deterioro del control de la corrupción” y hace énfasis en que las circunstancias nacionales moldean la efectividad de dichas instituciones, concluyendo en que importar este tipo de andamiajes institucionales en sociedades y estados particularistas no es suficiente para progresar.

¿Significa esto que debemos dejar por completo este modelo? Para nada. Creo que es importante que dentro de nuestra sociedad exista el mensaje que la corrupción no será tolerada y aquellos que cometen algún acto de este tipo serán sancionados efectivamente. Sin embargo, con todo el enfoque y apoyo que se le está dando a este fenómeno tanto nacional como internacionalmente, pienso que se podría cambiar la estrategia hacia una más efectiva que permita verdaderamente controlar la corrupción y no solo combatirla.